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A 5 días de iniciar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno del repudiado Donald Trump dio un golpe de mesa para dejar en claro a nuestro debilitado presidente Enrique Peña Nieto y su grupo de negociadores (como se demostró en aquella llamada de principios de año entre los dos mandatarios) quién manda en esta deteriorada relación bilateral México-Estados Unidos.

Las acciones legales emprendidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de dos mexicanos populares y admirados (el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez) son una clara advertencia para los funcionarios que se van a sentar en las mesas de negociación de que cualquier mexicano puede ser investigado, perseguido y procesado por el largo brazo de la ley extraterritorial del gobierno más poderoso del mundo, convertido en el clásico policía que utiliza el garrote para amedrentar y golpear a quien le plazca.

Más allá de cualquier responsabilidad penal que pudieran tener Márquez y Álvarez por supuestos vínculos con el crimen organizado, circunstancia que no ha sido probada ante un tribunal, el problema para el Estado mexicano es que las autoridades de Estados Unidos vuelven a poner contra la pared al gobierno mexicano y lo exhiben como negligente y omiso por su incapacidad para investigar el lavado de dinero en México y combatir con eficacia a la delincuencia organizada.

Según la lista publicada por la OFAC, entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar a empresas y personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado, tanto Márquez como Álvarez son testaferros y lavadores de dinero de Raúl Flores Hernández, jefe de un supuesto cártel con sede en Jalisco y operación en varios estados del país.

De inmediato el futbolista y el cantante desmintieron tal versión y pidieron tiempo para probar su inocencia, aunque por lo pronto el gobierno estadunidense congeló cuentas bancarias y aseguró bienes inmuebles en ese país propiedad de ambos mexicanos.

De acuerdo con la Ley (extraterritorial) para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos, aprobada en diciembre de 2000, Estados Unidos aplica unilateralmente sanciones económicas, políticas y sociales a todas aquellas personas, empresas, grupos políticos y líderes que, a juicio de las corporaciones policiales estadunidenses, estén supuestamente vinculados con las mafias de la droga o simplemente sean utilizados para introducir dinero sucio en los circuitos financieros mundiales.

No es nuevo que en las listas de personas investigadas por los cuerpos de inteligencia y policiales estadunidenses –como la DEA, CIA, FBI, Aduanas y Tesoro– aparecen nombres de políticos, funcionarios, empresarios, líderes sociales y hasta periodistas con supuestos vínculos o relaciones con cárteles del narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Esta vieja práctica utilizada para espiar e investigar a gobiernos, corporaciones empresariales y personas extranjeras sirve al gobierno de Estados Unidos para ejercer presión política e incautar bienes y cuentas financieras que le reditúan miles de millones de dólares anuales.

Es sabido que gobierno y Congreso de Estados Unidos aplican leyes extraterritoriales en todo el mundo bajo pretexto de combatir al crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos, lo que le da impunidad a sus cuerpos policiales para espiar, investigar, perseguir y capturar a todas aquellas personas que según los órganos de inteligencia estadunidenses representen un peligro para ese país.

Escudados en esta supuesta lucha contra las drogas, a pesar de que la población estadunidense es la principal consumidora en el mundo de cocaína, heroína, mariguana y anfetaminas, entre otras drogas tóxicas, el gobierno de Estados Unidos utiliza esa ley extraterritorial –que es contraria a la soberanía e independencia de nuestro país– como un mecanismo de presión internacional para sancionar a los países y corporaciones que son contrarios a sus intereses. Más peligroso es que las autoridades del país vecino apoyada en dicha ley persiga a personas en otros países y obligue a los gobiernos respectivos a procesarlos y encarcelarlos por el simple hecho de que aparecen en una narcolista.

Puntos suspensivos… En todos los partidos políticos se ha calentado el terreno para los aspirantes a la Presidencia de la República, algunos con puro deseo y otros con serias posibilidades para representar a sus órganos políticos en la próxima contienda electoral de 2018. En ese escenario el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió en privado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien pidió su apoyo en su intento por ser el candidato del PRI, pues después de quitar los candados para posibles candidatos externos en el partido oficial, ha cobrado fuerza que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien no tiene filiación priísta pero es apoyado fuertemente por el canciller Luis Videgaray, podría ser el candidato que necesita Peña Nieto para unificar diversas fuerzas políticas (PAN, PRI y lo que quede del PRD) y buscar asegurar la Presidencia, lo que le garantizaría impunidad total al gobierno saliente… En los pasillos del poder dicen que la lista por el PRI la encabeza Meade, seguido de Nuño y hasta el tercer lugar habría caído el exrector universitario José Narro Robles… Y ya que hablamos de Salinas, y no es para espantar a nadie, el miércoles de la semana pasada se le vio al villano favorito alrededor de las 8 de la noche por los pasillos del hospital Médica Sur en la Ciudad de México. De figura muy delgada, como cuando era presidente, vestía un caro traje negro y se le veía presuroso en ese nosocomio, acompañado de guaruras y su secretario particular que con libreta en mano tomaba nota de todo lo que le decía. Para los que le temen, Salinas está de regreso y Nuño fue el primero en su pasarela de aprobación.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

Contralínea 552 / del 14 al 20 de Agosto de 2017