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De aquel trabajo de inteligencia que alguna vez realizó el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) sólo quedan las siglas. El constante desmantelamiento en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, convirtió a ese órgano civil destinado a preservar la seguridad nacional en un vil centro de espionaje en contra de luchadores sociales, políticos de oposición, empresarios, sindicato independientes y periodistas.

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A esos 2 sexenios en que el Cisen se vio disminuido en su responsabilidad de defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional, se suman los 5 años de la actual administración del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien no sólo no supo o no quiso reordenar esa área de inteligencia fundamental para el gobierno federal, sino que nombró a un titular carente de méritos y capacidades para atender las prioridades de la seguridad nacional, además de tener una enfermedad crónica que lo mantiene alejado de su responsabilidad, lo que dio paso a un desorden administrativo, un gasto desmesurado y a una operación descontrolada que aprovecharon coordinadores y agentes para hacer negocios independientes y convertirse en informantes al servicio de intereses privados.

A pesar de todas esas deficiencias, lo que no se reduce es el enorme presupuesto público que gasta el Cisen. Por ejemplo, en 2017 ascendió a 2 mil 823.45 millones de pesos, cantidad nada despreciable si se considera que esa dirección general de la otrora inteligencia civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, utiliza casi la totalidad del recurso (90.64 por ciento) para el gasto corriente y el resto (9.36 por ciento) al gasto de capital, ante lo cual su labor ha sido convertida en un vil centro de espionaje en contra de los movimientos sociales y sus líderes, a quienes intervienen teléfonos, internet y redes sociales, mientras que la inseguridad, la violencia y la violación a la privacidad por parte de gobiernos estatales o empresas privadas está en auge.

Así se explica el último escándalo de espionaje denunciado hace varias semanas precisamente por un exagente del Cisen, Raúl González Vázquez, quien acusó al exgobernador poblano Rafael Moreno Valle, también aspirante a la candidatura presidencial por su Partido Acción Nacional (PAN), de destinar millones de pesos del presupuesto estatal para armar una red de espionaje en contra de altos funcionarios del gobierno federal, incluido el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; así como adversarios políticos y hasta miembros de su propio partido.

La denuncia investigada supuestamente por la Procuraduría General de la República (PGR), señala que Moreno Valle habría gastado 3 millones de dólares en un sofisticado sistema de intercepción de llamadas telefónicas y otros 14.9 millones de pesos en aparatos que permiten clonar números de teléfono para tener acceso a su información y que sirven además de micrófonos. A esto se suma el gasto en casas de seguridad y salarios de los operadores.

Ante esas graves acusaciones nadie esperaba que el panista Moreno Valle guardara silencio, aunque la respuesta no fue inmediata sino que vino días después de la conferencia de prensa que dio el exagente del Cisen. El exgobernador dijo desconocer a Raúl González Vázquez y añadió que éste nunca trabajó en su administración.

Algo cierto que dijo Moreno Valle es que el exagente era un delincuente confeso, pues reconoció haber sido contratado para realizar un trabajo ilegal de espionaje, pero rechazó la acusación de que su gobierno lo hubiera contratado para dicho encargo.

Después de esos días de tensión por tan grave señalamiento en contra de un exgobernador y la aportación de “pruebas” en su contra, como algunas grabaciones ilegales, la actividad política del exmandatario se redujo considerablemente, sobre todo si consideramos que antes del escándalo aparecía permanentemente en espacios noticiosos de radio y televisión y en portadas de revistas.

Podríamos adelantar que el golpe mediático a Moreno Valle fue tan contundente, que sus aspiraciones políticas para convertirse en candidato panista a la Presidencia de la República se redujeron a cero, y ahora tendrá que esperar a la investigación ministerial de la PGR, si es que no hay alguna negociación política antes.

Puntos suspensivos… Nos cuentan de la enorme influencia y poder que han acumulado dos funcionarios que vienen trabajando al lado de Arely Gómez González desde que ésta se desempeñaba como procuradora general de la República y ahora como secretaria de la Función Pública. En la PGR, Luis Raúl Flores Arreola era el secretario particular y Christian Noé Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como jefe de la oficina de la procuradora. Ahora en la SFP, Luis continúa de particular y Christian es el coordinador general de órganos de vigilancia y control. En la PGR, Christian y Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, fueron los responsables de la operación del programa Pegasus, aquel equipo sofisticado que adquirió la PGR para la intervención de llamadas telefónicas y que fue usado para espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, entre otros. Siempre al lado de Arely Gómez, quien no siempre se entera de lo que hacen sus colaboradores, Christian Noé Ramírez y Luis Raúl Flores han removido a unos 50 contralores internos de las distintas dependencias, en donde han colocado a amigos y colaboradores a modo, como el contralor de la Procuraduría Agraria, quien es señalado de despilfarros y excesos en su labor… Y ya que hablamos de la PGR, su titular y todo su equipo cercano andan tristes y decaídos, y ya se ven con un pie en la calle después de aquella información del Ferrari con placas de Morelos propiedad del procurador Raúl Cervantes. Esta información filtrada al diario Reforma es atribuida al operador político del presidente, Emilio Gamboa, quien no estaba muy de acuerdo en que se convirtiera en fiscal general. Simples celos políticos.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

 

Contralínea 557 / del 18 al 23 de Septiembre de 2017