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El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de la República (PGR), criminaliza al fray Bernardo Molina Esquiliano, integrante de La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes.

De acuerdo con una denuncia del internacional Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, “el 12 de junio pasado, el fray Tomás González Castillo se presentó en calidad de representante legal de La 72 ante la PGR, porque semanas antes el equipo de trabajo de La 72 estaba recibiendo varias notificaciones donde les informaban que el fray Bernardo Molina Esquiliano estaba siendo investigado”.

El Observatorio –surgido como un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos– recuerda que La 72 es una organización localizada en Tabasco, “que lleva a cabo un trabajo de apoyo legal, acogida a las personas migrantes y ha venido denunciando graves violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes”.

Respecto de la persecución contra el fray Molina, indica que en la PGR obra una denuncia en su contra –carpeta de investigación FED/TAB/TEN/0000134/2017–, interpuesta por Eduardo Silvestre Hernández Dighero, delegado en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. La acusación contra el defensor de los derechos de los migrantes indocumentados es por el supuesto de tráfico de personas.

Para el Observatorio internacional, de esa denuncia se deriva que “las autoridades mexicanas y el INM calificaron de ‘tráfico de personas’ la actividad de La 72, que consiste en acoger en Tabasco a las personas migrantes que transitan desde la frontera Sur de México por la carretera que cruza ese estado y llevarlas a la ciudad de Tenosique (en Tabasco, a 60 kilómetros de la frontera Sur con Guatemala) para poder atenderlas y proporcionarles un acompañamiento adecuado”.

Añade que este acto de criminalización se suma a las amenazas y actos de intimidación perpetrados anteriormente contra miembros de La 72, iniciados después de que esa organización denunciara violaciones de derechos humanos en la región.

Por ello, el Observatorio “condena enérgicamente los actos de criminalización que se están llevando a cabo en contra del fray Bernardo Molina Esquiliano y reitera su preocupación frente a los actos de intimidación que se han perpetrado en contra del equipo de La 72, que parecen deberse a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes”.

También, “urge al Estado mexicano a poner fin a la criminalización en contra del fray Molina Esquiliano, así como a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la efectiva instrumentación de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó activar en beneficio de La 72 y de la población migrante con la que trabaja”.

Nancy Flores

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