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Miles de millones de pesos extraídos del erario nacional a favor de empresas privadas ­–vía apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt– carecen de evaluaciones y de transparencia, revela el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación.

El dictamen, emitido por los auditores el 20 de septiembre de 2016, revela que, en 2015, el Consejo otorgó subsidios por 3 mil 552 millones 672.2 mil pesos, a 673 empresas que realizaron 794 proyectos. Y en el periodo 2011-2015 se contabilizó una cantidad acumulada de 14 mil 503 millones 920 mil pesos.

No obstante los multimillonarios montos, no se valoró su impacto. Y es que, aunque el Consejo está obligado a evaluar el efecto del Programa de Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas, omitió hacerlo en los periodos de 2014 y 2015.

De acuerdo con la ASF, la evaluación se realiza por medio de un cuestionario que aplica un tercero a las empresas apoyadas. “Pero el Consejo no contó con información sobre los resultados de 2015 debido a que en junio de 2016 se suscribió el contrato para aplicar el cuestionario”.

La Auditoría agrega que “respecto de 2014, no fue posible determinar los resultados, debido a que no dispuso de mecanismos de control y seguimiento para recabar y sistematizar los datos, a fin de disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente”.

A decir del máximo órgano fiscalizador, su importancia radica en que, a partir del análisis, el Consejo pueda conocer, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente los subsidios.

El Conacyt desconoce los efectos de la instrumentación del Programa, refiere el informe, pues “las evaluaciones no se realizan con oportunidad. Por ello no fue posible determinar en qué medida los subsidios otorgados a las empresas contribuyeron a generar nuevos productos, procesos o servicios de alto valor agregado y empleos de calidad, la protección y registro de la propiedad intelectual, así como el incremento de la competitividad de las empresas”.

Otra irregularidad detectada por los auditores fue que “el Consejo no cuantificó a la población potencial y objetivo del programa, razón por la que

desconoció el número de empresas que presentaron el problema por atender y, en qué medida lo atendió y lo que falta por cubrir”.

Aunado a ello, la ASF descubrió inconsistencias contables: “la información relativa a los proyectos apoyados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, las cifras de los recursos que otorgó el Consejo y la inversión de las empresas presentaron diferencias respecto de las bases de datos con las que se acreditaron”.

La diferencia más significativa ascendió a 132 millones 396.1 mil pesos y se detectó entre la variable del indicador “Efecto multiplicador del estímulo económico complementario”, cuyo resultado se reportó en la Cuenta Pública 2015, y la base de datos “Monto destinado a los proyectos del Pp U003”, que proporcionó la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

La última anomalía señalada por la ASF fue que el Consejo tampoco estableció la temporalidad para el otorgamiento del subsidio.

Nancy Flores

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