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Los homicidios se suman a toda la clase de delitos que tienen a la nación en la angustiosa desesperación de tomar la justicia por sus propias manos, ante los nulos resultados presentados por el peñismo y sus desgobernadores de las 32 entidades –Miguel Ángel Mancera, Javier Corral, Graco Ramírez, Miguel Ángel Yunes, etcétera– que, cuando mucho, cumplen al mínimo –por incapacidad, indiferencia y hasta complicidades– sus obligaciones de garantizar la paz pública implantando la máxima seguridad para contener a las delincuencias. Objetivo que no han logrado, de tal manera que, por todo el territorio, los mexicanos somos víctimas de hechos delictivos encabezados por las embestidas de los narcotraficantes y sus sicarios que, por lo regular, terminan con homicidios, violaciones sexuales, secuestros, desapariciones… Estudiantes asesinados o acorralados por policías y militares, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, mientras los gobiernos de ese estado y federal –encubriendo a los autores– van para 3 años sin dar cuenta y razón, porque, tal vez los sepultaron en fosas clandestinas policiaco-militares, fueron echados al mar o los entregaron al narco.

Periodistas en riesgo

Defensa de periodistas

Entre esos cientos de miles de víctimas también están los periodistas, contra los cuales se ha desatado, a su vez, la acción criminal en todas sus facetas. Y como nunca, de Carlos Salinas a la fecha, se acumulan en este mal sexenio peñista más de 1 millón de asesinados, secuestrados y desaparecidos, que en este país siniestro y fúnebre están formando una cadena macabra. El periodismo de investigación de los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez (El Universal, 3 de julio de 20l7) revela que “cuatro de cada 10 amenazas que recibieron los periodistas vinieron del crimen organizado y tres de cada 10 vienen de políticos”. “La libertad de prensa existe entonces de palabra, pero de hecho reina la censura” (Alexis de Tocqueville, La democracia en América). Así que está claro que ahora impera la doble censura: la que ejerce el poder de los gobiernos espiando a los periodistas, negando publicidad y dando sobornos con boletines, y la censura de agredirlos, amenazarlos y privarlos de la vida.

Estas censuras sangrientas buscan controlar a los medios de comunicación escritos, bastante ya sitiados de por sí por la competencia tecnológica, del internet a los demás aliados de esa modernización. Entrevistando a especialistas e investigadores, se concluye que los periodistas siguen en la mira de criminales-funcionarios y criminales-delincuentes. A los que se suman los politiquillos que arremeten contra quienes informan y critican los abusos que estos cometen. Para esto, enseñan los dientes, como Enrique Peña cuando retó a los periodistas porque éstos lo señalaron del espionaje a que son sometidos. El mismo Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez –y el mismísimo Javier Duarte alias Javier N cuando gobernaba–, quienes sueltan sus amenazas autoritarias si son criticados o son objeto de informaciones que les disgustan.

En medio de la sangrienta inseguridad que impera en el país “es preciso considerar a la libertad de prensa como una de las garantías, si no es que la única garantía que queda de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos”, como atinadamente escribe Tocqueville. No parece que en México vayan a cesar las agresiones y toda la gama de delitos que se ejercen contra los periodistas; igualmente perpetrados por la mano de funcionarios y delincuentes, como el infame binomio que los tiene en la mira.

cepedaneri@prodigy.net.mx

 

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