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El gasolinazo –como se le conoce popularmente a la reciente y desmedida alza de precios de gasolinas y diésel– es el mejor ejemplo de cómo el gobierno federal daña el interés de las mayorías. Se trata, a decir de doctores en economía y expertos petroleros, de un impuesto indirecto para cubrir el hoyo fiscal que dejan las trasnacionales evasoras.

Esto significa que el pueblo –se tenga o no automóvil, porque con el alza a los combustibles todos los productos y servicios, incluido el transporte público, se encarecen– pagará la factura de las incapacidades y abusos de los poderosos, tanto del sector público como del privado.

Y es que, como advierte el doctor en economía Alejandro Álvarez, “la inflación subirá por el efecto multiplicador del alza de las gasolinas y los otros energéticos en el nivel general de los precios, a través de la línea de transporte”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que el aumento en el precio de las gasolinas de hasta un 24 por ciento es una muestra contundente del fracaso de las reformas energética y hacendaria.

Señala que los mexicanos seguimos pagando la gasolina mucho más cara que en Estados Unidos, porque con el esquema de precios a la alza se están beneficiando grandes grupos monopólicos privados, nacionales y extranjeros.

Además, refiere que el gasolinazo tiene un claro objetivo recaudatorio: con la liberalización de los precios de los combustibles el gobierno va a recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos.

“¿Por qué necesita el gobierno 300 mil millones de pesos adicionales? Porque la deuda pública sigue creciendo y con el alza de las tasas de interés sigue subiendo su costo financiero. Y también porque quiere llegar a 2018 con una economía con un crecimiento mínimo, pero creciendo.”

El doctor Álvarez indica que, con la liberalización del precio de la gasolina y los precios en ese nivel, se da un jugoso subsidio a grandes grupos financieros metidos en los negocios de la gasolina.

El ingeniero Heberto Barrios, integrante del sindicato independiente Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos, observa que lo peor de esta crisis apenas viene. “Esto es el inicio: cuando en marzo ya haya precios diarios de las gasolinas y además estén liberalizando totalmente las regiones esto va a ser el caos. No va a haber ninguna certidumbre”.

Barrios detalla que el gasolinazo es una medida irracional. “Es una decisión muy cruel para el pueblo mexicano. Nosotros, cada uno, vamos a pagar con nuestro bolsillo la reforma energética, que es el gran fracaso”.

El experto petrolero advierte que es mentira la versión oficial respecto a que el alza se debe a los altos precios de los petrolíferos en el mundo. “Es al revés: las gasolinas y el diésel están baratos, como no estuvieron desde 2004, y tienen 3 meses sin variaciones de precios. El crudo inclusive no ha subido significativamente”.

Por ello, indica, hay una lógica recaudatoria en el aumento de precios. “El gran impuesto en México, dado que no se les quiere cobrar impuestos a las grandes empresas, es el retardatario y retrógrada impuesto especial para producción y servicios (IEPS), que no es distributivo”.

El IEPS, dice, es un impuesto retardatario porque no depende de los ingresos de cada quien sino de las necesidades. “En 2017, el impuesto sobre la renta y el IEPS van a representar el mismo ingreso para la Secretaría de Hacienda, lo cual es muy grave”.

Aunque el IEPS abarca varios productos, el ingeniero Heberto Barrios observa que ese impuesto básicamente concentra lo correspondiente a gasolinas y diésel, porque todo lo demás –tabaco y alcohol– cayó en 2.1 por ciento en 2016 y esa tendencia permanecerá este año.

El gasolinazo “es una decisión muy cruel para el pueblo mexicano. Se calcula que si antes la clase media le dedicaba un 40 por ciento de sus ingresos a los combustibles, ahora le va a tener que dedicar entre el 50 y 60 por ciento”.

Para María de la Luz Arriaga, doctora en economía y académica de la UNAM, en la actual crisis hay que poner atención al desmantelamiento de la industria petrolera y la falta de inversión en refinerías, lo que ha llevado al uso de su capacidad instalada a sólo un 40 por ciento.

Arriaga señala que se trata de políticas intencionales para entregar el patrimonio de México a las trasnacionales. Recuerda que los docentes e investigadores de la Facultad de Economía han alertado la extrema vulnerabilidad a la que ha llevando el gobierno a nuestra economía y a una dependencia indignante.

La doctora observa que hay demasiadas evidencias de que “el modelo de producción manufacturera para la exportación, las políticas de apertura comercial y neoliberales no sólo no llevan al crecimiento económico, sino que nos han introducido en una debacle, con desempleo desbordado, caída de salarios en todos los niveles, una concentración insultante de la riqueza y la desigualdad, y la degradación de nuestras vidas en todos los ámbitos, incluyendo el medio ambiente. Estamos en una situación de emergencia”.

Para el investigador Fabio Barbosa, especialista en energía y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a finales de diciembre de 2016 llegaron a su límite varios procesos iniciados décadas atrás.

Entre éstos, el descuido del aparato de refinación mexicano, que desde que se impuso el neoliberalismo sufrió no sólo deterioro, sino también una disminución. El académico recuerda que en la década de 1990, México contaba con nueve refinerías, de las cuales formalmente se han cerrado tres: Azcapotzalco, Reynosa y Poza Rica.

Otras operan a un mínimo de su capacidad, denuncia, por lo cual se ha reducido considerablemente la producción. Al respecto, ejemplifica: mientras que en 2011 se producían 479 mil barriles diarios de gasolinas, en noviembre de 2016 apenas se procesaron 253 mil barriles diarios, casi 50 por ciento menos.

Si bien el presidente Enrique Peña ha asegurado que no se despierta pensando cómo joder a México, en los hechos su gobierno y sus decisiones sí afectan a las mayorías. El gasolinazo, sin duda, es muestra de ello.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

Contralínea 523 / del 22 al 28 de Enero 2017