Autor:

El grupo de apoyo técnico para investigar el espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, anunciado por la Procuraduría General de la República el 26 de junio y en el que participará la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, “se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos”, señala la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.

Por medio de un comunicado –firmado por 76 organizaciones y personas–, indica que “en las actuales circunstancias de violencia y criminalidad exacerbada, la inteligencia del Estado tendría que estar destinada a reunir información para profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la delincuencia y de esa manera diseñar estrategias de seguridad novedosas y que apunten al éxito. Sin embargo, el uso de la inteligencia se pervierte y se endereza contra  periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales”.

Para la Plataforma, los probables objetivos del espionaje incluirían la intimidación y la motivación para hacerlos desistir de sus trabajos, “lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias”.

Los firmantes señalan que “la compra de software de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción, pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas. Corrupción alentada por la clara conciencia de que no habrá consecuencia alguna por estos delitos penales y administrativos”.

Agregan que la investigación penal que se requiere debe ser acorde con las implicaciones y la gravedad de las afectaciones generadas por ese acto pluriofensivo que es la intervención ilegal de comunicaciones.

El espionaje ilegal, indican, “contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que pudiera tener; por tanto, la investigación debiera abordar esta conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos, así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales”.

Detallan que “limitar la respuesta estatal sólo a la persecución penal, bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión, significa ignorar otros aspectos igual de relevantes para el combate a la impunidad. Bajo esta perspectiva, será difícil garantizar la no repetición de estos hechos y ejercer controles efectivos sobre este tipo de actos, cuyas afectaciones aún no se han dimensionado”.

Entre los firmantes están las organizaciones Alarbo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nancy Flores