Los dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que el pasado 26 de agosto encabezaron un acto frente a la embajada de Venezuela exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro respeto a los derechos laborales, a la libertad y autonomía sindicales para los trabajadores de la nación centroamericana, olvidaron mencionar que tales exigencias nunca las han planteado en México a favor de sus empobrecidas y expoliadas bases.

Desde su nacimiento en abril de 1952, la CROC formó parte del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gozó, a la par de los engendros corporativos del pasado siglo, como la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Regional Obrera Mexicana, de canonjías políticas para sus dirigentes. Al paso del tiempo, de su lema “Unidad y emancipación proletaria” no queda ni el recuerdo, como tampoco de lo asentado en sus principios doctrinarios de luchar por mejores salarios en pro de sus agremiados y en contra de los sindicatos blancos.

La CROC del siglo XXI es una pasarela de dirigentes al servicio de la clase empresarial, carentes del más mínimo consenso y legítimo apoyo de sus afiliados, la mayoría de ellos sumados a su membresía contra su voluntad. En su organización sencillamente no existen las demandas externadas hasta el cansancio frente a la sede diplomática venezolana: derechos laborales y libertad sindical. Tampoco libertad de expresión.

Su actual dirigente nacional, el senador Isaías González Cuevas, bajó la guardia en el momento histórico que obligaba a la defensa de las conquistas sociales de los trabajadores, menoscabadas con la aprobación de la reforma laboral. Hay que refrescarle la memoria al clan croquista para evidenciar su ausencia total de compromiso con el proletariado del país.

Cuando el 1 de septiembre de 2012 el presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, envió su iniciativa al Congreso con carácter de “preferente”, el líder de la CROC apareció como uno de sus más acérrimos críticos y opositores. Ya en funciones, el recién electo senador del PRI advirtió que su central no estaba de acuerdo con el pago por horas ni en permitir que se vulnerara el derecho de huelga y la autonomía sindical, porque con esto, dijo, “se intenta dar libre paso a la flexibilización laboral”.

González Cuevas añadió que ni central ni los legisladores priístas permitirían que la reforma de Calderón se aprobara, pues “afectaría los derechos de los trabajadores, nulificaría la contratación colectiva y el derecho a la seguridad social”.

Sin embargo, semanas después cuando la propuesta panista entró al terreno de los acalorados debates legislativos en el Senado, el dirigente hizo mutis y votó al lado de su grupo parlamentario a favor de la iniciativa que había calificado de contraria “al crecimiento económico, a la justicia social y al empleo decente”, planteados en el proyecto de nación de Enrique Peña Nieto. Unas fueron sus palabra pero otra su actitud de cara a la reforma laboral.

En la grey corporativa del PRI, no causó extrañeza la posición del dirigente obrero. A valores entendidos se sumó al proyecto político que había pactado la aprobación de una iniciativa de corte ciento por ciento empresarial sin tomar en cuenta la opinión de los directamente afectados: los trabajadores.

A cambio de su apoyo a la que sería la primera de las reformas estructurales del actual sexenio, las autoridades laborales fingieron no ver los miles y miles de contratos de protección firmados a favor de la patronal y cobijados por organismos como la CROC y bajo los cuales millones de mexicanos en todo el país reciben bajos salarios, son víctimas de la explotación laboral y están impedidos de afiliarse a otros sindicatos o crear otros que realmente los defiendan.

Bajo este esquema de antidemocracia, los trabajadores se encuentran bajo la mirada vigilante de grupos de golpeadores, dispuestos a obligarlos por la fuerza a silenciar sus demandas. Es decir que los croquistas, como otros organismos corporativos, ejercen en México los métodos ilegítimos que supuestamente emplea el gobierno de Nicolás Maduro contra los obreros venezolanos.

Uno de los oradores en el mitin celebrado a las afueras de la sede diplomática de Venezuela, Salim Kalkach Navarro, subsecretario de Relaciones Exteriores de la central charra, se dijo preocupado por la vida de los trabajadores en aquel país: “está en peligro: literalmente se están muriendo de hambre y eso no lo podemos permitir”. Pero en su discurso olvidó anexar un añadido exigiendo mejores salarios para la clase obrera de México, la peor pagada de la región y que, expoliada, toca a las puertas de la marginación.

El funcionario croquista debería reflexionar antes de abordar temas como la libertad sindical. Hace unos años cuando los empleados de la vidriera que trabajaba para Grupo Modelo lograron el registro de su sindicato y se desligaron de la CTM, muy pronto debieron enfrentar un enemigo aún peor pues la empresa firmó a sus espaldas un contrato de protección con otro organismo adherido a la CROC.

Su líder era nada menos que Salim Kalkach, el mismo que ahora cuestiona al gobierno de Maduro de bloquear la libertad sindical en Venezuela. En connivencia con la empresa, la organización croquista alentó los despidos injustificados contra los miembros del sindicato independiente y recurrió a métodos de presión para afiliar al resto de los trabajadores a la CROC.

En este recuento de acciones en contra de los derechos laborales, debe citarse lo acontecido tras la irrupción, en el ámbito nacional e internacional, de la brutal explotación que por años han padecido los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California. Contratos de protección firmados por los dueños de los ranchos agrícolas con organismos de filiación priísta como la CROC, pusieron contra las cuerdas a las autoridades y en entredicho las ventajas y beneficios de la reforma laboral.

De pronto apareció a los ojos de la nación la abrumadora realidad en que subsistían más de 80 mil jornaleros agrícolas con sus familias, obligados a trabajar en condiciones infrahumanas e insalubres, cobrando míseros sueldos y sin la menor atención médica. En Venezuela ningún organismo internacional ha denunciado abusos de esa naturaleza, pero en México, muchos sindicatos charros son expertos en permitirlas y ocultarlas, despojando de sus derechos a los trabajadores en beneficio de los intereses patronales.

Lo más execrable de la amañada protesta ante la embajada venezolana es que lejos de combatir la simulación laboral y los atropellos en contra de millones de mexicanos, y cuestionar las regresiones contenidas en la reforma laboral, los sindicatos corporativos buscan sumarse a la lista de provocadores en contra de Nicolás Maduro, excusando la defensa de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), sindicato de derecha cuya dirigente, Marcela Maspero, busca ser victimizada para atacar al gobierno venezolano. En abril pasado, la CROC y la CTM encabezaron en Bogotá, Colombia, la fundación del organismo denominado Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS).

Se entiende el por qué los orquestados ataques del pasado 26 de agosto no son casuales y responden a una estrategia que trata de vulnerar tanto a los gobiernos democráticos y de izquierda en América Latina como a las organizaciones sindicales independientes. Debemos denunciar esta sucia maniobra y poner un alto a los que insisten en vulnerar los derechos de los trabajadores.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017