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El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que, de acuerdo con estimaciones de la UNAM, en nuestro país hay 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad que trabajan, lo que no sólo afecta sus derechos, sino reduce su esperanza de vida como consecuencia de la condición de vulnerabilidad a la que están expuestos.

Llamó a sociedad y autoridades a no cerrar los ojos o pretender que no existen la explotación, violencia y maltrato infantil y de adolescentes, y señaló que “no podemos permanecer indiferentes ante situaciones que niegan su dignidad y cancelan sus posibilidades de acceder a un desarrollo armónico y pleno”.

Al inaugurar el Foro, Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030, destacó que los problemas y retos que presenta el respeto y vigencia de los derechos humanos de niños y adolescentes van desde lograr que sean considerados como sujetos plenos de derecho y no sólo como objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y medios para que tengan acceso efectivo a la justicia y hagan valer sus derechos.

Por su parte, Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que las políticas públicas padecen adultocentrismo y que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen una dimensión importante de la niñez, a la que se debe empoderar, así como impulsar ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el acceso a la justicia.

Señaló que uno de los principales retos de nuestro país, es atender la desaparición de personas, que incluye a menores de edad; reflexionó sobre la situación de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil, y refirió que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales se necesita atender a los niños en extrema pobreza, exclusión social y marginación.

José Réyez

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