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La Habana. Dos años después del inicio de la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea (UE) se vanagloria de lograr la disminución del flujo de refugiados, mientras intenta disfrazar el fracaso de sus planes y esconder las implicaciones negativas de los mismos.

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Si bien es cierto el decrecimiento de los arribos ilegales de ciudadanos de Siria, Libia, Yemen, Somalia, Sudan del Sur, Nigeria, República Centroafricana, Iraq y Afganistán, entre otros, algunos de los métodos empleados para conseguir tal propósito resultan cuestionables y otros ineficaces o incompletos.

En tanto continúan las muertes en el mar Mediterráneo, la violencia y la discriminación, Bruselas se empeña en demostrar su supuesta capacidad de respuesta y dibuja un panorama alentador para ocultar que optó por vendar la herida sin antes curarla.

Luego de iniciativas fallidas y crecientes discrepancias, el bloque no logra una solución adecuada a un fenómeno que tiene entre sus principales causas la violencia y la grave situación humanitaria en países de Medio Oriente y África, generadas en gran medida por acciones desestabilizadoras de grandes potencias occidentales.

Tras un malogrado plan para establecer cuotas obligatorias de recepción y reubicar a unos 160 mil migrantes, la Comisión Europea (CE) presentó a finales de septiembre un nuevo programa para el reasentamiento de al menos 50 mil refugiados.

Según un comunicado de ese organismo, el proyecto se implementará hasta octubre de 2019 y consiste en traer a territorio europeo a personas vulnerables y necesitadas de protección internacional.

En septiembre se venció sin resultados efectivos el plazo para el reparto de miles de solicitantes de asilo que llegaron desde 2015 a Italia y Grecia, normativa rechazada por países como Hungría y Eslovaquia, que prefirieron construir vallas, reprimir a esas personas o dejarlas pasar libremente hacia otras naciones de la UE.

De acuerdo con reportes recientes, a dos años de anunciada esa medida, sólo 29 mil extranjeros fueron reubicados.
Ante la ineficacia de la redistribución por cuotas, la CE plantea ahora aceptar a los asilados tras negociar con los países de origen y ofrecer a los Estados que los acojan unos 10 mil euros por cada uno de ellos.

Para tal propósito dispone de un presupuesto de 500 millones de euros y aboga por centrar los esfuerzos en las vías de tránsito que comienzan en Libia, Egipto, Níger, Sudán, Chad y Etiopía.

El ejecutivo comunitario también apuesta por proyectos piloto de migración legal, el reforzamiento de la política de retorno y la reforma del sistema europeo de asilo.

Además, recomienda a los 28 crear sistemas que permitan a grupos privados u organizaciones de la sociedad civil coordinar y financiar la reubicación de individuos.

También defiende el otorgamiento de la tarjeta azul, “la cual permite atraer a trabajadores altamente calificados, y garantizará que los Estados miembros puedan disponer de la mano de obra que necesiten”.

Por otra parte, considera insatisfactorios los índices de retorno (alrededor del 36 por ciento por año) y apunta que 1.5 millones de individuos deben ser repatriados en un futuro próximo, por lo que respalda el incremento de las acciones en ese sentido.

Pese a las innumerables críticas de organismos internacionales y humanitarios, la CE considera positiva la gestión de la crisis migratoria de 2015 a 2017, período durante el cual murieron más de 8 mil 500 migrantes al intentar cruzar el mar Mediterráneo.

Recientemente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó un importante descenso en la cifra de extranjeros que llegaron a Europa este año, pero alertó sobre la continuidad de los fallecimientos y la violencia sufrida por esas personas.

Según esa entidad, durante el primer semestre de 2017 la cantidad de individuos que cruzó el Mediterráneo disminuyó considerablemente, pero fueron registradas más de 2 mil 250 muertes o desapariciones.

El número exacto de decesos es difícil de precisar por la crisis existente y las condiciones de los viajes, por lo que los valores citados son aproximados y conservadores, especifica el comunicado de ese organismo.

En marzo de 2016, los 28 llegaron a un acuerdo con Turquía para contener el flujo de refugiados a cambio de 3 millones de euros y otras garantías para Ankara, convenio que, según expertos y organizaciones no gubernamentales, viola las leyes internacionales, los derechos humanos y los reglamentos de la UE.

Desde la aplicación del polémico pacto, el cual dispone la devolución inmediata y arbitraria de todos los viajeros irregulares que lleguen a las islas griegas, los migrantes deben tomar rutas más largas y peligrosas.

Ante la ausencia de mecanismos efectivos de traslado u otorgamiento de asilo,  miles de ellos permanecen en instalaciones con condiciones precarias, sin la atención médica, la alimentación, la seguridad y representación legal necesarias.

De abril de 2016 a mayo de 2017 fueron llevadas a Turquía más de 800 personas y, según la UE, 400 fueron deportadas después a sus naciones de origen, de las cuales habían huido en busca de un futuro mejor.

A finales de agosto, el Acnur denunció la violencia y dificultades padecidas por quienes escogen la ruta entre esos dos Estados u otras con mayores riesgos, en gran medida, debido a la inexistencia de vías legales de tránsito y de una mayor atención por parte de las autoridades del bloque comunitario.

Impulsar acciones para reducir el número de refugiados e inmigrantes, sin hacer esfuerzos simultáneos por la paz, el desarrollo y en favor de rutas seguras es inaceptable. No podemos ignorar los abusos simplemente porque no los vemos, afirmó Filippo Grandi, representante de esa entidad.

La UE debe ser más solidaria y asegurar protección y asistencia a aquellos que llegan a este continente. Es importante acelerar los procesos de reubicación de los migrantes, la reunificación familiar y la aplicación de medidas humanitarias, destacó.

A finales de septiembre, el papa Francisco lamentó la creciente xenofobia en el viejo continente y pidió recibir a los refugiados con los brazos abiertos.

Son preocupantes las señales de intolerancia y racismo en distintas regiones, muchas veces originadas por la desconfianza y el temor al otro, el distinto, el extranjero, señaló.

El sumo pontífice solicitó a gobiernos y pueblos acoger a los recién llegados con un abrazo sincero, afectuoso y envolvente, sin temor a compartir con ellos sus preocupaciones y esperanzas.

Europa no puede esconder bajo el tapete la tragedia de miles de seres humanos ni continuar empleando medios reprochables e ineficaces que solo llevan a una solución temporal, con graves consecuencias para quienes ven en la migración la única salida a sus problemas.

Glenda Arcia/Prensa Latina

[OPINIÓN]

 

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