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La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso mexicano busca normalizar el Estado de excepción y el actuar de las Fuerzas Militares en los asuntos de seguridad pública, alertan 37 organizaciones de la sociedad civil de Canadá, Estados Unidos, Haití y México.

Al rechazar el proyecto de ley, observan que hay un alto riesgo de que se apruebe y, con éste, se legitime “la intervención del Ejército [Mexicano] en acciones de seguridad pública”.

“Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado mexicano, que prevé que las Fuerzas Armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil.”

Para las organizaciones, la aprobación de dicha ley significaría una afronta a los derechos humanos, afirman. Pues consideran que la militarización en México ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes en México.

“Todo indica que la estrategia de militarización instrumentada por el gobierno mexicano desde 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha”, indican a través de un comunicado.

Agregan que “existe evidencia de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1 mil 273 denuncias por tortura en manos de militares”.

Para las organizaciones –de las cuales 28 son canadienses, siete mexicanas, una estadunidense y una haitiana– es “altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado”.

Entre las organizaciones firmantes están el Centre International de Solidarité Ouvrière; el Conseil Central du Montréal Métropolitain; el Bloque de Artistas del Centro de Trabajadores Inmigrantes de Quebec; la Canadian Council for International Co-operation; Acción Colectiva; Bios Iguana; Coalición Fortaleza Latina PA; y la Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé.

Nancy Flores