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La Agenda Nacional de Riesgos, uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como “opositores” a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”. Un riesgo para la seguridad nacional, indica.

En la información recabada por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se incluye a sindicatos y movimientos ambientalistas opositores a los proyectos de infraestructura, explotación de hidrocarburos, o minería.

Entre los nombres          que identifica en un primer panorama se encuentran: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (que ha pugnado por la Reforma Educativa), el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Amplio Social, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Cada una de estas organizaciones populares se han enfrentado a reformas o cambios hechos por el gobierno en sus condiciones laborales, territoriales, educativas o ambientales. La oposición a estas modificaciones ha dejado como saldo para los activistas y defensores de derechos humanos: represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, incluso  asesinato.

El documento al que se tuvo acceso reconoce que las reformas educativa y laboral son las principales que han movilizado al país. El capítulo, clasificado como confidencial, se encuentra bajo el título “Ingobernabilidad por movimientos sociales” y, es el segundo en importancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”.

Érika Ramírez

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