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Suman más de 800 los maestros “despedidos” por oponerse a la reforma educativa. Se trata de una política perversa aplicada por el despacho de Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, en complicidad con los gobiernos de los estados.

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El aficionado a la “astrología” y a ler, busca quebrar la resistencia del magisterio en lucha. Se trata de una política perversa porque hace uso de métodos gangsteriles para deshacerse selectivamente de los maestros que le incomodan, porque viola los mismos principios que dice enarbolar de la “educación de calidad” y porque deja sin profesores a grupos de educación básica.

En principio, si según las cifras oficiales son más de 13 mil 600 los docentes que, como acto de legal y legítima resistencia, se han negado a someterse a las evaluaciones de las autoridades, ¿por qué sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron los criterios para ordenar el despido de esos 800 profesores de 16 estados de la República?

En todos los casos las autoridades actuaron atropellando los derechos de los profesores y las propias leyes. En ningún caso notificaron siquiera de manera correcta a los maestros afectados.

Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro; 100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 de Sonora; 67 de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihuahua, y 175 de otras siete entidades.

Los profesores más recientemente cesados son 88 del estado de Querétaro. Al comienzo del nuevo ciclo escolar, se les impidió iniciar las clases. De este grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas, embarazadas). Una de las mujeres cesadas incluso tiene un permiso por acuerdo presidencial para que regrese a laborar luego de que se restablezca en salud. Ese permiso sólo se otorga cuando se padece una enfermedad grave.

No se les avisó y tampoco se les entregó documento alguno. Simple y sencillamente les dijeron que no podían ingresar a la escuela. No se les notificó en su momento que había un proceso jurídico en contra de ellos. Por lo tanto no se les escuchó ni se les venció en un juicio.

En algunos casos se les conminó a retirarse bajo la amenaza de fincarles responsabilidades por “usurpación de funciones” o “allanamiento”. En otros, los directores de las escuelas les manifestaron su solidaridad y les dijeron que si querían quedarse en la escuela lo hicieran, pero no se les pagaría nada. En la mayoría de los planteles afectados, los padres de familia respaldaron a los profesores cesados y manifestaron su repudio a las autoridades.

La profesora Susana Botello Pérez trabajó de manera normal en el consejo técnico escolar los días previos al inicio de clases. El lunes 21, antes de las 8:00 de la mañana preparó su salón para dar la bienvenida a los niños. Salió a la formación de los grupos en el patio y ahí fue presentada como maestra titular. Una vez que los niños ingresaron al salón, la directora de la escuela le pidió a la profesora Susana que acudiera a su oficina.

Ahí la esperaba el supervisor de zona, quien leyó un documento que está dirigido a él mismo en donde se señala que a la maestra no se le debe permitir la entrada a la escuela ni al salón. Que ya no es requerida para el servicio. Y ahí presentan a la persona que cubrirá su lugar. La maestra sólo regresó al salón a recoger sus pertenencias. Estos hechos ocurrieron en la escuela Reforma CNOP, ubicada en la colonia Santa Catarina, del municipio de Querétaro, zona 60.

Otro caso es el de la profesora Alma Iliana Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria General ubicada también en la capital del estado. Antes de las 7:00 horas se encontró con la directora del plantel. Ahí le hizo saber que había recibido órdenes del supervisor para que se le impidiera el acceso a la escuela y que llegaría un maestro de remplazo. Como no se le dijo nada de manera formal, Alma Iliana fue a su salón e, incluso, trabajó dos módulos con dos grupos. Finalmente se presentó el supervisor para decirle que, por órdenes de la Unidad de Servicios Educativos de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), no podía estar en el plantel.

Las dos profesoras, como los demás “cesados”, no han recibido hasta la fecha documento alguno que les demuestre que fueron despedidos o que “ya no son requeridos”.

Para los profesores de Querétaro, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro y del Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, lo que pasa en el país –y específicamente en su estado– es el desmantelamiento de la escuela pública, el atropello al derecho a la educación de los niños y el despojo de los derechos laborales de los trabajadores docentes.

Las políticas de Aurelio Nuño y del gobernador Francisco Domínguez Servién se han reflejado en grupos sin docentes, fusión de grupos y hacinamiento de alumnos, cierres de turnos vespertinos y “concentración” de escuelas. ¿Es esto preocuparse por la “calidad” de la educación? Peor aún, se contrata a personal que no cumple con el perfil “de idoneidad” que exige su ley. Este hecho confirma que los despidos no buscan mejorar la educación, sino sustituir a los maestros en resistencia por otros que sean incondicionales de las autoridades.

Lejos de la imagen que buscan construir las autoridades y los grandes medios de comunicación de los maestros en lucha (de “no idóneos” para estar frente a un grupo), los profesores en resistencia cuentan con propuesta pedagógica. Nunca se han opuesto a una evaluación, siempre y cuando no sea punitiva, sino procesual, continua, permanente, metodológica y dialéctica. A lo que se han opuesto es al desmantelamiento de la educación pública y a la conculcación de sus derechos como trabajadores.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

 

 

Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017