Autor:

Cinco temas quitan el sueño a los agentes de seguridad nacional. Se trata de los “riesgos” que, según ellos, de manera permanente corre el Estado mexicano desde hace varios lustros: los grupos armados, las fronteras y migración, el crimen organizado, el terrorismo y la dinámica geográfica. Cada año están presentes en la Agenda Nacional de Riesgos. Nunca pueden faltar aunque ocupen distintos lugares en la jerarquización del nivel de urgencia. Un documento metodológico da cuenta ellos y justifica el por qué los organismos de seguridad nacional “tutelan” la “facilitación” de las reformas estructurales.

La Agenda es uno de los documentos confidenciales más celosamente guardados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Se supone, es el producto de inteligencia más completo que elabora ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a la sazón, la agencia de inteligencia civil del Estado mexicano.

Contralínea dio a conocer dos de sus versiones más recientes. En un reportaje seriado de 12 entregas el equipo de reporteros reprodujo los documentos e investigó entorno a ellos: entrevistó a varios de los actores que ahí se mencionan y a especialistas; y obtuvo más información de la contenida en los legajos. Desde esta liga [http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/10/31/listado-de-13-reportajes-que-conforman-la-serie-agenda-nacional-de-riesgos/] se puede acceder a todo el reportaje.

El Cisen define a la Agenda como “un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos”. Explica que dicho documento define las labores de inteligencia del organismo, “así como las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas en materia de Seguridad Nacional encaminadas a dar continuidad al proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo”.

¿Pero cómo se integra la Agenda? ¿Cómo detectan los brujos del Cisen que tal o cual situación es un “riesgo” y cuál otra una “amenaza” a la seguridad de la nación? ¿Y cómo jerarquizan tales riesgos para hacer una lista de las 10 situaciones más urgentes?

Hace varios años (a principios del sexenio de Felipe Calderón) publicamos el documento metodológico que siguen los analistas para elaborar la Agenda. Hoy, que tenemos acceso al vigente, prácticamente no ha tenido cambios. Es el mismo, salvo por el intercambio de algunas palabras. Se titula Nota metodológica para construir agendas de riesgo.

En el texto se asienta que la Agenda “es la herramienta básica para la planeación estratégica, ya que organiza y delimita el universo de trabajo de las áreas que conforman al Cisen con la finalidad de proponer escenarios estratégicos y políticas públicas a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”. Además, permite identificar prioridades, según el nivel de riesgo, de todos y cada uno de los temas de atención.

“La ANR [Agenda Nacional de Riesgos] forma parte integral de la misión del Cisen que tiene la responsabilidad de establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad del estado mexicano.”

Así –según la Nota metodológica– el Cisen tiene como misión desarrollar y operar un sistema de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa que genere información para la toma de decisiones. Lo anterior con los objetivos formales de: 1) alertar de las amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional, y 2) preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado en el marco de un gobierno democrático y de respeto al estadio de derecho.

De acuerdo con el documento, el Cisen mantiene permanente y especial vigilancia en cinco temas. En primerísimo lugar están los grupos armados, definidos como “grupos u organizaciones que propagan cambios políticos o sociales por medio de la violencia y la ruptura del Estado de derecho”. Como podemos ver, este apartado está dedicado a las guerrillas y al anarquismo insurreccionalista.

El segundo tema permanente es el de fronteras y migración: “La seguridad de las relaciones fronterizas y de los migrantes son complementarias; preservando las primeras se contribuye a evitar el tráfico ilegal de personas, ilícito que afecta no sólo a mexicanos sino a seres humanos de numerosas nacionalidades”. Se trata del control de migrantes –mexicanos o no– que va con rumbo a Estados Unidos.

Enseguida se encuentra el crimen organizado: “La porosidad de las fronteras propicia el tráfico ilegal de drogas, armas personas y bienes (contrabando), el deterioro de la salud pública, la corrupción de las instituciones, la distorsión en la economía dañando el tejido social de la nación”. Se refiere a las mafias (no sólo las del narcotráfico).

Un cuarto tema de observación permanente es el terrorismo. “Las actividades en México de grupos o de organizaciones extranjeras orientadas a forzar cambios en la sociedad y en la política de sus países o de terceras naciones por medio de la violencia para infundir temor entre la población y crear un ambiente de incertidumbre ciudadana”.

Finalmente, la dinámica demográfica. “La migración campo-ciudad, la emigración hacia el extranjero y el cambio en la estructura poblacional, constituyen y oportunidades estratégicas en el corto y mediano plazos para nuestro país”.

El documento señala que la evaluación de cada tema se realiza mediante “reuniones que adoptan el formato de mesas redondas donde se debaten temas específicos. Su objetivo es determinar escenarios plausibles y, a partir de ellos, sugerir políticas públicas que se materializan en acciones destinadas a mantener la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

La Agenda, así, es el instrumento que determina cuáles son los cuatro “valores tutelados” del Estado: la seguridad nacional (que se busca preservar); la gobernabilidad democrática (que se busca asegurar), el estado de derecho (que se pretende proteger) y, ni más ni menos que, las reformas estructurales (que se busca “facilitar”).

La gobernabilidad democrática es considerada en el documento como los acuerdos y consensos que fortalezcan la legalidad y la legitimidad de las instituciones. Especial atención merece la relación entre la Federación, los estados y los municipios; y los procesos electorales. Con respecto de este punto, señala: “debe acotarse en riesgo que conlleva para el juego democrático la eventual penetración del crimen organizado”.

Sobre su participación como “facilitador” de las reformas estructurales es justificada por el Cisen bajo el argumento de que “la convergencia entre intereses particulares legítimos y e interés nacional es la clave del éxito de las políticas de Estado incluyentes y de largo plazo”.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]