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Como parte de su política migratoria, el gobierno federal ha expulsado a 94 mil 105 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Además, ha negado refugio a 66 por ciento de menores indocumentados que lo solicitaron. Sistemático, el rechazo a asilar a los sin papeles, señalan defensores

Segunda parte y última

Una Centroamérica convulsionada por la pobreza y la violencia expulsa a sus niños, niñas y adolescentes. Por miles, migran sin documentos ni compañía para enfrentar condiciones iguales o peores durante su tránsito por México.

[bctt tweet=”Se critica a #Trump y a Obama, pero #México expulsó a 94 mil niños migrantes no acompañados” username=”contralinea”]

Como el del resto de los sin papeles, su viaje se torna un infierno en este país: violentas redadas y decenas de retenes migratorios organizados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías y militares; símiles de cárceles de máxima seguridad llamadas “estaciones migratorias”; extrema brutalidad de criminales ligados a los cárteles de la droga y a las pandillas, son tan sólo la bienvenida mexicana.

Pese a su alta vulnerabilidad, el gobierno federal ha incrementado las medidas de rechazo para esos niños que buscan una oportunidad de vida: entre enero de 2013 y noviembre de 2016, expulsó a 94 mil 105 menores indocumentados que viajaban solos por el país, reconoce el INM.

De ese total, en su primer año (2013), la administración de Enrique Peña Nieto detuvo y deportó a 8 mil 577 niños, niñas y adolescentes no acompañados. Para 2014 la cifra aumentó a 18 mil 169. Ya en 2015 se duplicó: 36 mil 921. Mientras que entre enero y noviembre de 2016 alcanzó los 30 mil 438 menores deportados.

 “La problemática en Centroamérica es cada vez más grave y eso hace que la población migre. La pobreza, la falta de trabajo, las amenazas del propio crimen organizado en esos países hacen que la gente decida migrar. Si se quedan, para muchos de ellos significa morir. Así de grave es la situación: es una crisis humanitaria que no están atendiendo los gobiernos, ni los centroamericanos ni el mexicano”, observa Antonio Esparza Santos, colaborador del Área de Articulación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, de Torreón, Coahuila.

En entrevista, agrega que en lugar de atender esta crisis humanitaria, el gobierno mexicano aplica una política restrictiva y represora. “Son personas que necesitan ayuda, refugio y asilo porque están sufriendo toda esta serie de vejaciones en sus propios países”.

Tal como lo advierte el defensor de derechos humanos, las instituciones federales dan cuenta de esa desatención. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargada de otorgar asilo a extranjeros por razones humanitarias– admite que el 66 por ciento de los niños, niñas y adolescentes migrantes que tramitó su refugio en el país no lo obtuvo.

Entre enero de 2013 y octubre de 2016 fueron 488 menores de edad extranjeros que llegaron al país –sin compañía y sin papeles– los que solicitaron formalmente refugio por cuestiones humanitarias; de éstos, 325 no lo consiguieron. A decir de la Comar, algunos de ellos no concluyeron su trámite; pero el resto fue abiertamente rechazado, se desprende de la información oficial.

Para Carlos Bartolo Solís, coordinador de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, de Arriaga, Chiapas, “lamentablemente, la política migratoria de México responde a los lineamientos que dicta Estados Unidos. El gobierno federal ha perdido el espíritu hospitalario que tuvo en la década de 1980. Eso lo vemos en el caso concreto de los refugiados”.

El defensor de los derechos de los migrantes advierte que la Comar podría tener una “cuota” de refugiados; por ello, tras determinado número ya no acepta más, indica. “Es preocupante porque las leyes se aplican de forma discrecional. El migrante no sale por querer salir de su país. Sale por necesidad y por la violencia estructural que hay”.

Negar asilo, la política

Los niños, niñas y adolescentes no son los únicos que padecen rechazo de la Comar. Entre enero de 2013 y octubre de 2016, en total, 13 mil 755 migrantes indocumentados que llegaron a México iniciaron el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, pero sólo 4 mil 531 lo consiguieron.

Los más de 13 mil indocumentados presentaron ese trámite ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conforme al artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, indica la dependencia federal.

Dicho artículo regula las solicitudes de los extranjeros que se encuentran en los “lugares destinados al tránsito internacional de personas” (es decir, cruces fronterizos controlados); de los extranjeros sujetos a un procedimiento administrativo migratorio; así como de quienes carecen de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional.

En entrevista con Contralínea, Alberto Castillo –integrante de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, de San Luis Potosí– explica que esta política migratoria “busca que México sea como el gran muro de contención para evitar que la persona en tránsito llegue a Estados Unidos. México debería pensar cómo va a responderle a las personas que vienen de Centroamérica sin violentar sus derechos ni causarles un perjuicio adicional a lo que ya están experimentando”.

Pero, por el contrario, advierte que “cuando se cruza la frontera de manera irregular se vulneran muchos aspectos: prácticamente no se existe porque no hay un documento que les dé la permanencia de forma regular en México. Pero cuando se quieren regularizar ya estando en el país se presentan muchos conflictos y trabas”.

Señala que existen varias formas de regularizar el paso de los migrantes: por razones humanitarias está el refugio; también la reunificación familiar, el casamiento y los hijos nacidos aquí. “Hay alternativas, pero los requisitos son muy estrictos. El Instituto Nacional de Migración y la Comar tienen estatus muy rígidos, y las personas defensoras de los derechos humanos no podemos incidir; sólo podemos dar acompañamiento para facilitar ese trámite y lograr, en ocasiones, la condonación del cobro”.

-¿Cuánto les cobran?

-Cinco mil pesos aproximadamente por iniciar el trámite de refugio.

-¿Y si pagan es seguro que al final se les dé el asilo?

-No. Definitivamente no. Por ejemplo, en el tema de solicitudes de refugio estamos hablando de que en todo el país se entregan aproximadamente 1 mil, cuando son más de 150 mil las personas que lo solicitan.

Para el activista, la migración no es un tema de seguridad nacional, aunque el gobierno lo trate así. “Si hablamos de seguridad nacional, la persona en tránsito en nada le afecta al país”.

Al respecto, Rita Marcela Robles, coordinadora del Área de Investigación e Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señala que la política migratoria que tiene México “es totalmente violatoria de derechos humanos”.

Agrega que es imposible que las fronteras se sellen para la migración humana. “Cerrar una frontera con operativos militares lo único que propicia es que haya más violencia e inseguridad en el cruce, no contener la migración. Si el país de origen no está garantizando las condiciones mínimas de subsistencia, la persona tiene que sobrevivir, es su derecho: tiene derecho a la vida, a migrar en condiciones dignas y seguras”.

La defensora de derechos humanos observa que los Estados están obligados a proteger ese derecho a migrar. “Tienen  que reconocer que la migración es la consecuencia de algo, pero que se tiene que atender en el destino. Mientras la gente tenga hambre, tenga enfermedad, tenga hijos que mantener, no van a detener a los migrantes”.

Rita Marcela Robles recuerda que el migrante en realidad no está cometiendo ningún delito por ingresar de manera indocumentada al país: es una falta administrativa. “Pero al migrante se le priva de su libertad sin que haya cometido algún delito”.

Agrega que “Ardelio Vargas, titular del Instituto Nacional de Migración, dice que no están privados de su libertad; que están asegurados para que no les pase nada afuera. Pero hay que ver su perfil porque él es policía­, tiene la lógica de tratar a las personas como si fueran delincuentes y eso no ayuda en nada, eso propicia más violaciones y más vulneraciones a derechos; un trato injusto, indigno para la persona que ya de por sí viene vulnerada y que termina siendo doble o triplemente vulnerada en México”.

El alto costo de migrar

En entrevista, Arturo González González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México, explica que a los migrantes se les ha ido criminalizando como práctica cotidiana. Al respecto, observa varias consecuencias de la política migratoria del gobierno de Peña Nieto. La primera, que se les trata como criminales.

Pero el costo de migrar no se reduce a la violencia institucional y la inseguridad del crimen organizado que enfrenta la persona durante su tránsito por México; también implica dinero. El coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México señala que otra consecuencia es que “se ha hecho más costoso el tránsito”.

Por ejemplo, pagar el servicio de un pollero. “Los costos se han incrementado, porque antes te podían cobrar 3 mil o 5 mil dólares por pasarte a Estados Unidos. Ahora te pueden cobrar 7 mil o 10 mil dólares sólo para llevarte a la frontera, ya ni siquiera por pasarte. Antes incluso eran tres intentos para pasar, pero ahora sólo te acercan a la frontera.”

Agrega que “otra consecuencia de esta política es negar la protección internacional a los que vienen huyendo de la violencia. Y, finalmente, los mayores riesgos para los defensores y defensoras de migrantes, porque los migrantes, los albergues y los defensores son atacados por las policías y los criminales”.

González González advierte que esta política migratoria no va a cambiar. “Está más bien delineada a los intereses del gran capital”.

Crimen organizado, activo de la política antiinmigrante de México

Las desapariciones, secuestros, trata, violaciones y demás atrocidades cometidas por el crimen organizado contra los migrantes indocumentados serían parte activa de la política antiinmigrante de México, consideran defensores de los derechos humanos.

Antonio Esparza Santos, colaborador del Área de Articulación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, señala como indicador la colusión que hay entre autoridades y criminales. “Los mismos migrantes nos platican que agentes, policías de diversas corporaciones, están coludidos con criminales”. Ello, apunta, deriva en que los delitos no se castiguen y los responsables queden impunes.

En el 2016 Trafficking in persons report, el Departamento de Estado de Estados Unidos observa que, en México, la corrupción relacionada con la trata de personas entre funcionarios públicos –en particular de las fuerzas del orden y autoridades judiciales y de migración– es motivo de grave preocupación. Señala que algunos funcionarios mexicanos “extorsionan a migrantes irregulares, e incluso a víctimas de trata de personas.”

Uno de los principales problemas, a decir de Esparza Santos, es que “los migrantes quieren invisibilizarse. Pero los integrantes de la delincuencia común y organizada conocen las rutas, porque a fin de cuentas son las que se utilizan para el tráfico de personas que ellos [los criminales] conocen y que dejan a los migrantes en una mayor vulnerabilidad, porque ahí no hay nadie que pueda ejercer ningún acto de autoridad para detener a los criminales, o hacer algún operativo para evitar que los migrantes sufran atropellos y delitos.”

El crimen organizado busca a personas vulnerables, dice Alberto Castillo, de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante. “Si hablamos de migración internacional, hay vulnerabilidad: [los migrantes] son buscados, reclutados, secuestrados, extorsionados, golpeados, mutilados, tirados del tren. Esto pasa en todo el país. No sólo en Veracruz, Oaxaca o en la frontera Norte. El país entero es un referente del crimen organizado”.

La vulnerabilidad de los migrantes aumenta por su condición de indocumentados. Rita Marcela Robles, coordinadora del Área de Investigación e Incidencia del Servicio Jesuita para Migrantes México, observa que es común que la víctima no quiera denunciar. “Y si no lo hace, no existe: el número estadístico de los delitos que sufren los migrantes se pierde. Pero sí es alto. Es un tema que se vive todo los días”.

Agrega que es muy alto el nivel de violencia al que se enfrentan los indocumentados. Ejemplifica con las desapariciones: “no hay un dato oficial de desapariciones forzadas de migrantes, pero tenemos un registro desde 2007 que arroja un aproximado de 300 personas [indocumentadas] desaparecidas en el país.

“Es un número muy bajo porque no toda la gente sabe que puede denunciar en México y pedir ayuda para buscar a su familiar. Pasa lo mismo que con un delito, si no lo denuncias no queda para el registro: y si no avisas que se perdió alguien, el número se pierde. Es de lo más difícil establecer el número de personas perdidas. Pero para darnos una idea hay que seguir el número de cuerpos en fosas clandestinas que se han descubierto en el paso de los migrantes: Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sonora. En esas fosas clandestinas, además de mexicanos, hay migrantes.”

Respecto de este tema, Arturo González González refiere que el Servicio Jesuita para Migrantes se dedica a buscar desaparecidos y que ha detectado que Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Oaxaca se reportan con mayor frecuencia como el último punto de contacto de los migrantes con sus familiares.

Entre las zonas más peligrosas, el defensor de los derechos humanos señala a Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. “Tenemos reportes incluso de mexicanos que vienen del Sur hacia Estados Unidos que se extravían en el camino, pero los familiares no quieren denunciar por miedo. De éstas nos hemos enterado por familiares que están en Estados Unidos y nos contactan”.

Arturo González advierte que han ubicado “regiones peligrosas para los migrantes desde Tenosique hasta Orizaba: ahí es donde más nos reportan robos, violaciones, secuestros, extorsiones, desapariciones, trata de personas. Y toda la parte que tiene que ver con el corredor desde Lechería hasta el Bajío, que es terrible; luego Tamaulipas, sobre todo San Fernando, esa zona es muy complicada.  Y el corredor de Sonora también es muy peligroso para los migrantes”.

El 2016 Trafficking in Persons Report, del Departamento de Estado, advierte que “la delincuencia organizada obliga a hombres, mujeres y niños, tanto mexicanos como extranjeros, a cometer diversos delitos, como asesinatos, producción, transportación y venta de drogas”

Nancy Flores/Segunda parte y última

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

 

Contralínea 523 / del 22 al 28 de Enero 2017