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El programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género –­que encabeza el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva e involucra a las 32 entidades federativas– sufrió 10 daños patrimoniales en el ejercicio 2015, por más de 35 millones de pesos, alerta el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, dicho programa tiene por objetivo “reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad”.

No obstante su urgencia, en la presunta defraudación con mayor impacto económico –por 27 millones 366.7 mil pesos– están involucradas 15 entidades federativas, que omitieron comprobar el destino del gasto y tampoco devolvieron los recursos públicos a la Tesorería de la Federación.

De esos 15 estados, el de la Ciudad de México es el que reportó el mayor monto sin comprobar: 6 millones 925 mil pesos. Le siguieron Jalisco, por 3 millones 160 mil; Campeche, por 2 millones 599.1 mil; Chihuahua, por 2 millones 420.2 mil; Nayarit, por 2 millones 276.9 mil; Guanajuato, por 2 millones 254 mil pesos.

En la lista también figura el violento Veracruz, entonces gobernado por Javier Duarte, con un monto sin comprobar por 1 millón 923.4 mil pesos. Además, Querétaro, por 1 millón 549.2 mil; Yucatán, por 1 millón 374.2 mil; Guerrero, por 1 millón 204.8 mil; Oaxaca, por 665.5 mil; Baja California, por 568.7 mil; Chiapas, por 338 mil; Michoacán, por 95.5 mil; y Tabasco, por 12.2 mil pesos.

Por ese motivo, la ASF emitió un pliego de observaciones en el que señala que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por 27 millones 366 mil 744.52 pesos, por concepto de recursos federales ministrados por la Secretaría de Salud –por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– a 15 entidades federativas que no acreditaron por conducto de la Secretaría de Salud estatal, o su equivalente, como unidad ejecutora, que fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, mediante el programa de acción específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

Pero no sólo las entidades federativas dañaron el erario destinado a combatir la violencia de género. También lo habrían hecho 12 organizaciones de la sociedad civil y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Durango, revela el informe de la ASF.

En el pliego de observaciones, los auditores indicaron que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por un 4 millones 83 mil 817.67 pesos por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por una institución pública [el DIF Durango] y 12 organizaciones de la sociedad civil sin contar con la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los cuales se consideraron, indebidamente, como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acreditar la aplicación de los recursos por el apoyo para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa”.

En dos casos, la ASF pidió al Servicio de Administración Tributaria auditar a los involucrados: se trata de la asociación civil Movimiento y Transformación Río Abierto y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Durango, porque entregaron comprobantes fiscales cancelados.

 

 

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