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Montevideo, Uruguay. El triunfo del gobierno de Uruguay ante la demanda establecida por la tabacalera trasnacional Philip Morris constituyó en el año que termina un fuerte espaldarazo a las autoridades del pequeño país suramericano en su campaña contra el tabaquismo.

Este juicio de la multinacional se consideró a nivel internacional como “un caso emblemático”, pues por primera vez tuvo lugar una acción judicial por la supuesta vulneración de los derechos de propiedad intelectual de una empresa, basados en un acuerdo de protección recíproca de inversiones.

La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos, llegó en julio de 2016, 6 años después de presentada la disputa (en febrero de 2010 y cuyos antecedentes se remontan a los años 2008 y 2009).

Para ese entonces, el Ejecutivo uruguayo, encabezado en su primer periodo de gobierno por el presidente Tabaré Vázquez, de profesión oncólogo, instrumentó dos medidas de control del tabaco que condujeron a la querella jurídica, a la que se sumó la prohibición de fumar en lugares públicos.

Una de ellas incluía el requisito de presentación único, el cual impedía a los fabricantes de tabaco comercializar múltiples presentaciones de cualquier marca de cigarrillos.

La otra medida aumentaba el tamaño de las advertencias sanitarias que aparecían en los paquetes de cigarrillos de 50 a 80 por centímetro de la parte inferior de los lados principales de cada paquete.

Bastaron estas dos decisiones para que la poderosa tabacalera estadunidense, la primera del mundo fundada en 1847, presentara la demanda ante el Ciadi con el argumento de que algunas de las medidas de control del tabaco violaban el tratado de inversión entre Suiza y Uruguay.

En 2011, la tabacalera estadunidense cerró su planta en la nación suramericana bajo el alegato de que “las medidas regulatorias e impositivas extremas instrumentadas” causaron un cambio en la dinámica del mercado, indicó entonces en un comunicado.

Philip Morris, que tiene su sede precisamente en la ciudad helvética de Lausana, es propietaria de siete de las 20 marcas de cigarrillos más vendidas en el mundo, y Montevideo prohibió siete de sus 12 productos.

Esta empresa fue denunciada, además, por utilizar mano de obra esclava en Asia y ha sido demandada judicialmente por personas que han sufrido cáncer de pulmón.

La decisión del tribunal fue considerada por los expertos significativa para las disputas que implican la interacción entre las cuestiones relativas a la interferencia con la inversión extranjera y la protección de los objetivos de bienestar público.

Asimismo, demostró que los tribunales del Ciadi ejercieron su respeto a la hora de decidir si una nación soberana incumplió sus obligaciones con un inversionista extranjero mediante la aplicación de medidas reglamentarias dirigidas a proteger la salud pública.

También confirmó que los tribunales de inversión serán “deferentes a la estructura judicial única de un Estado” e impondrán un nivel alto antes de decidir que el sistema judicial de un país negó la justicia a un inversionista extranjero.

Enfrentar a la trasnacional Philip Morris parecía una lucha de David contra Goliat, pero el mandatario uruguayo siempre sostuvo que la multinacional quiso “escarmentar” a Uruguay pero que éste “no tiene miedo”.

En su discurso ante la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2016, el gobernante lanzó una convocatoria para establecer una alianza mundial por la salud y la vida, en la que participen países, gobiernos, pueblos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones científicas, médicas.

Allí defendió que más allá de los argumentos de esa tabacalera, “su razón fundamental era castigar a un pequeño país” que se había propuesto controlar el consumo de tabaco.

Por encima de los argumentos jurídicos, Vázquez defendió siempre que el tabaquismo es una pandemia que mata entre 7 millones y 8 millones de personas al año en el mundo y no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima de la defensa de los derechos fundamentales como “son la vida y la salud”.

Conocido el fallo judicial, el jefe de Estado uruguayo ofreció una alocución en cadena de radio y televisión, donde destacó que las pretensiones de las tabacaleras fueron “rotundamente rechazadas”.

Uruguay, dijo, defendió su poder soberano para dictar normas de advertencias sanitarias, prohibiendo incluso el uso de símbolos o términos tendientes a desvirtuar la falsa sugerencia que algunos cigarrillos son menos nocivos que otros.

Subrayó que su país, “sin violar ningún tratado”, satisfizo “su irrenunciable compromiso con la defensa de la salud de su gente”.

Vázquez ratificó, asimismo, el firme compromiso de seguir la más frontal y directa lucha contra el consumo de tabaco, con el objetivo de reducir “la pesada carga” que esta epidemia pone sobre el pueblo.

De igual manera, invitó al resto de las naciones del mundo a sumarse “al combate de este flagelo”, sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras.

Como parte de los gastos de Uruguay en su defensa durante los años de juicio, Ciadi obligó a la tabacalera a pagar una compensación de 7 millones de dólares, y a asumir, además, la totalidad de los gastos del Tribunal, 1 millón y medio más.

El triunfo del pequeño país suramericano fue recibido con beneplácito por múltiples personalidades e instituciones en el mundo y regionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OPS felicitó a Vázquez y significó que el falló “reforzó el derecho” soberano de los estados de proteger la vida y la salud de las poblaciones sobre “los intereses comerciales”.

Esta decisión, destacó, no sólo es un reconocimiento a los esfuerzos continuos de Uruguay por proteger a su población contra el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, sino que también “sienta un precedente y un llamado a todos los países a implementar estas medidas sin miedo a violar ningún tratado”.

La lucha contra el tabaquismo

El triunfo, ante el litigio abierto por Philip Morris, estimuló al gobierno de Tabaré Vázquez, y su ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció nuevas medidas para 2017 que amplían su lucha antitabaquismo.

Como parte de esas medidas se decidió para el venidero año el etiquetado genérico en las cajetillas de cigarrillos, que incluye forma y color únicos, mayores advertencias sanitarias y marcas con igual tonalidad y tipografías.

Basso declaró ante la prensa que si el fallo del Ciadi hubiera sido adverso, el país no iba a modificar su política antitabaco, cuyo propósito para este período de gobierno (2015-2020) es reducir los índices de prevalencia de consumo en 20 por ciento.

En los últimos años, como consecuencia de la política instrumentada por este país, el índice de prevalencia del tabaquismo entre adultos disminuyó de 32 por ciento en 2006 a 22 en 2014, según los datos oficiales.

Este impacto fue aún mayor entre adolescentes, al reducirse de manera radical de 20.2 por ciento a 8.2, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas.

Otro dato significativo, verificado de manera independiente por la OPS, indicó que en 5 años los casos de infarto agudo de miocardio descendieron 22 por ciento.

Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

 

Contralínea 524 / del 29 de Enero al 04 de Febrero 2017

 

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