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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estará hoy en las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, para documentar las violaciones a los derechos humanos ocasionados por la construcción del proyecto El Zapotillo.

El Zapotillo

Presa El Zapotillo

Con la construcción de este megaproyecto podrían afectarse a más de 600 mil personas: 1 mil 500 de forma directa, pues sus comunidades serían totalmente inundadas, y 600 mil de forma indirecta.

La presencia de los representantes del organismo internacional es en respuesta a la convocatoria hecha por organizaciones defensoras de derechos humanos y de medio ambiente, entre las que se encuentran: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados, después de los resultados del estudio “Jalisco Sostenible, Cuenca Río Verde, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la decisión del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que avalan las inundaciones de estas comunidades.

Rio Verde

La cortina a que se levanta en el Río Verde, Jalisco, beneficiará con contratos a las empresas españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Abengoa, y a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes.

Con este proyecto pierden los campesinos y productores por qué:

  • Les cerraran los pozos, con el argumento de que es necesario que la presa se alimente.
  • Les obligaran a comprar el agua a costos definidos por la empresa Abengoa y ya no podrán sacarla de pozos, ni podrán captar el agua de lluvia.
  • En la mayoría de los municipios de los Altos se prologaran las vedas de aguas profundas y superficiales.
  • Los bordos y la captación de agua se volverán alternativas reprimidas por la Comisión Nacional del Agua, con el argumento que el agua de escurrimiento será para El Zapotillo.
  • Les quitarán el agua a los campesinos y productores con la que se produce el 88 por ciento de todo el huevo que comemos en México y el 22 por ciento de la proteína animal, poniendo en riesgo el sector productivo rural, la economía y vida misma de más de 800 mil habitantes de la región de los Altos de Jalisco.

 

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