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La seguridad privada en México sigue en auge. Muchas veces sin control, sin calidad en los servicios que las empresas ofrecen y sin supervisión de las autoridades encargadas de regularla.

Hace mucho que los privados han rebasado a los gobiernos estatales y federal. Como señalamos en otra entrega, la Secretaría de Gobernación –encargada de las autorizaciones– ni siquiera cuenta con un padrón actualizado de las empresas que se dedican a labores de “seguridad”.

Y es que en este rubro se encuentran desde aquellas que ofrecen servicios de guardias y escoltas, hasta las de rastreo satelital de vehículos, blindaje, protección de equipos de cómputo e informática y, entre otras, instalación de cámaras de video en casas habitación, oficinas, despachos y fábricas.

En específico, de las empresas de seguridad privada de videovigilancia que ofrecen sus servicios en todo el país sólo 90 cuentan con autorización de la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

Según datos de la propia Comisión (dependiente de la Secretaría de Gobernación), son apenas 90 firmas las que ofrecen los servicios de manera legal, cumpliendo con la normativa y –supuestamente– bajo control de calidad. Los datos están contenidos en el oficio DGSP/612/891/2017 de la mencionada Dirección.

Debemos recordar que quienes ofrecen tales servicios tienen acceso a los domicilios de los clientes y a las propias grabaciones de lo que ocurre dentro y en las inmediaciones de sus casas o trabajos. Muchas de las empresas que prestan servicios de vigilancia son de exfuncionarios policiacos o militares.

Una de ellas es Sistemas de Protección Canina Internacional, cuyo presidente fundador fue nada menos que Miguel Nassar Daw, hijo de quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en su periodo más sanguinario: Miguel Nassar (o Nazar) Haro. La policía política combatió a los movimientos subversivos con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Nassar fue el creador de la Brigada Blanca, el cuerpo de elite autorizado para desaparecer personas y realizar ejecuciones extrajudiciales.

Miguel Nassar Haro comandó la DFS entre 1978 y 1972. De este último año, en todo el esplendor de su poder, data la empresa de su hijo, Miguel Nassar Daw, especialista en “seguridad”.

Otra es Corporación de Instalación y Servicios Internos Empresariales (CISIE), inhabilitada el año pasado para aceptar propuestas o celebrar contratos con cualquier instancia del gobierno federal y los gobiernos estatales por incumplimiento de servicios con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También se encuentra la española Eulen de Seguridad Privada, trasnacional fundada por David Álvaraz Díez, dueño de cuatro bodegas de vino, entre las que se encuentra la del famoso Vega Sicilia.

El Servicio Especial de Protección en México (Sepromex) ha sido denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos de agredir a los migrantes centroamericanos que, en su camino a Estados Unidos, cruzan México.

En el listado también aparece el Consorcio Especializado en Sistemas y Servicios de Seguridad Privada, el cual fue sancionado el año pasado con la suspensión de la revalidación de permiso, por incumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada.

En la relación de empresas figuran grandes y pequeñas, aquellas que cuentan con capital de origen trasnacional y otras que ni página de internet tienen. Las hay con quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y famosas en redes sociales… por no pagar a sus empleados y fallar a sus clientes.

Incluso hay algunas que trabajan con programas y agencias estadunidenses, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés) y la Agencia Seguridad de Inteligencia. Se trata de la Global Defense Technologies and Systems.

El “florecimiento” de la industria de la seguridad privada es resultado de la incapacidad y corrupción de los funcionarios encargados de “preservar” la tranquilidad y la convivencia pacífica entre las personas. El número de empresas que se aventuran en el negocio de la seguridad se disparó con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Desde entonces, y ahora bajo la administración de Enrique Peña Nieto, el negocio se mantiene boyante.

Con más secuestros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial de estas compañías está asegurado. Y es que la protección fue convertida en una “necesidad” ya no exclusiva de las clases económicas altas. Integrantes de las clases medias también buscan proteger su vida y su menguado patrimonio.

Hoy esta industria cuenta con más de 1 mil 500 empresas (que laboran en el ámbito federal), con aproximadamente 100 mil elementos de personal operativo, 50 mil armas y 13 mil vehículos.

En el país de la “guerra” contra el narcotráfico no sólo se incrementa el número de efectivos militares y policiacos desplegados en las calles. También crece el número de efectivos de “seguridad privada”. No se trata sólo de un testimonio del fracaso de las autoridades. Es, al mismo tiempo, la privatización de la seguridad. Que cada quien se provea la seguridad que pueda pagar. Tanto dinero tienes, tanta “seguridad” puedes adquirir.

“Nos regalan miedo para vendernos seguridad”. A veces la claridad de una idea expresada en pancarta durante una protesta, dice más que un sesudo ensayo. Una sociedad con miedo es la que mantiene una industria de seguridad boyante. En las antípodas de esa sociedad está otra: aquella que se solidarizó con las víctimas del terremoto. Ahí nadie tuvo miedo del otro. Las manos se juntaron e hicieron a un lado los alambres, las cercas, las cámaras de vigilancia y los toletes.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]