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Las empresas eólicas Eléctrica del Valle de México —subsidiaria de Électricité de France—; Gamesa y Eólica Unión, ambas de origen español, pretenden instalarse en la comunidad zapoteca Unión Hidalgo, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, sin consulta de los habitantes de esas tierras.

Los comuneros, acompañados del por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), presentaron un amparo en los juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales otorguen concesiones para la instalación de nuevos proyectos eólicos en la región.

El mecanismo jurídico pretende hacer valer el derecho de la comunidad indígena para que se le respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado y a que se les consulte antes de otorgar cualquier concesión para la construcción de estos megaproyectos.

Los habitantes de Unión Hidalgo interpusieron el amparo con base en documentación de hechos que han ocurrido en la localidad, así como por recientes declaraciones de autoridades de los gobiernos estatales y municipales al respecto de la instalación de nuevos proyectos eólicos en la zona, informó Prodesc.

El informe el México: empresas y derechos humanos —elaborado por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos (entre ellas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y Prodesc) indica que los principales abusos cometidos son la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos (Contralínea, 506 http://bit.ly/2cmhi9L ).

El ensayo Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, elaborado por los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Sergio Juárez-Hernández y Gabriel León, indica que la velocidad a la que corre el viento en esta región es “favorable” para la instalación de centrales eoloeléctricas. “Todo ello lo distingue como uno de los sitios más atractivos en el mundo para la explotación eólica en escala comercial […].

No obstante, dicen los investigadores de la UNAM, “los intereses de las empresas chocan frecuentemente chocan con los de las comunidades locales donde se pretenden erigir los proyectos. Ello se refleja en el descontento social creciente ante el despliegue masivo de aerogeneradores…” (Contralínea, 444)

Exigen respeto a los derechos humanos

Juan Antonio López Cruz, Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización defensora de derechos humanos, dijo que es urgente garantizar los derechos de la comunidad para que se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada, ya que “de no hacerlo se corre el riesgo de repetir atropellos como los que han cometido otras empresas eólicas en la región del Istmo de Tehuantepec”.

“La comunidad enfatiza que frente a cualquier proyecto de este tipo la nueva administración en Oaxaca debe regirse bajo los más altos estándares de derechos humanos. La falta de consideración de la calidad de la tierra, así como los usos y costumbres de los pueblos que la habitan afecta la propiedad y posesión de la comunidad agraria de Unión Hidalgo”, comunicó Prodesc.

López Cruz advierte que “el desarrollo de Oaxaca y de México debe respetar los derechos humanos y sobre todo, el derecho de los pueblos y las comunidades a elegir su propio desarrollo”. También señaló que “el gobierno estatal de Oaxaca y el municipal de Unión Hidalgo deben brindar y asegurar certeza jurídica y acceso a la justicia para las comunidades y los pueblos que de manera legal y pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio y bienes naturales”.

En los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, tales como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. A la par, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades. A esto se suma la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la protección de la comunidad.

“Como muestra de esta afectación constan las violaciones a derechos humanos que desde el año 2011 enfrentan los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo luego de que  la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, orillara a la comunidad a firmar contratos de arrendamiento con poca información, proporcionada en español a pesar de que en la región se habla zapoteco, y sin contar con datos sobre las consecuencias negativas que implicaría el proyecto en su territorio.

“Al firmar los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra, ya que en los documentos se asentó la calidad de las personas que firmaban como pequeños propietarios y no como comuneros. Por ese motivo las y los posesionarios de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la nulidad de esos contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales”, informó Prodesc.

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