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Un experimentado arquitecto explicaba que la mayoría de los llamados Pueblos Mágicos en nuestro país tienen la misma tipología arquitectónica y constructiva, lo que se conoce como arquitectura vernácula, que ha sido la esencia de la tipología arquitectónica de México durante siglos; es decir, una arquitectura sin arquitectos, basada sólo en los usos y costumbres constructivas de las diversas regiones y estados de la República.

Pero eso no es fácil de entender para algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en donde su titular, Rosario Robles, manifestó hace unos días que “las viviendas de Chiapas y Oaxaca se colapsaron como consecuencia de que estaban muy mal construidas, ya que estaban hechas de madera, teja de barro, muros de adobe, palma, varas recubiertas de barro y palma picada (bajareque) y además tenían más de 100 años de antigüedad”.

Para conocimiento de la secretaria, esos pueblos “mal construidos” a los que se refiere son considerados patrimonio mundial arquitectónico, como el de Tlacotalpan, que son viviendas construidas por el pueblo, sin arquitectos, con  madera, teja de barro, muros a base de cal y canto y otros materiales orgánicos de la región. Otros pueblos en esa misma situación son Taxco, Xico, Papantla, Zozocolco y muchos más.

Fue a finales del siglo XIX cuando se empezó a construir en Europa a base de hierro-cemento. Así que es en 1900 cuando nace en Nuevo León la primera Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, SA, y las primeras estructuras metálicas fueron puentes. En 1931 se inauguró el Empire State en Nueva York, construido totalmente con estructura metálica.

El Palacio de Bellas Artes, orgullo nacional, ha resistido temblores porque está construido con una estructura metálica de hace 100 años. También la emblemática Torre Latinoamericana tiene estructura metálica. Con estas experiencias evidentes, en las nuevas normas reglamentarias de construcción deben prevalecer los sistemas a base de estructuras metálicas para edificios con más de cuatro pisos o, de lo contrario, seguirán cayendo en los temblores.

Los 120 mil pesos en plazos

El presidente Enrique Peña Nieto dice: “los recursos [para damnificados] se canalizarán en dos tarjetas a quienes perdieron totalmente su vivienda, el monto que se les asignará será de 120 mil pesos, dividido en cuatro depósitos mensuales entre octubre de 2017  y enero de 2018, de los cuales 90 mil se utilizarán para la compra de materiales de construcción y 30 mil los podrán retirar de la otra tarjeta para usarla como dinero en efectivo”.

Esta explicación parece más una ficción presidencial que una realidad para poder construir las viviendas que se necesitan, pues de acuerdo con expertos, como el arquitecto Adalberto Ruiz Mójica, por cada vivienda de 49.22 m2 (dimensiones mínimas para una vivienda familiar) el costo directo es de al menos 149 mil 562 pesos, más 10 por ciento de honorarios, es decir aproximadamente 14 mil 956.21 pesos, por lo que el costo total de una vivienda austera pero digna se eleva a 164 mil 518.38 pesos.

A esto hay que sumar otros gastos indirectos, como impuestos y pagos de IMSS, mismos que debería absorber el gobierno federal mediante subsidios. Entonces, sobre la cifra inicial propuesta por el gobierno de Peña, de 120 mil pesos, se eleva casi en un 40 por ciento. ¿Puede algún funcionario explicar quién va a absorber ese gasto? Las familias damnificadas no pueden porque perdieron todo.

De acuerdo con cifras oficiales, si el gobierno dice que tienen 7 mil millones de pesos para las viviendas de Oaxaca y Chiapas, a un costo real de 164 mil 518.38 pesos, se podrán construir 42 mil 548 viviendas aproximadamente, en lugar de las 58 mil viviendas de 120 mil pesos cada una.

También hay que recalcar que la edificación de dichas viviendas debe estar bajo supervisión o a cargo de constructores honorables y con experiencia en vivienda económica, pues sólo se podrá tener éxito en este programa de construcción si se garantiza que la obra no sea asignada a empresas improvisadas de algún amigo o familiar de los funcionarios encargados de los programas oficiales.

Estos fondos públicos, dada la urgencia y necesidades de la población damnificada, no pueden ser de ninguna manera un botín de funcionarios corruptos ni ser manejados por políticos ineptos que ven en la desgracia la oportunidad de robar y enriquecerse a costa de los más afectados.

El corresponsable de seguridad estructural

El artículo 329 del Código Penal para la Ciudad de México establece de 4 a 6 años de prisión al director responsable de obra (DRO) por avalar obras con irregularidades estructurales.

En 1987 se publicó la quinta edición del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, con modificaciones técnicas y administrativas que arrojaron las experiencias del sismo en 1985. Es entonces cuando se crea la figura corresponsable en seguridad estructural.

El 5 de noviembre de 2010, el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard publicó un decreto en la Gaceta Oficial para la creación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el cual ha sido un fracaso operativo, pues sólo ha servido para la corrupción.

Dicho organismo tiene la responsabilidad de establecer un sistema de seguridad estructural en las construcciones, así como vigilar y evaluar su debido cumplimiento, establecer lineamientos y llevar a cabo el proceso de admisión, capacitación y evaluación de capacidades técnicas de directores responsables de obra y de los corresponsables estructurales, quienes avalan los proyectos de quienes tramitan licencias de construcción. En 2017 se le asignaron a ese instituto más de 57 millones de pesos de presupuesto.

Según peritos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 90 por ciento de los 38 edificios colapsados el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México no cumplían con la normatividad establecida a partir de 1985. Es decir, falló ese instituto y se corrompieron sus funcionarios.

A finales de 1985, el gobierno de la Ciudad de México realizó una depuración exhaustiva de Directores Responsables de Obra, y fueron inhabilitados más del 60 por ciento, y a pesar de este ajuste continuaron las irregularidades y la corrupción entre funcionarios delegacionales, DRO, corresponsables estructurales y empresas constructoras.

Es evidente que en la mayoría de los edificios colapsados de reciente construcción (menos de 20 años) no se respetaron las especificaciones de los cálculos estructurales elaborados por peritos calificados por el Colegio de Ingenieros Civiles y autoridades de obras públicas delegacionales, éstos encargados de colocar sellos de clausura por irregularidades en la construcción, son los mismos que los retiran rápidamente cuando reciben sobornos sin corrijan anomalías en las obras.

Ésta es una de las muchas razones por las cuales colapsaron edificios en la Ciudad de México, en donde fallecieron 228 personas, y por lo cual se debe castigar severamente a los causantes de esta terrible tragedia que ha causado un gran dolor al pueblo y que pudo evitarse o por lo menos reducir los daños.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

Contralínea 562 / del 23 al 29 de Octubre de 2017