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El desmesurado incremento a los combustibles terminó de cuajar  el corolario de que no hay corrupción que dure cien años ni pueblo que la aguante. Desde que en el sexenio de Miguel de la Madrid el modelo neoliberal tomó los bártulos del país, iniciando la venta de empresas públicas bajo el argumento de “sanear las finanzas” del Estado, el saqueo al erario y la opacidad fueron de la mano hasta llegar al punto de quebrar la economía nacional, insistiendo en  cargar los costos de sus acumulados errores a una sociedad agraviada y empobrecida que está despertando, lanzándose a las calles a pedir cuentas a una clase política enriquecida a costa de las penurias de millones de mexicanos. Eternizadas víctimas de las recurrentes crisis.

A la fecha la deuda pública acumulada suma 9 billones de pesos, que representan un pago de intereses anuales de alrededor de 600 mil millones de pesos que, por supuesto, no fueron producto de una generación espontánea sino resultado de seis gobiernos caracterizados por la persistencia de un modelo económico que tuvo desde sus orígenes la meta de desmantelar los bienes de la nación, aderezada con una perenne corrupción, ahora concluida con la quiebra de Petróleos Mexicanos y muy pronto de la Comisión Federal de Electricidad, como en su momento sucedió con la autoritaria extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el sexenio de Felipe Calderón.

La parte oficial esgrime al país factores externos como el incremento a los precios internacionales del petróleo y las gasolinas para elevar en un 20 por ciento su precio, negando que el retiro de los subsidios, por 200 mil millones de pesos, sea consecuencia directa de la inoperante Reforma Energética e invoca la impostergable necesidad de situar en sus precios reales a los combustibles para no afectar programas sociales, pero se abstiene de hablar de la bancarrota a la que inducidamente se condujo a la exparaestatal que por décadas fue la punta de lanza del desarrollo nacional, para entregar ahora sus diversos procesos y áreas al capital privado, tanto nacional como extranjero.

Como antaño, la corrupta clase política, que no conoce de partidos ni ideologías, oculta a la sociedad los nulos resultados de su modelo de economía neoliberal, donde han sido únicamente los organismos financieros internacionales, voraces empresarios nacionales  y firmas  extranjeras las que han sacado provecho de este paulatino desmantelamiento de las empresas públicas, que a la vista del colosal atropello cometido con el gasolinazo a un pueblo mayoritariamente pobre, representa una inobjetable traición a la patria.

Ha llegado el momento de echar atrás la película de nuestra reciente historia para enumerar la infinidad de latrocinios cometidos contra el pueblo de México, empezando por la nunca aclarada venta de 219 empresas públicas en la administración de Miguel de la Madrid, de las 1 mil 155 que se enlistaban como propiedad del Estado al inicio de su mandato. Inversionistas privados, sobre todo del exterior, formaron parte de los agraciados compradores sin que se emitiera en su momento un detallado informe del valor real de tales empresas y su precio de venta.

Fue así que el combate a la corrupción anunciado por De la Madrid durante su campaña, bajo el lema de “La Renovación Moral de la Sociedad”, no pasó de ser mera frase cliché. En su gobierno comenzó la desaparición de los ahora invocados “huevos de oro”.

Es pertinente recordar la similitud que guarda el entonces bautizado como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), con el ahora anunciado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar; en ambos casos, hay un tope salarial a las clases trabajadoras y se conmina al sector privado a no incrementar los precios de sus productos. Situación que no funcionó hace 30 años pero condujo a la pérdida de un 41 por ciento del poder adquisitivo de los menos favorecidos, porque los empresarios hicieron caso omiso a la petición del entonces presidente de sacrificar sus ganancias, como ahora acontece con las alzas en cascada de productos como la tortilla y el pan en muchos estado del país, a consecuencia del gasolinazo.

Con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari al poder, el pueblo de México fue despojado de empresas públicas tan rentables como Teléfonos de México, entregada en bandeja de plata al empresario Carlos Slim, hoy uno de los hombres más ricos del mundo. Bajo el lema de “vender bienes para remediar males”, Salinas echó a andar su Programa Nacional de Solidaridad, para montar una cortina de humo que le permitió hacer pingües negocios con empresarios, a los que devolvió los bancos, a la vez de iniciar el desmantelamiento de Pemex, al desmembrar a la paraestatal en cuatro subsidiarias, lo que le permitió comenzar la privatización de la petroquímica, anulando desde entonces al desarrollo de nuevas refinerías en el país.

Lejos de contribuir al desarrollo de la economía nacional, miles de millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de empresarios consentidos del entonces presidente que solapó en su elenco de corruptos a sus hermanos Enrique y Raúl, enriquecidos por el cobro de comisiones para el otorgamiento de contratos de Petróleos Mexicanos. Antes de su muerte, fue el propio Miguel de la Madrid quien acusó a Salinas de haberse robado la mitad de las partidas secretas en su sexenio, recursos que al decir del extinto mandatario, terminaron en cuentas de Suiza. Una significativa merma experimentaron los “huevos de oro” en el sexenio salinista.

En el gobierno de Ernesto Zedillo los saqueos a los recursos de la nación no disminuyeron, prueba de ello fue la cesión de los ferrocarriles nacionales a empresas de capital extranjero, cuyo monto y condiciones de venta no tuvieron la debida transparencia; fue en este periodo cuando se dio el llamado “robo del siglo”, bajo el amparo del rescate bancario a través del Fobaproa, que en su momento costó a las finanzas públicas, con cargo al pueblo de México, 700 mil millones de pesos, unos 2.5 billones de pesos a precios actuales. A la fecha, el salvar a los irresponsables banqueros le cuesta al país el pago anual de intereses de 11 mil 500 millones de pesos, sin dejar de mencionar un gasto adicional del alrededor 165 mil millones de pesos por el rescate carretero, también cortesía Zedillo a sus amigos empresarios. La merma a los “huevos de oro” durante tal sexenio, fue considerable.

Los gobiernos panistas que accedieron al poder con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, en el 2000, no representaron cambio alguno en la aplicación del modelo neoliberal ni en el viejo estilo de la corrupción priísta; de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters, basada en informes de la Auditoría Superior de la Federación, del 2003 al 2012, en los periodos del sexenio de Fox y Calderón, Pemex suscribió más de 100 contratos irregulares por un monto de 11 mil 700 millones de dólares.

Casos como los de Oceanografía, empresa a la que favorecieron a través del tráfico de influencias los vástagos de Martha Sahagún, Manuel y Jorge Bibriesca, hijastros de Fox, o el de César Nava, secretario particular de Calderón en su cargo de presidente y más tarde asesor jurídico de Pemex, desde donde permitió quebrantos a la empresa pública por 500 millones de dólares, son parte de la desatada corrupción que se hizo presente bajo las siglas de Acción Nacional. Gobiernos ambos caracterizados por la opacidad  con que manejaron los excedentes petroleros que ascendieron del 2001 al 2008 a un billón 281 mil millones de pesos y cuyo destino aún se ignora. No sólo los “huevos de oro”, sino también la gallina, resultaron seriamente afectados en los sexenios panistas.

A la fecha en que la quiebra del país ha disparado la deuda pública al histórico nivel de 9 billones de pesos, asuntos de corrupción como los de los exgobernadores Guillermo Padrés de Sonora, actualmente preso, o del prófugo  Javier Duarte de Veracruz, son la evidencia del criminal despilfarro de los recursos públicos; el primero hacía gala de una cuadra de caballos pura sangre valuados en 100 millones de pesos y dejó una deuda de 30 mil millones; el segundo, llevó la deuda de su estado a los 80 mil millones de pesos y quedó a deber 2 mil millones a pensionados y una cantidad similar a la Universidad Veracruzana. Junto con César Duarte y Roberto Borge, exmandatarios de Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, son la muestra más palpable de que la malversación de fondos públicos es otra de las causas del generalizado descontento social, ahora avivado con el gasolinazo.

La actual coyuntura donde la sociedad ha despertado y se dice dispuesta a no soportar más atropellos, es propicia para convocar a un gran frente nacional que busque restablecer la legalidad y el estado de derecho en contra de tantos agravios acumulados y luche además por detener el propósito de aniquilar el sistema de pensiones y privatizar servicios como transporte y agua. En Baja California la movilización de miles de ciudadanos logró revertir la intención de los panistas de entregar el manejo del vital líquido a empresarios. El camino está trazado y hay que empezar a andar al lado del pueblo, al margen  de los degradados partidos políticos, rumbo al 2018.

Martín Esparza Flores

 

Contralínea 524 / del 29 de Enero al 04 de Febrero 2017

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