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A diferencia de lo que sucede con la deteriorada economía mexicana, y en consecuencia con la cada vez más empobrecida población –calculada en 80 millones de mexicanos con algún nivel de pobreza (alimentación, salud, educación, vivienda y vestido)–, cada sexenio el gobierno en turno acumula tal cantidad de privilegios que se ha convertido en una de las burocracias más ricas del mundo. Lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Congreso de la Unión y en los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por mencionar sólo algunos.

Por supuesto hablo de los mandos superiores, como directores, directores generales, subsecretarios, secretarios y el primer mandatario; además de titulares de paraestatales y órganos descentralizados, así como de la banca de segundo piso. En cuanto al Poder Judicial, son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros judiciales, presidentes de tribunales y salas. En el Congreso son senadores y diputados.

Toda esa burocracia le cuesta a los mexicanos de entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales para cada uno de ellos, más prestaciones y servicios, tales como gastos de representación, viáticos, comida, seguro médico, seguro de vida, asesores, vehículos, choferes, ayudantes, guaruras, vales de gasolina, bonos por desempeño, bonos de riesgo, boletos de avión y, en algunos casos, peluquería o salón de belleza, dotes matrimoniales, salarios vitalicios por jubilación, vales de despensa y, en el colmo del abuso de recursos públicos, los 11 ministros de la Corte se asignan un bono extra para comprarle un regalo a su madre el 10 de mayo, sin importar que algunos de ellos ya no tengan.

Todo este despilfarro de recursos públicos, que ni siquiera los países del primer mundo tienen, convirtió a la burocracia mexicana en una de las más onerosas del mundo, mientras que el gobierno federal anuncia nuevos planes de austeridad para la población, además de incremento en los impuestos y en servicios como luz y agua.

Esto que advertía Enrique Peña Nieto hace unos días de que “se acabó la gallina de los huevos de oro”, en referencia al petróleo crudo, confirma a la población el abuso de esa clase privilegiada del gobierno que se enriqueció en los últimos 50 años con la explotación petrolera, como por ejemplo son los excedentes petroleros de unos 100 mil millones de dólares en el trágico gobierno del panista Vicente Fox.

Por lo visto el presidente no sólo cuenta las buenas noticias sino también las malas, por lo que debería explicar cómo es que en medio de esta aguda crisis anunciada su gabinete mantiene intocables sus onerosos salarios y los múltiples privilegios. Por lo menos el jefe del Ejecutivo debería renunciar a su salario y también los secretarios de Estado reducir en un 50 por ciento sus emolumentos.

Otra acción de austeridad gubernamental sería vender el costoso avión presidencial y cancelar las prestaciones a la costosa burocracia. El problema no es menor ante el esfuerzo que pide el gobierno a los 120 millones de mexicanos –a excepción de Carlos Slim y otros100 empresarios ricos–, de los cuales 30 millones viven en pobreza extrema y entre ellos 6 millones de niños son analfabetas y enfrentan problemas de alimentación y carencias en servicios de salud, electricidad y agua potable.

Que nos explique Peña cómo es que pasamos de ser un país exportador de petróleo a un gran importador de gasolinas, razón por la que nos dicen se incrementó en 20 por ciento el precio de las gasolinas a fin de mantener esa enorme burocracia inútil que consume abusivamente el dinero público.

Por qué tiene que ser la población la que cargue con los excesos de la administración pública federal, mientras que los mandos superiores del gobierno mantienen su salario y el gasto abusivo.

Sin duda que en esta crisis anunciada varias secretarías de Estado podrían desaparecer sin que alguien las extrañe, como por ejemplo la inoperante Función Pública a cargo de la señora Arely Gómez; la de Energía, que conduce el anónimo Pedro Joaquín Coldwell; la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la experredista Rosario Robles, y hasta la de Cultura. A estas dependencias hay que sumar otras entidades de gobierno que no sirven más que para desviar recursos y enriquecer a unos cuantos.

Por ello cuando el presidente Peña nos dice sonriente que “se acabó la gallina de los huevos de oro”, suena a ofensa, agravio y burla para millones de mexicanos que nunca vieron algún beneficio del dinero del petróleo que cada día se vendió en millones de barriles a Estados Unidos, ese país que históricamente ha abusado de ingenuos y entreguistas presidentes mexicanos.

Por más cuentos que nos digan los servidores públicos de que el alza a los combustibles y servicios es el único camino para salvar a México, es también una mentira de esa burocracia inútil que se niega a reducir su gasto y a rendir cuentas.

Entonces cuando hablen de austeridad, el presidente, los secretarios, los ministros y los legisladores deben poner el ejemplo antes de que la inconformidad social se convierta en un estallido violento.

Puntos suspensivos… Ahora que hablamos de planes gubernamentales de austeridad para la población, el ejemplo de lo que tiene que hacer el gobierno federal ya lo puso el nuevo gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, quien ante la corrupción, crisis financiera y enorme deuda que le dejó su antecesor, el priísta César Duarte –quien es investigado por diversos delitos, entre ellos corrupción y desvío de recursos públicos– anunció que venderá la casa de gobierno y una oficina alterna, cuatro aviones y dos helicópteros, subastará 13 terrenos y 500 vehículos oficiales; reducirá en 800 millones de pesos el gasto en publicidad, cancelará contratos de telefonía celular, compra de boletos de avión en primera clase, gastos de representación y comidas en restaurantes. Sólo le falta a Corral reducir su salario y el de mandos superiores, pero muy bien por esa medida de este panista distinto a los corruptos Felipe Calderón y Vicente Fox… Según encuesta del diario Reforma, en la carrera presidencial Movimiento Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, ha tomado la delantera a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Y si consideramos que en el Revolucionario Institucional hay una guerra interna entre los grupos políticos de Miguel Ángel Osorio Chong y del nuevo canciller Luis Videgaray, pues no sólo este partido ha caído a la tercera posición, sino que también se han movido las preferencias internas de los aspirantes y ahora aparecen en los primeros lugares los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Salud, José Narro. Sí, como se lee, el de Salud, el médico que fue rector de la máxima casa de estudios del país.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

Contralínea 523 / del 22 al 28 de Enero 2017