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Muertes maternas y de bebés, negligencia médica, corrupción en el sistema de salud pública y privada vulneran derechos humanos en México, advierten especialistas y el ombudsman nacional

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 “Ésta no sale hasta mañana”, soltó con desparpajo un médico de urgencias al ver el reporte clínico de una mujer en labor de parto cuyos síntomas presagiaban la tragedia que se consumó un día después, cuando le dijeron la causa de la muerte de su bebé: “interrupción de la circulación materno-fetal”.

Pérdida de líquido amniótico, dilatación de seis centímetros, inducción del parto con oxitocina,  negligencia y abandono resultaron fatales para la paciente, quien interpuso una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“De haber recibido a tiempo atención mi bebé estaría con vida”, dijo la víctima. Entre la mañana del 25 de octubre de 2015 y la madrugada del día siguiente, la mujer acudió al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro con 39.4 semanas de gestación.

Fue trasladada e internada en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer del estado. Le dijeron que sería un parto normal a pesar de que ella solicitó cesárea. Pero a las 2 de la madrugada del 26 de octubre se le extrajo el feto.

El caso motivó la recomendación 46/2017 de la CNDH “por violaciones al derecho a la protección de la salud y violencia obstétrica y pérdida del producto de la gestación”, emitida el 29 de septiembre pasado. Por ello, el ISSSTE deberá reparar el daño conforme a la Ley General de Víctimas.

“Estos abusos suceden durante el embarazo, el parto y el puerperio (cuarentena) y no son exclusivas de dependencias públicas, un gran número de quejas ante Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) provienen de clínicas privadas”, advierte Shirley Stephanie Hermann Alejandre en su análisis La salud, un derecho fundamental.

El agravio sicológico o físico va desde la indiferencia, discriminación o maltrato verbal (burlas, humillaciones, indirectas), cesáreas innecesarias, abuso de oxitocina para inducir el parto, uso excesivo de medicamentos o negación de los mismos en caso de urgencia, hasta esterilizaciones forzadas y prácticas que conllevan a la muerte, subraya la catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM).

Agrega que el mayor número de quejas por violencia en clínicas y hospitales se registra en el área gineco-obstetra, lo que evidencia fallas en el sistema de salud pública y privado del país por cuestión de género y se ejecuta de muchas formas. Indica que hay mujeres que incluso desconocen este tipo de agresión y pocas son las que denuncian, es tan común que se ha normalizado e invisibilizado.

En su análisis La salud, un derecho fundamental (octubre 2017), Shirley Stephanie señala que la mayoría de quejas que recibe la CNDH y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) es por agravios de instituciones sanitarias, sobre todo en el rubro de negligencias médicas. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE ocupan en 2016 el primero y tercer lugar, respectivamente.

Las quejas constantes se relacionan con la actuación negligente y con la omisión o la obstaculización de la asistencia médica, de acuerdo con el informe de la CNDH de 2017. “Esto se observa repetidamente cuando se niega el servicio en casos de urgencia, sobre todo de mujeres en labor de parto”, apunta la catedrática del Cesnav.

Las autoridades –dice la especialista en su análisis– han encontrado una justificación,  motivada por la falta de inscripción del individuo a la institución, pese a que, por mandato del Artículo 4 constitucional, el servidor público tiene la obligación de ejercer apegándose al derecho humano, y pese a que la salud es un derecho fundamental contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las quejas ante la Conamed

Los casos de negligencia médica y quejas por abusos, omisiones, accidentes, deficiencias administrativas son agravios recurrentes a la población que acude a clínicas y hospitales de salud públicos y privados del país, de acuerdo con estadísticas de la Conamed.

La Conamed recibe al año más de 10 mil quejas, y de éstas el 25 por ciento corresponde a los servicios privados de salud. Las especialidades más señaladas son odontología, ginecología-obstetricia y ortopedia. Éstas conforman el 80 por ciento de los reportes.

De 2 mil 400 personas que denuncian al año actos de negligencia o mala práctica en consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios, la Conamed atiende en promedio a 400 personas. El 80 por ciento de estos casos es resuelto mediante procesos conciliatorios y el 20 por ciento en la etapa de arbitraje, donde se emiten apenas 50 laudos favorables a pacientes tanto de instituciones públicas como privadas.

Derechohabientes

Aunque la indemnización por daño moral es el concepto más importante de reparación, la Conamed no lo incluye. Únicamente evalúa el daño físico, por lo que también omite los daños sicológico y patrimonial. Anualmente se entregan entre 12 millones y 14 millones de pesos por concepto de indemnización o reembolso a las víctimas de negligencia médica.

Shirley Stephanie señala diversos casos de “negligencia médica extraordinaria” que han impactado a la opinión pública y que evidencian la vulneración a los derechos humanos de miles de enfermos que acuden a clínicas y hospitales públicos y privados del país.

Por ejemplo, la recomendación 14/2016 de la CNDH que expone el caso de un hombre de 56 años de edad, que en 2011 en la clínica del IMSS en Puebla se realizaó una cirugía por hernia inguinal y sin su consentimiento le fue extirpado un testículo. Peor aún, la victima nunca fue notificada.

Fue hasta 2013, tras acudir a una consulta, cuando le confirmaron su condición. La CNDH demostró negligencia médica, trato contrario a la dignidad humana y violación al derecho humano de la salud y recomendó el pago de una compensación, atención médica y sicológica al paciente.

Otro caso inverosímil se suscitó en Coahuila en 2015. Practicantes médicos del IMSS lesionaron el pene de un recién nacido, tras confundirlo con el cordón umbilical. Los padres del menor acudieron a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico local para levantar la queja correspondiente. Por su parte, la clínica informó que “incidentalmente se lesionó la piel del prepucio”, pero “se corrigió al realizar el procedimiento habitual de circuncisión, previo consentimiento de los progenitores”.

El mismo año, en un nosocomio de Ciudad Obregón, Sonora, el oftalmólogo Cisneros Espinosa –con número de cédula profesional 3443957– extirpó a un bebé de 14 meses un ojo sano al confundirlo con el ojo que tenía un tumor congénito maligno, de esta forma lo condenó a una ceguera vitalicia. El médico fue cesado al segundo día de la negligencia.

Muertes maternas y cesáreas

Un caso de negligencia médica y muerte materna, contenido en el expediente CNDH/4/2016/5560/Q, describe violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida en agravio de una paciente. Se registró en el hospital regional del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa, y dio origen a la recomendación 45/2017, emitida el 29 de septiembre de 2017.

La CNDH recibió la queja el 6 de julio de 2016, previamente presentada ante la Comisión de Derechos Humanos local, relativa al caso de una mujer de 28 años de edad con un embarazo de 33 semanas de gestación, luego de que un mes antes, presentó dolor de cabeza, vómito, pies hinchados y adormecimiento y fue trasladada al hospital regional del ISSSTE de Culiacán.

Un familiar de la víctima expresó que la paciente fue atendida por un médico de urgencias, quien le diagnosticó un problema digestivo y le prescribió ketorolaco, y la despachó sin más para su casa. Agregó que a las 07:00 horas del mismo día, regresó al nosocomio ya que los síntomas persistían, ingresó a Ginecología donde se le solicitó comprar Paracetamol líquido que le inyectaron sin valoración ni análisis previo. A las 13:30 horas, al persistir el dolor de cabeza se le aplicó Dipirona, a las 16:00 horas Bonadoxina; posteriormente se le indicó Ondansetron.

Transcurrieron varias horas sin que se emitiera un diagnóstico y los síntomas persistían, mientras los médicos rumoraban que al parecer se trataba de “preeclampsia” o “eclampsia”. En la madrugada del 9 de junio de 2016, la paciente fue trasladada a terapia intensiva, donde un médico dijo que prácticamente “ya iba muerta”.

Luego de permanecer en terapia intensiva durante 3 días y previa práctica de diversos estudios fue diagnosticada con “derrame cerebral”, y murió el  12 de junio, asentándose como causas de muerte: “edema cerebral”, “hemorragia subcracnoidea de arteria intracraneal no especificada Fisher IV Hunt-Hess”.

El familiar de la víctima manifestó que los estudios y tratamiento para su diagnóstico debieron practicarse desde su ingreso al hospital, a fin de “alertar” sobre el padecimiento que presentaba la mujer, cuya recién nacida fue trasladada al área de pediatría donde permaneció hasta el 20 de junio de 2016, cuando fue dada de alta.

La CNDH recomendó reparar el daño al familiar de la occisa y dar atención médica al bebé hasta la mayoría de edad, conforme a la Ley General de Víctimas, por la responsabilidad en que incurrió el hospital regional del ISSSTE en Culiacán, derivada de la vulneración a los derechos humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el 85 por ciento de los embarazos en el mundo son sanos y deben ser llevados a término sin complicaciones y de forma natural. El margen de riesgo en los procesos de embarazo, se estima en un 15 por ciento, se contempla a los embarazos de tipo diabético, con preeclampsia, malformación en el producto o por posiciones distintas a la cefálica del feto en las últimas semanas del proceso.

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Sin embargo, en los hospitales privados de México se practican cesáreas hasta en el 90 por ciento de los casos, pues suelen cobrarse más caros y/o por practicidad de la clínica y del cuerpo médico. Esta cifra disminuye drásticamente en las instituciones públicas, pero sí se registran casos, señala la especialista del IIEAM.

En los últimos 7 años, se han registrado 6 mil 600 muertes maternas y en lo que va del 2017 ya se cuentan 456 casos, principalmente por “hemorragias, hipertensión gestacional y complicaciones en el parto”, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Salud en agosto pasado a petición de un particular, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Compete al sector salud evitar que estos agravios que vulneran la dignidad humana se sigan replicando, ya que son muchos los casos de negligencia extraordinaria y las malas prácticas que devienen en adversidades, puesto que, aunque no se justifica la negligencia en ninguna circunstancia, algunos daños son revocables mientras otros resultan irreversibles”, enfatiza la académica Shirley Stephanie Hermann Alejandre.

De acuerdo con Marisol Luna Contreras, maestra en población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hasta 2015, la mortalidad materna según indicadores del Observatorio de Mortalidad Materna, se observa que si bien en México se ha  reducido este fenómeno, no se alcanzó la meta del milenio y ahora está por cumplirse con la meta del desarrollo sostenible.

En entrevista, señala que las estimaciones del 2014 a nivel nacional indican que la mortalidad materna fue de 38.9 defunciones por cada 100 mil niños nacidos vivos, aunque en Chiapas fue de 68.1 por cada 100 niños, en Oaxaca 46.7, y en Guerrero 58.7 murtes por cada 100 niños nacidos vivos.

“Son las entidades con los índices más altos de mortalidad materna que sean preservado durante mucho tiempo, lo cual se debe a factores múltiples como la falta de atención médica, la carencia de cobertura institucional, y las zonas donde vive la población alejadas de los centros de asistencia médica, entre otros”, apunta la catedrática de la Flacso.

La también doctora en economía por la Flacso considera que la cobertura de salud en México representa un grave problema pues significa un enorme gasto de la población que destina hasta el 20 por ciento de sus ingresos para gastos médicos.

“Esa situación repercute en que la población no pueda cubrir otros gastos en educación, cultura diversión, etc, y sobre todo que su situación llegue incluso a que los lleve a caer en pobreza o que se agudice la pobreza en la que están inmersos”, enfatiza.

Señala que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero donde tienen menor cobertura de acceso a la salud, a diferencia de estados del norte del país, lo cual representa una gran inequidad que se agudiza por mujeres que mueren por embarazo y otras enfermedades prevenibles.

Vicios y corrupción

Por su parte, para la catedrática Hermann Alejandre, la presunción de avances en el IMSS se ve mermada por los vicios que se han normalizado y que se replican a lo largo y ancho del territorio mexicano. “Hablamos de redes bien definidas de corrupción que se valen de empresas fantasmas y simulación de licitaciones para desviar recursos”.

En ese sentido, argumenta que la medicina se encuentra en el top de los negocios mejor monetizados del mundo, en donde las farmacéuticas representan las industrias con más flujos de capital. “De ahí derivan mafias que incluso trafican con medicamentos y servicios de salud, tráfico que se ha invisibilizado e incluso solapado porque en él radica la oportunidad de la corrupción”.

Indica que un ejemplo se exhibe en una investigación para AVC Noticias que sustentó en irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Según la publicación “Corrupción mata Salud en Veracruz”, entre los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte en  hubo un desvío de 165 millones de dólares, fondos que habían sido destinados para la creación de 183 unidades hospitalarias, obras que quedaron inconclusas y abandonadas.

Se estima que la corrupción en México tiene un costo exacerbado que triplica la inversión en la creación de unidades médicas.

En 2015 el costo de la corrupción en México fue de 906 mil millones de pesos, casi el 5 por ciento del PIB de ese año, no obstante, se calcula que con parámetros de medición menos conservadores, el costo puede elevarse hasta el 10 por ciento. Después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es la tercera preocupación entre la población mexicana, asegura la especialista del Cesnav.

seguro-socialEn julio de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto que promulga las siete leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Dicho proyecto contempla básicamente prevenir, investigar y sancionar a los servidores e instancias públicas que incurran en actos indebidos.

El SNA “es un aparato basto en leyes que se tiene que desglosar para su mejor entendimiento”, remata Hermann Alejandre en su estudio, pues en él confluyen diversos ordenamientos que hacen compleja su operación y funcionamiento: la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3), el Código Penal Federal, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por su parte, la maestra en población por la Flacso, Marisol Luna Contreras, advierte que la seguridad social en México no sólo es salud, sino vivienda, pensión, alimentación, educación, cultura y esparcimiento, es mucho más amplia porque hay población que no solo carece de salud sino de los otros componentes de la seguridad social que deben atenderse y cubrirse.

Plantea que el presupuesto público para la salud no debe reducirse porque el crecimientos población implica mayor gasto y se requiere atender el rubro en medicina preventiva cuyo presupuesto es menor, además se va a otros rubros, lo cual impide atender problemas graves como el cáncer de mama y cervicouterino, la obesidad y el tabaquismo que requieren de mayores recursos y programas eficientes de prevención.

“La atención médica tiene que ser integral, combatir la corrupción, y evitar que el tema de salud sea una bandera utilizada por los partidos políticos para jugar con los intereses de la población, por lo que tenemos que ser muy cautelosos”, apunta.

Asimismo, Luna Contreras agrega que la política pública en salud y quien las ejecuta tiene que hacer diagnósticos eficientes y ver que los recursos lleguen a la población, cubrir las carencias, desde la prevención, análisis clínicos, cercanía de clínicas a las poblaciones, etcétera, hasta la cobertura universal.

“Los sistemas de salud eficaces se basa en la medicina preventiva, para impedir problemas mayores, por lo que en México el sistema de salud debería enfocarse en la medicina preventiva, pues ya hay muchas enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, el Sida en niños y adolescentes, que serán adultos con esos padecimientos y será muy caro cubrir sus tratamientos”.

José Réyez