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Más de 2 mil 200 muertos y 11 mil 200 millones de dólares en pérdidas son los saldos de los desastres de origen natural y antropogénico en lo que va del sexenio. Las cifras son preliminares, pues aún no se termina de contabilizar a las víctimas ni el monto de los destrozos de los más recientes terremotos ocurridos en el país. Lejos de la protección y el auxilio a la población, la respuesta de las autoridades es de contención social

labores de rescate

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los desastres, las emergencias y las contingencias climatológicas cobraron la vida de, al menos, 2 mil 200 personas. Además, han causado pérdidas por más de 11 mil 252 millones de dólares, unos 206 mil millones de pesos.

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Las cifras de las pérdidas humanas y económicas, sin embargo, serán más abultadas. No se cuenta todavía con datos definitivos de las muertes causadas por los terremotos de los días 19 y 7 de septiembre pasado. Más aún, no se han contabilizado las muertes ni el monto de las pérdidas económicas causadas en lo que va del año por otros desastres, emergencias y contingencias: deslaves, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, altas y bajas temperaturas, incendios forestales, explosiones de plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este año de 2017 podría ser el peor en materia de víctimas mortales por desastres. Superaría con facilidad la cantidad de 646 muertos de 2013. Hasta el cierre de edición, la cifra de personas que perdieron la vida a causa de los terremotos de septiembre de este año llega a 445 en todo el país. Pero no son cifras definitivas y se les deben agregar los datos de quienes murieron en otros desastres de carácter geológico, pero también los de tipo hidrometeorológico, químico y socio-organizativo.

Asimismo 2017 sería el año con más pérdidas económicas por estos fenómenos. Aunque el monto de lo siniestrado en 2013 llegó a 4 mil 816 millones de dólares, los daños por los movimientos telúricos de septiembre pasado por sí solos han llegado a 2 mil 100 millones de dólares. Como en los otros casos, falta agregar las cifras de los demás desastres.

Los datos se desprenden de los informes anuales Impacto socioeconómico de los desastres en México (versiones 2013, 2014, 2015 y 2016); la Base de datos de declaratorias de 2000 a 2016, y el Atlas nacional de riesgos. Los tres documentos son del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En la información del Cenapred, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), se establece que sólo entre 2013 y 2016 el gobierno federal emitió 444 declaratorias de desastre, emergencia o contingencia climatológica. Buscaron proteger 3 mil 360 municipios de toda la República. Muchos de ellos fueron siniestrados los cuatro años del periodo. Por ello la cifra resulta muy superior a la del total de municipios que en realidad conforman la República Mexicana: 2 mil 446 en los estados y 16 delegaciones políticas en la Ciudad de México.

El plan: militarizar, demoler y desinformar

A pesar de que cada año ocurren desastres que cuestan la vida a cientos o miles de personas, las autoridades poco han aprendido. “Prácticamente se responsabiliza a la naturaleza de los males que tengamos”, lamenta el doctor en ciencias sociales Daniel Rodríguez Velázquez.

El académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –especialista en estudios sobre la vulnerabilidad social frente a desastres y, entre otras líneas de investigación ligadas al riesgo, políticas públicas y crisis social– agrega que, en la “irresponsabilidad institucionalizada” que se vive en México, las autoridades buscan disculparse con la “furia de la naturaleza”: la magnitud de un terremoto o la categoría de un huracán.

Rodríguez Velázquez es el investigador responsable del Diagnóstico con el objetivo de evaluar el impacto de los desastres y las estrategias de protección civil sobre la plena satisfacción de los derechos humanos en México, proyecto en curso del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la propia UNAM.

El especialista, autor de Políticas públicas y desastres y Gestión  social  de  desastres,  cambio  climático  y  políticas  públicas  en  el  siglo  XXI. Contradicciones y perspectivas desde México, Indonesia, Estados Unidos y Cuba, entre otros libros, observa tres características principales de la respuesta gubernamental ante desastres. El análisis concreto corresponde a la actuación de las autoridades ante el terremoto del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México.

A decir del investigador, a la crisis provocada por el movimiento telúrico pasado, las instituciones mexicanas respondieron: 1) militarizando las calles, 2) buscando demoler y “limpiar” los escenarios de derrumbes y 3) con funcionarios exhibiendo miedo e ignorancia.

Daniel Rodríguez Velázquez destaca, de inicio, que el sistema nacional de protección civil mexicano ha puesto énfasis en la respuesta del auxilio, en detrimento de la prevención.

Con respecto de la militarización del “rescate”, el especialista explica que llenar las calles de soldados y policías –con independencia del servicio que presten de seguridad y apoyo– es una respuesta de contención social.

“Están jugando, valga la expresión, a contener, a desmovilizar, a la población. Y ha quedado claro que esa ha sido su preocupación principal.”

Bajo esta lógica se explica que no habían transcurrido 3 horas de ocurrido el sismo, con miles de voluntarios haciéndose cargo de los rescates, cuando los funcionarios y medios aliados exhortaban a la población a refugiarse en sus casas, que no se requería ayuda y que no “estorbara”.

Un día después del terremoto –el miércoles 20– el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó de singular manera la militarización de la Ciudad de México. Dijo mientras continuara la emergencia, marinos soldados y policías federales estaría ayudando “en los dispositivos de seguridad en la capital” con el fin de evitar actos de pillaje y rapiña. Lo que en realidad vivía la entidad era una ola de solidaridad que arrojó a cientos de miles a organizarse para ayudar en los rescates y apoyar a los damnificados.

En lo que respecta a la prisa por demoler y limpiar los escombros, Daniel Rodríguez Velázquez observa una intención por eliminar las evidencias que muestren responsabilidades.

Se busca que el desastre se atribuya solamente al fenómeno y no a la corrupción que pudiera quedar al descubierto: incumplimiento de la normatividad en materia de construcción, fraude en la adquisición de materiales para construir o violación del uso de suelo.

Las justificaciones de las autoridades, tanto del gobierno local de Miguel Ángel Mancera como del federal de Enrique Peña Nieto, para demoler y limpiar van de la supuesta inexistencia de más vidas o cuerpos que rescatar a las supuestas razones de sanidad.

Daniel Rodríguez Velázquez ataja. Advierte que no hay ningún protocolo escrito en el marco normativo mexicano que señale que sólo se deben procurar los rescates dentro de las primeras 72 horas después del derrumbe.

“Que los cadáveres podrían constituir un factor de riesgo sanitario y que ya no va a haber personas con vida son una especie de mito que no tienen ninguna base normativa y se aplica selectivamente.”

El investigador se refiere que en lugares donde la gente se organiza y se ampara para que no se detenga la búsqueda y no ingresen las máquinas a arrasar con los escombros, o donde inclusive se oponen físicamente y se enfrentan a las autoridades, no se está haciendo. Pero en lugares donde no hay oposición suficiente sí se lleva a cabo.

La otra característica de la respuesta de los gobiernos es la de la ineptitud de los funcionarios, donde además se evidencia que no cuentan con plan alguno y no saben qué hacer.

“Hay un pánico escénico de las autoridades. Además de todo el estrés postraumático que padecen, los funcionarios están incurriendo en omisiones, en ocultamientos. Expresan en su lenguaje corporal el pánico, el miedo que tienen, su incapacidad, su impotencia.”

Y es que aunque cuenten con recursos logísticos, financieros, humanos, de documentación, no saben aplicarlos. Algunas veces ni siquiera saben que existen.

“Deberían de tener una actitud más seria y consistente, en vez de estar improvisando con declaraciones fáciles, como que se acabó la etapa de emergencia y vamos por la d reconstrucción.”

El investigador explica que con todo lo anterior, las autoridades buscan que se regrese cuanto antes a la “normalidad”. Pero esa normalidad a la que quieren que regrese la gente es la base de la vulnerabilidad en que se encuentra la población ante el desastre.

trabajos de remoción de escombre y rescate

La jefa del Servicio Sismológico Nacional, Xyoli Pérez Campos, está de acuerdo en que las autoridades no cuentan con programas suficientes para responder a una situación de desastre. Pero advierte que las omisiones no solamente son del sector gubernamental.

La doctora en geofísica por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) e investigadora adscrita al Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM considera que “hace falta cultura” para enfrentar los sismos no obstante que México es un país altamente sísmico.

“Deberíamos estar preparados en todo momento para recibir el embate de un sismo. Saber cómo actuar en el momento significa contar con una etapa de preparación: conocer nuestras rutas de evacuación; nuestros sitios de repliegue; los sitios seguros tanto de viviendas y lugares de trabajo, como de los centros que acostumbramos visitar; tener nuestros documentos importantes  a la mano; nuestra mochila de emergencia.”

La especialista explica que de esa manera las personas podrán reaccionar de manera asertiva y no las podrá dominar el pánico. Precisamente el miedo que puede generar sentir un movimiento sísmico intenso se mitiga con base en la preparación para una reacción rápida y efectiva.

Sobre las razones de que los mexicanos, más allá del pánico que generan los sismos no hayan desarrollado una cultura de prevención y reacción ante un terremoto, Pérez Campos señala:

 “Se nos olvida. Al paso del tiempo olvidamos lo que un sismo implica. No tenemos un recordatorio tan frecuente de movimientos importantes. Y los movimientos que llegamos a percibir cotidianidad realmente son pequeños y terminan por no preocuparnos.”

Desastres, emergencias y contingencias

Hasta antes de 2017, el año más complicado para México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto había sido el 2013. Durante el mismo se emitieron 117 declaratorias que comprendieron 2 mil 221 municipios. De las declaratorias, 41 correspondieron a desastres, 52 a emergencias y 24 a contingencias. Murieron 646 personas y se registraron daños por 4 mil 816 millones de dólares.

Durante 2014 se emitieron 39 declaratorias de desastre, 75 de emergencia y 12 de contingencia climatológica. En total, se trató de 126 declaratorias que abarcaron 1 mil 282 municipios. Los fenómenos arrojaron un saldo de 128 personas muertas y daños por 2 mil 476 millones de dólares.

Para 2015 fueron 117 las declaratorias emitidas: 32 de desastre, 75 de emergencia y 10 de contingencia climatológica. En ese año las muertes llegaron a 468 y el valor de los daños sumó 1 mil 121 millones 800 mil dólares.

Con respecto de 2016, los municipios afectados fueron 723. De las 103 declaratorias, 14 fueron por desastre, 84 por emergencia y cinco por contingencia climatológica. Ha resultado el año de menores costos económicos con 738 millones de dólares. Sin embargo, el costo de vidas permaneció alto: 495.

Para el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, la naturaleza de un gobierno se refleja en la manera de enfrentar los desastres. Y con un gobierno como el actual siempre ocurrirá lo que reconoció el secretario de Gobernación Osorio Chong en declaraciones a la prensa: que era difícil articular una respuesta organizada. Se trata del reconocimiento de que cada desastre va a rebasar al gobierno.

El investigador se sorprende que haya manuales y documentos normativos para actuar en caso de desastre, pero en ninguno de ellos aparece la población. Lo anterior, no obstante que la sociedad se vuelca a ayudar en las labores de rescate y se muestra atenta, a la espera de un plan. La realidad es que los funcionarios buscan reprimir esa participación popular.

Una sociedad afuera, en las calles, resulta preocupante para el gobierno mexicano, considera Rodríguez Velázquez. La sociedad construye un camino y el gobierno remarca otro.

Con la población participando, “hay solidaridad, capacidad de organización, protesta y salen a la luz las evidencias de las responsabilidades de las autoridades en la tragedia… Mientras que en las oficinas de gobierno predomina el burocratismo de siempre, el maltrato a la población y la indefensión de las personas. Ahí es donde quieren que la gente regrese”; ésa es la esa normalidad en la que se sienten cómodos, finaliza.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

Contralínea 559 / del 02 al 07 de Octubre de 2017

 

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