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A 2 días de cumplirse 1 año de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho civiles muertos y más de 100 heridos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno mexicano realizar una investigación exhaustiva y proveer garantías de no repetición.

Las instituciones de derechos humanos realizaron un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, Oaxaca, para observar los avances en las investigaciones y las garantías brindadas a la población afectada.

Al terminar el recorrido, condenaron los hechos y llamaron al diálogo. “Las instituciones suscritas exhortan a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia”.

También recordaron “a las autoridades que todo operativo policial debe tener como premisa esencial el respeto del derecho a la vida e integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad”.

Y es que el 19 de junio de 2016 fueron elementos de la Policía Federal y estatal quienes habrían acribillado a los manifestantes (en su mayoría, maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se oponen a la reforma en la materia).

De acuerdo con el comunicado conjunto, para la DDHPO, la CNDH y la ONU-DH, “cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause heridos o muertos debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos”.

Por ello, las tres instituciones “exhortan a las autoridades de procuración de justicia a cimentar y concretar su actuación ante la ausencia de resultados de las investigaciones realizadas. Es cierto que los operadores de procuración de justicia han tenido dificultades de acceso al lugar de los hechos por la falta de confianza expresada por la población en las autoridades encargadas de la investigación. No obstante lo anterior, ésta debería poder identificar las fallas que ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables. Como medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como federales”.

Para las instituciones firmantes, los hechos de Nochixtlán “deben ser interpretados en el contexto histórico y social de Oaxaca. El rezago en el goce igualitario de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, históricamente ha generado un clamor de justicia social que no ha sido debidamente atendido. Las causas estructurales que propician situaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas de forma efectiva”.

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