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La tragedia que vivieron los internos del Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Guerrero, el pasado 6 de julio es apenas una estampa de la crisis  que viven los penales en México.

Ese día, la supuesta riña entre grupos antagónicos en la cárcel de Acapulco dejó 28 reos fallecidos y al menos tres heridos. Lamentablemente, la gravedad de este hecho no marcará ninguna diferencia en esa cárcel ni en ninguna otra, porque el gobierno no tiene un plan para atender de manera integral la problemática.

Tres factores profundizan la crisis en las cárceles: el autogobierno, que es el control de la prisión a manos de los criminales; la sobrepoblación, y la violencia excesiva.

El más grave de los problemas estructurales es que el 65 por ciento de las prisiones estatales está en poder de grupos delictivos, observan las investigadoras Elena Azaola y Maïsa Hubert, en su análisis “¿Quién controla las prisiones mexicanas?”

Luego están la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva; las condiciones de vida indigna e infrahumana; la falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorables del personal penitenciario; y la indiferencia social y de autoridades hacia las prisiones, indican.

Factores que permiten prever que otras desgracias similares a la del Centro de Reinserción Social de Acapulco –con igual o más víctimas– ocurrirán con frecuencia en otras prisiones a lo largo del país.

En este tema, el Estado mexicano está rebasado. Más aún, el conflicto se intensifica por la probable liberación de cientos de reos, algunos encarcelados de manera injusta pero otros porque los delitos que cometieron dejarán de ser graves gracias al nuevo sistema de justicia penal.

La sobrepoblación de las cárceles no se soluciona con la liberación de presos: de concretarse, esta determinación puede incluir graves errores, como soltar a delincuentes peligrosos a un contexto de por sí violento o potenciar la comisión de los delitos “no graves”.

En la lista de los ilícitos que ya no ameritarán cárcel están: homicidio culposo; privación de la libertad con fines sexuales; violación, acoso y abuso  sexual; estupro; violencia familiar; lesiones; ejercicio ilegal del servicio público; evasión de presos; suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; esterilización forzada; abuso de confianza; amenazas; allanamiento de morada, entre otros.

El asunto no es menor, pues ya de por sí es difícil que haya justicia en este país: el 99 por ciento de los crímenes está impune. Aunado a ello, si algo caracteriza al sistema de justicia es la corrupción, por lo que resulta muy común que inocentes pasen por culpables y que los verdaderos delincuentes estén en libertad. En ese sentido, no sería extraño que algunos criminales obtuvieran ilegalmente su excarcelación, a través de la compra de jueces, magistrados y hasta ministros.

Por eso al hacinamiento se le debe encontrar una solución justa, sobre todo por lo diezmada que está la sociedad por la acción del crimen organizado, la delincuencia común y los delitos de cuello blanco.

El problema sin duda existe: “en 51 por ciento de los centros penitenciarios del país existía sobrepoblación [en 2016], que afectaba a 24 mil 221 internos”, refiere la carpeta informativa Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?

Elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, agrega que “los centros penitenciarios con mayor sobrepoblación fueron los del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla”. Por el contrario, indica que “en la mayoría de los Ceferesos [centros federales de readaptación social] se observaron espacios disponibles”.

En días recientes se ha alertado que, con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, hasta 30 mil presos podrían obtener su libertad. De éstos, en la Ciudad de México serían excarcelados unos 4 mil, según el gobierno capitalino. Habrá que ver cómo aplican las autoridades de justicia el nuevo sistema y si este tema no es más que una falsa alarma.

El análisis del Cesop indica que, “en 2016, México contaba con 236 mil 886 internos, de los cuales poco más de 45 mil se encontraban recluidos por delitos del fuero federal y casi 192 mil por delitos del fuero común. Ello significa que ocho de cada 10 internos son procesados o sentenciados por delitos de competencia local”.

También destaca la violencia que se vive en los centros penitenciarios: “según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, sólo en julio de 2016 se registraron 181 incidencias donde participaron 377 presos. Desatacan en orden de importancia las riñas (81), agresiones (48) y homicidios (27)”.

Pero parece que esto no les importa a los gobiernos federal y estatales, pues nada hacen para procurar justicia, resolver el hacinamiento y frenar la impunidad.

De acuerdo con la nota informativa del Cesop, “el número de centros penitenciarios en el país presenta una tendencia a la baja. En el año 2000 había 444 y para 2016 se disponían de 379. En 2016, del total de centros penitenciarios, 17 eran Ceferesos y 278 estatales, conocidos como centros de reinserción social, y 71 eran municipales”.

Y no es que haciendo más cárceles se resuelva el asunto: la sociedad necesita oportunidades de estudio y trabajo dignos; reconstrucción del tejido social; justicia ante los crímenes, incluyendo los de lesa humanidad (que sí existen en México), y, en general, un estado de derecho que provea  seguridad en todos los ámbitos de la vida.

Algo que parece una utopía, pues nuestros gobernantes se empecinan en privilegiar a la clase política y económica dominante –especialmente a trasnacionales que despojan los recursos de este empobrecido país–, en vez de generar un ambiente de paz y seguridad para las mayorías.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 548 / del 17 al 23 de Julio de 2017