Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), urgió a México a solucionar de forma integral y duradera el desplazamiento interno forzoso de más de 4 mil personas en Chalchihuitán, Chiapas.
Para la ONU-DH, las personas desplazadas –muchas de ellas de por sí en situación de vulnerabilidad: niños, niñas, personas mayores y mujeres embarazadas– enfrentan condiciones precarias e inhumanas, incluyendo la falta de condiciones adecuadas de salud, la ausencia de un lugar de refugio adecuado y poco o nulo acceso al agua o a la alimentación, además de encontrarse en una situación continua de inseguridad.
Esta situación, que califica de insostenible, se deriva de un conflicto histórico limítrofe entre comunidades de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.
Por ello, el representante de la ONU-DH ha pedido al gobierno mexicano que “ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”.
Para Jan Jarab, “la trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección en los mismos.”
El experto llama a que este proceso esté acompañado por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, cuya mediación sirva para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que este tipo de hechos no se repitan.
“La situación en Chiapas es una muestra de una problemática más amplia. El Estado mexicano debe reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y atenderlo de manera estructural, tomando en consideración los diferentes orígenes y consecuencias que cada caso pueda plantear, dando una respuesta institucional y normativa a la problemática y aceptando así su responsabilidad en este tipo de situaciones, tal y como también lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, indicó el representante de la ONU-DH.
En su comunicado, la organización internacional recuerda que –durante su visita al país el mes pasado– su relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso y al término de su misión llamó al Estado a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados”.
Entonces, la relatora destacó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.
Nancy Flores
