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Los gobiernos de Baja California Sur, al menos los dos últimos, demuestran y reafirman en muchas de sus decisiones su vocación empresarial y su escaso compromiso social. Desde hace tiempo, en Contralínea hemos dado seguimiento a varios asuntos que afectan a la sociedad sudcaliforniana. Entre estos, la exacerbación de la violencia por el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, grupos que cada vez generan episodios más violentos ante una descomunal ineficacia de las autoridades administrativas y legislativas, así como de las corporaciones policiacas del estado, aunque también debe reconocerse que tampoco han sido muy útiles los aparatosos despliegues militares en la entidad; la violencia criminal no ha sido erradicada, ni siquiera contenida. Tarea difícil la de salir avante en una crisis que atraviesa al país de península a península. Veamos entonces otras áreas en las que el gobierno estatal pudiera accionar y garantizar beneficios sociales si así lo quisiera.

Las autoridades sudcalifornianas y sus gobernados mantienen diferentes conflictos, en los que la sociedad percibimos cierta inclinación de los gobernantes al distanciamiento con la base social. Ahí está el asunto del despojo de playas por parte de la empresa Tres Santos sobre los pescadores de Todos Santos, una trama llena de irregularidades en la otorgación de permisos para los desarrolladores inmobiliarios y en la participación de las autoridades ambientales. Situación en la que incluso se ha llegado a la represión de la comunidad todosanteña por parte de cuerpos policiacos. Y en cuyo último episodio ha sido encarcelado el abogado defensor de los pescadores, el también activista John Joseph Moreno Rutowski, en otro asunto legal plagado de irregularidades. En el que algunos medios locales han jugado un papel importante en la desacreditación infundada de Moreno. Extraña encarcelación que sucede cuando sus representados, los pescadores opositores al desarrollo hotelero y de viviendas de lujo, ganan un amparo a nivel federal en el largo conflicto legal contra los invasores inmobiliarios de capital nacional y extranjero, relacionados a figuras políticas nacionales de altos vuelos.

Otro asunto que sigue tensando la relación de la sociedad sudcaliforniana con el gobierno estatal involucra a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo accionar conjunto pudo el año pasado llevar a cabo la demolición de una de las primarias más antiguas del puerto de La Paz, que estuviera erigida en el corazón del centro histórico a unos pasos del kiosco del malecón, en una de las zonas de mayor plusvalía del centro; que ahora incrementará su valor con el nuevo remozamiento que las autoridades planean para el malecón de la ciudad, pues aspiran a tener uno de clase mundial, según ellos. En cuyo plan se maneja la especie de la creación de playas artificiales para ganarle terreno al mar. Ni más ni menos que la creación de playas en la entidad federativa con mayor litoral del país, con el propósito de que el ciudadano común y todo turista tenga acceso a éstas; cuando gran parte de la zona costera ha sido entregada por diversas autoridades, municipales y estatales, a particulares. Ahí está el asunto de Tres Santos y muchos otros en todo el estado, pero principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Y aunque se destruyó la primaria 18 de Marzo, en el mismo frente educativo que las autoridades han abierto contra la sociedad, el gobierno no ha podido clausurar la Casa del Estudiante Sudcaliforniano con sede en la Ciudad de México, pero se empeña en ello. Así lo ha reiterado en abril de este año el Secretario de Educación Pública estatal Héctor Jiménez Márquez, quien asevera que el inmueble es inseguro a pesar del dictamen de Protección Civil de la Ciudad de México solicitado por la administración del gobernador anterior Marcos Covarrubias Villaseñor, en el que sólo se advierten recomendaciones de corrección y prevención; mismas que los integrantes de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano solicitaron a la administración de Covarrubias Villaseñor y han requerido a la actual de Carlos Mendoza Davis, sin obtener respuestas positivas en ambos casos. Pero como el dictamen de las autoridades de la capital del país no le pareció acertado al gobierno del Estado ni a la SEP, el año pasado solicitaron la intervención de una empresa particular, con cuyo veredicto sobre el edificio curiosamente sí estuvieron de acuerdo. Ante ello las autoridades correspondientes de la Ciudad de México emitieron un nuevo dictamen en el que ratificaron la viabilidad de mantener el inmueble, mismo que fue enviado al gobernador Mendoza Davis ( Política contra la educación en Baja California Sur ).   Jiménez Márquez también dice que el costeo anual del albergue estudiantil de 2 y medio millones de pesos no es viable para el gobierno estatal, cuando en el nuevo proyecto de remodelación del malecón se habla de cientos de millones de pesos. Habrá que descifrar cuáles son la prioridades de las autoridades para con la sociedad y/o sociedades económicas. El paseo de conductores y viandantes parece ser una obsesión de cada administración estatal, pues a todas les ataca el síndrome de su remodelación; y los hace olvidarse de que en el estado hay colonias sin pavimento, sin servicios básicos, escuelas con piso de tierra y muchas necesidades más. Y en tanto derrumban escuelas e intentan clausurar espacios académicos a los políticos les parece que la creación de playas artificiales en la entidad con más línea costera del país es la panacea.

Jiménez Márquez también ha dicho que lo que se vive en la Casa del Estudiante es un asunto que ha rebasado a las autoridades, en el que estudiantes de bajos promedios y que reprueban materias –una especie de vividores que habitan la casa por años beneficiándose de los alimentos, así entiendo que él los define– han tomado control de ésta, mientras ellos –las autoridades– no saben el destino de los recursos económicos asignados para el inmueble (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/10/cierran-casa-del-estudiante-sudcaliforniano-en-la-cdmx). ¿Entonces qué esperanzas puede tener la sociedad sudcaliforniana de que las autoridades pongan orden en la entidad en cuanto a violencia, corrupción y despojo, cuando no pueden atender las necesidades de una casa, darle mantenimiento preventivo y correctivo y transparentar los recursos destinados a ésta? Triste el panorama político-social para los sudcalifornianos, aunque “gozarán” de las playas más artificiales del planeta.

Roberto E Galindo Domínguez*

Maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017