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Víctimas del presunto espionaje gubernamental –documentado en el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos– presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la ilegal intervención de sus comunicaciones a través de un software malicioso derivado de la plataforma Pegasus.

También solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e informaron del acoso ante distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

A través de un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que no se trata de casos aislados: la evidencia apunta “a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.

La acusación se deriva de su propia experiencia: “entre los meses de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de la organización, recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus”.

De acuerdo con la organización, “los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco”.

Agrega que, “según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual, en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación, reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia”.

En el caso del espionaje contra defensores y periodistas, el Centro Prodh presume “la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos”.

Por ello, rechaza este nuevo ataque en contra de la sociedad civil; exige “rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”; y pide realizar “reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”.

Para el Centro Prodh, “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”.