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Cinco de 11  mujeres víctimas de tortura sexual a manos de fuerzas de seguridad  mexicanas darán sus testimonios ante miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 y 17 de noviembre próximos.

Los hechos de los que darán cuenta tienen que ver con el caso San Salvador Atenco: el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006 en el que al menos 31 de las mujeres detenidas sufrieron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “las víctimas han tenido que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, y las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes”.

Agrega que en la audiencia, aunque estarán presentes las 11 denunciantes, los testimonios sólo los darán Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Según la organización, ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo de 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas.

Ante la falta de una respuesta adecuada para reparar esas violaciones a sus derechos, particularmente la falta de investigación y sanción de todos los responsables, las mujeres iniciaron su proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió el caso en noviembre de 2011, refiere el Centro Prodh.

Añade que en la próxima audiencia pública ante la Corte, las mujeres y sus representantes aportarán argumentos para demostrar las diversas violaciones a los derechos humanos que sufrieron. Y una experta independiente y representantes del Estado mexicano presentarán, respectivamente, análisis y antecedentes que serán analizados por la Corte Interamericana para determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Las víctimas esperan que la Corte ordene al Estado mexicano investigar exhaustivamente el caso, lo que podría romper el ciclo de impunidad que “permite la persistencia de la tortura en México, en particular de la tortura sexual a mujeres, una práctica ampliamente cometida pero casi nunca sancionada”.

Para el Centro Prodh, la discusión de este caso también “contribuirá a revisar los controles que existen en México respecto de la actuación de las policías en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza”.

Nancy Flores

 

 

 

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