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Sin un discurso frontal como el del presidente estadunidense Donald Trump, quien niega –sin pruebas científicas– el cambio climático para apoyar a las más sucias industrias de su país, en la práctica el gobierno de Enrique Peña Nieto da la espalda a los esfuerzos mundiales que buscan frenar el calentamiento global y contribuye a la degradación medioambiental.

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En este tema, la corrupción juega un papel muy importante para beneficio no sólo de la delincuencia organizada sino también de empresas nacionales y extranjeras –como las mineras, petroleras e hidroeléctricas– que en sus procesos de producción devastan o contaminan zonas considerables, incluyendo reservas de la biósfera y áreas naturales protegidas.

Así que de nada sirve que la administración actual se diga comprometida con las acciones que se promueven internacionalmente, si en los hechos contribuye a acrecentar la crisis medioambiental, lo que ya nos coloca como uno de los lugares con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo.

El ritmo de deforestación que sufre nuestro país es uno de los más intensos del planeta, alerta la Cámara de Diputados. A través de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). En la carpeta informativa Deforestación en México, señala una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de los bosques mexicanos se encuentra en estado de emergencia por la acelerada destrucción de ese ecosistema.

Elaborada por el investigador José de Jesús González, la carpeta informativa indica que cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas, de acuerdo con datos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 “Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo.”

A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar en deforestación, aunque algunas mediciones lo colocan en el tercer sitio, junto a Haití y El Salvador. Según el análisis del CESOP, entre el 90 y 95 por ciento del territorio mexicano está deforestado.

Pero eso no es lo peor. Lo más grave es que esta negligencia o complicidad gubernamental permite que este problema avance y se profundice: a diario se pierden importantes extensiones de selvas, bosques y montañas y, con ello, decenas de especies se extinguen o ven disminuir dramáticamente sus poblaciones.

Tanto los talamontes del crimen organizado como trasnacionales y agroempresarios que arrasan con la biodiversidad permanecen impunes, cuando deberían de estar encarcelados por el terrible daño que están ocasionando no sólo al país, sino al planeta.

Oficialmente, el gobierno federal admite que cada año se deforestan 91.6 mil hectáreas en México. Sólo el 8 por ciento de ese total se da por la tala ilegal, estima la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); es decir que la mayor deforestación se da por vías legales, permitidas y solapadas por la autoridad federal encargada de proteger la biodiversidad.

No obstante, el análisis Deforestación en México indica que alrededor del 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Señala que las insuficientes medidas de control en el mercado han propiciado que el comercio ilegal de madera juegue un rol muy importante en el país.

“Una gran parte de las actividades de inspección y vigilancia se llevan a cabo en terrenos forestales donde se talan los árboles, mientras que las inspecciones en los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales no son las suficientes o requeridas.”

Agrega que la extracción ilegal de madera impacta directamente en la degradación y la pérdida de especies vegetales y animales que dependen de los bosques y las selvas; así como en la producción legal de madera, pues ocupa su mercado.

“La caída del volumen de producción tiene diversas causas, pero una de ellas es la competencia que enfrenta la madera legal en términos de precio, ya que la madera clandestina resulta más barata al no pagar impuestos ni incluir costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios bajos a los productores legales.”

El estudio, presentado a fines de julio pasado, refiere que son varios los factores que inciden en la tala ilegal. Entre ellos destaca la corrupción y la delincuencia organizada. Pero también la insuficiente capacidad operativa para aplicar correctamente la legislación forestal y ambiental, los problemas de gobernanza y tenencia de la tierra, la sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, las fallas en la aplicación de justicia, y la ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado.

Otro de los factores, indica el análisis, es la demanda industrial insatisfecha por la madera nacional: “mientras exista mercado, habrá oferta”. A nivel internacional, en 2016 el valor estimado del tráfico ilegal de madera osciló entre los 50 mil millones y los 150 mil millones de dólares, refiere el estudio.

Esto lo convierte en el tercer mercado negro más lucrativo, sólo por debajo del de la falsificación de fármacos, electrónicos y cigarrillos (cuyo valor estimado va de los 500 mil millones a los 800 mil millones de dólares) y del de las drogas (que se estima entre los 435 mil millones y los 610 mil millones de dólares).

Por ello, es urgente que se aplique con rigor la ley medioambiental, se castigue a los culpables de esta crisis y se generen programas para revertir los daños. La carpeta informativa del CESOP advierte que las zonas más urgentes para reforestar se ubican en el Sureste del país.

Y es que, indica, “el trópico húmedo ha sido deforestado en mayor escala y es en esa región donde la deforestación tiene implicaciones más importantes en los ecosistemas ya que los ecosistemas tropicales son los más frágiles”. El planeta no puede esperar y México debe hacer su parte.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

 

Contralínea 553 / del 21 al 27 de Agosto de 2017