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En caso de espionaje, PGR apuesta por “control de daños”

En caso de espionaje, PGR apuesta por “control de daños”

El grupo de apoyo técnico para investigar el espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, anunciado por la Procuraduría General de la República el 26 de junio y en el que participará la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, “se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos”, señala la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.

Por medio de un comunicado –firmado por 76 organizaciones y personas–, indica que “en las actuales circunstancias de violencia y criminalidad exacerbada, la inteligencia del Estado tendría que estar destinada a reunir información para profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la delincuencia y de esa manera diseñar estrategias de seguridad novedosas y que apunten al éxito. Sin embargo, el uso de la inteligencia se pervierte y se endereza contra  periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales”.

Para la Plataforma, los probables objetivos del espionaje incluirían la intimidación y la motivación para hacerlos desistir de sus trabajos, “lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias”.

Los firmantes señalan que “la compra de software de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción, pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas. Corrupción alentada por la clara conciencia de que no habrá consecuencia alguna por estos delitos penales y administrativos”.

Agregan que la investigación penal que se requiere debe ser acorde con las implicaciones y la gravedad de las afectaciones generadas por ese acto pluriofensivo que es la intervención ilegal de comunicaciones.

El espionaje ilegal, indican, “contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que pudiera tener; por tanto, la investigación debiera abordar esta conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos, así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales”.

Detallan que “limitar la respuesta estatal sólo a la persecución penal, bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión, significa ignorar otros aspectos igual de relevantes para el combate a la impunidad. Bajo esta perspectiva, será difícil garantizar la no repetición de estos hechos y ejercer controles efectivos sobre este tipo de actos, cuyas afectaciones aún no se han dimensionado”.

Entre los firmantes están las organizaciones Alarbo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nancy Flores