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La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) se mostró inconforme por el “nivel de delicadeza diplomática y condescendiente” que tuvo el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas que asistió a México para “evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humano, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para Proteger, Respetar y Remediar”.

Esto, ya que pasaron por alto la represión y olvidaron a los desaparecidos, asesinados y habitantes enfermos; además de los ecosistemas “hechos pedazos” por las empresas y solapadas por las instancias de gobierno.

A través de un comunicado, la REMA considera que “No nos escucharon cuando les dijimos que no queremos este modelo económico de desarrollo porque nos está despedazando la vida social y está acabando con los bienes naturales, y por ello no se trata de fomentar procedimientos para convencernos de manera ‘previa, libre e informada’”.

La organización critica que el Grupo de trabajo presentó un informe de 108 puntos en donde prevalece una “‘práctica compasiva’ del buen lenguaje; de la solicitud respetuosa tanto para las empresas como para los gobiernos quienes se caracterizan por ser esencialmente irrespetuosos; pretenden hacernos creer que el ‘ejercicio inadecuado de la diligencia en los derechos humanos’ por parte de las empresas y el gobierno, es la causal de la violación de los mismos. Han descendido al nivel propio del encubrimiento discursivo de los funcionarios electorales. Lamentamos que este tipo de instancias de la ONU hayan dejado de operar como verdaderos actores de vinculación y denuncia para los pueblos y sirvan para contrarrestar un poco la terrible asimetría que enfrentamos contra el poder empresarial y gubernamental, por el contrario, se han vuelto otro intermediario del proceso que vivimos, en donde la paz, el respeto de los pueblos y el buen vivir pueden ser negociados o ‘armonizados’ desde arriba”.

Reitera que los pueblos e integrantes de la REMA “ni queremos ni requerimos ni necesitamos mecanismos adecuados de consulta, porque nos oponemos a la imposición de un modelo extractivo que atenta contra la vida”. Además, “exige total respeto a la libre determinación, autonomía y autogestión de los pueblos, todos reconocidos en nuestra carta magna y en los tratados internacionales.

Objeta que el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas recomiende al gobierno y a las corporaciones que “armonicen leyes” para la instrumentación de “los llamados códigos voluntarios, de principios rectores, de responsabilidad social corporativa o de cualquier ocurrencia basados en el comportamiento de su ‘conciencia de ética y moral’. Quienes asesinan y violan derechos carecen de ello, por lo tanto, y en contrasentido, continuaremos esforzándonos por trascender en procesos para llevar a los dueños y directivos de las empresas y a los corruptos representantes del gobierno a la rendición de cuentas, para de una vez acabar con la enferma visión de que lo único que pueden esperar los afectados es la ‘restitución de daños’ o la desvergonzada política ‘del que contamina paga’”.

Los funcionarios del organismo internacional Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, visitaron nuestro país del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, por invitación del gobierno mexicano y rindieron el informe a principios de junio pasado en Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos y las autoridades mexicanas.

 

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