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Los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa –desaparecidos forzadamente desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero– denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México, en vez de obtener justicia, han sido objeto de agresiones.

Ante los nulos avances en las investigaciones, los familiares de los jóvenes desaparecidos han tenido que protestar para exigir la verdad y justicia. Pero la respuesta ha sido la criminalización, amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación e incluso el espionaje, denunciaron a la CIDH, que sesiona en Lima, Perú.

Agregaron que, a la fecha, “no existen avances en el análisis de la tecnología celular de los estudiantes, sino paradójicamente el Estado ha invertido cuantiosos recursos para espiar a los padres de los 43 y sus abogados”.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, representados por la señora Cristina Bautista y Mario César González, manifestaron que a más de 33 meses de los hechos “no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos”.

Durante la audiencia de seguimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, llevada a cabo en el 163 periodo de sesiones de la CIDH, los familiares y sus representantes legales también “denunciaron que el cronograma acordado por parte de las autoridades mexicanas en cumplimiento del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre el caso no se cumplió de manera cabal. Existen líneas de investigación que el Estado se comprometió resolver en junio pero a la fecha no han presentado resultados”.

Para las víctimas, dicho cronograma “ha sido utilizado únicamente como un mecanismo de dilación en las indagatorias realizando oficios y trámites burocráticos desde el escritorio sin presentar avances reales como la detención de los Policías Municipales de Huitzuco, policías federales e investigaciones y procesamiento de elementos del Ejército Mexicano con presuntos vínculos con organizaciones delictivas, y que omitieron dar información de los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Nancy Flores