Algunas decisiones del gobierno panista de Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur (BCS) en cuanto a educación y otras del gobierno federal en cultura para el estado son, a primera vista, al menos cuestionables; analizadas a fondo evidencian desinterés en el porvenir de la sociedad. La educación y el desarrollo cultural son lo que marca el avance de las civilizaciones, y en Baja California Sur, ambos aspectos son ahora más necesarios que antes: en los últimos años dejó de ser una entidad pacífica y ya es una de las más violentas en relación a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (Baja California Sur, bajo el yugo de la violencia).
En cuanto a las decisiones estatales, dos casos han llamado la atención recientemente. Por un lado, el intento de cierre de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México, que no se ha consumado porque intervinieron autoridades federales, y la sociedad aún no pierde la disputa con el gobierno estatal. Por otro lado, a finales de 2016 las autoridades sudcalifornianas impusieron su criterio en el caso de la Escuela Primaria 18 de Marzo de La Paz, la que consideraron ya no era apta para funcionar como centro educativo y procedieron a su demolición, sin antes dar respuestas satisfactorias a un amplio sector de la población que no creía en la inviabilidad de mantener el inmueble. Además, no se ha hecho público el uso que se le dará al predio en el que estaba la escuela (Política contra la educación en Baja California Sur).
A nivel federal, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, avalada por la Cámara de Diputados, canceló la aportación para cultura a los estados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. En 2016, Baja California Sur tuvo un presupuesto federal para cultura de poco más de 47 millones pesos, de los que aproximadamente 34 millones fueron destinados a la ejecución de la mayor cantidad de proyectos culturales en el entidad, que incluyen los salarios para personal especializado en la aplicación de los mismos y que no es de base. El resto fue usado, entre otras cosas, para infraestructura, remodelación y/o equipamiento.
Ante esta cancelación económica, muchos ciudadanos se manifestaron hacia Mendoza Davis: artistas, escritores, académicos, estudiantes y otras personas le enviaron más de 70 cartas, en las que se le exhorta a no ser insensible a esta situación y se le pide que vea la manera de restablecer el flujo económico al sector cultural. Esto significa no disminuir el monto federal del año pasado. A este respecto, y ante la desafortunada decisión del gobierno federal priísta de extinguir la inversión cultural en la media península, se ha mantenido en diversos medios que el gobierno estatal aportaría 12 millones de pesos complementarios al Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), que finalmente serán alrededor de 22 millones, que deben ser parte del presupuesto general autorizado por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para cultura. Cantidad que representa menos del 50 por ciento de lo que antes aportaba la federación para la aplicación de proyectos.
Cabe señalar que la Secretaría de Finanzas estatal tiene un presupuesto para el ISC para 2017 de 97 millones 586 mil 797 pesos, que representa un incremento de poco más de 26 por ciento con respecto al de 2016, que fue de 70 millones 948 mil 803 pesos (“Tarjeta informativa. Asunto: situación presupuestal para el Instituto Sudcaliforniano de Cultura para el ejercicio Fiscal 2017”. Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Baja California Sur). Pero esta partida es principalmente para salarios, gastos por servicios generales, materiales y suministros; y aún con el incremento no se subsanará el dinero que antes aportaba la federación para la aplicación de proyectos.
Para ejemplificar el deterioro a que se verán sometidas diversas áreas del ISC, tomemos como ejemplo el caso de la Coordinación de Fomento Editorial (CFE) que, de acuerdo con Sandino Gámez –quien la dirige–, se le ha asignado mediante el oficio Ref ISC-030-I/2017-DG un monto de 2 millones 500mil pesos, cantidad que debe ser parte del aporte estatal extra. Por ello, lo considera un enorme retroceso, ya que en 2016 dicha coordinación recibió 3 millones 850 mil pesos y ahora dejará de percibir 1 millón 350 mil, alrededor de 35 por ciento menos.
Es necesario que el gobierno estatal especifique el origen de la aportación presupuestal extra a cultura, es decir, de qué partida la ha seleccionado, si es que ha hecho recortes en otras áreas, y que explique por qué no ha podido aportar más al ISC, al menos para mantener lo que el instituto recibió de la federación en 2016.
La reducción de proyectos y eventos del ISC, como consecuencia de la falta de recursos económicos, conllevará al deterioro del desarrollo cultural que alcanzó Baja California Sur en los últimos años. En lo referente a la edición de libros y su difusión, tareas fundamentales de la CFE, así como otro tipo de eventos literarios que inciden en la formación de públicos lectores con un mayor espectro de visión social; es evidente que con la reducción del presupuesto pasará lo mismo con la producción de libros y los lectores.
Lamentablemente el cierre de espacios educativos y la disminución presupuestal a cultura se dan cuando la sociedad sudcaliforniana ha sido tan violentada por el crimen organizado, en una entidad cada vez menos segura para vivir con un mayor índice de delitos graves y una militarización en aumento. Y aún así parece no quedarles claro a nuestras autoridades federales y estatales que la educación y la incentivación cultural son una manera más eficaz de luchar contra la violencia que las balas.
Roberto E Galindo Domínguez
*Maestro en ciencias, arqueólogo y buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
[OPINIÓN]
Contralínea 525 / del 05 al 11 de Febrero 2017
