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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, y El Poder del Consumidor señalan que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha lanzado una amenaza en contra de los denunciantes del espionaje gubernamental.

Según las organizaciones, el mandatario mexicano condena al fracaso las investigaciones del presunto espionaje, normaliza el impacto de los intentos de intervención en la vida de las personas, resta importancia a las intromisión ilegal y profiere “una preocupante amenaza a las y los denunciantes”. “El presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”.

A través de un comunicado, recuerdan que el 22 de junio el presidente habló  por primera vez de las denuncias sobre el uso ilegal de tecnología para intervenir telecomunicaciones de periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.

 “En su discurso, el presidente Peña Nieto rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas y ordenó una investigación. Asimismo, aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuenta con la tecnología de espionaje en cuestión. Al mismo tiempo, sin embargo, el primer mandatario realizó diversas expresiones impropias de su investidura y en extremo preocupantes.”

Para las organizaciones, “sin esperar a que la investigación siquiera iniciara, el Presidente condenó al fracaso la indagatoria al afirmar: ‘[…] Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso’, insistiendo en que las denuncias son ‘falsos señalamientos’. Es decir, el titular del Ejecutivo calificó, sin que mediara una indagatoria, como falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”.

Las organizaciones apuntan que, “dado que la investigación aún no ha comenzado, el mandatario carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección. Que el presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.

En su comunicado, alertan que esas declaraciones normalizan la gravedad de las denuncias y minimizan las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado el espionaje.

Y es que el mandatario dijo que “ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. Declaración que es calificada por las organizaciones como irresponsable y carente de sustento.

“Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información.”

Las organizaciones también señalan que Peña Nieto realizó una afirmación en extremo grave, al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje. “Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que digo telefónicamente. No faltará que alguien, o alguna vez, exhiban una conversación mía”.

Para las organizaciones, es alarmante que un jefe de Estado acepte pasivamente las intervenciones ilegales. “La seguridad de las comunicaciones del presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el titular del Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación”.

Respecto de lo que consideran una amenaza, indican que esta se deriva del cierre de su discurso: “Espero que la PGR [Procuraduría General de la República] con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Las organizaciones observan que el presidente no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables del espionaje, sino que amenazó a quienes documentaron técnicamente la vigilancia ilegal.

“Esta posición presidencial es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar. Cuando el presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global”.

Las organizaciones reiteran “que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR en la ‘investigación’ del espionaje. En el mismo sentido demandamos –dado que el presidente afirmó que su gobierno cuenta con la tecnología de espionaje– que se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje”.

Nancy Flores