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Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país demandan aprobación de la Ley General contra la Tortura. Luego de más de 1 año de haberse cumplido la fecha límite para la aprobación de la Ley, las Cámaras del Poder Legislativo han suspendido el diálogo con la sociedad civil y han presentado propuestas contrarias a lo que ya se había pactado.

Treinta y un organizaciones y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana) denuncian que las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a “invisibilizar” y “debilitar investigaciones por tortura”.

Además, demandan que se restablezca el diálogo para que familiares y organismos especializados en atención a víctimas participen de la creación de la nueva ley.

El pasado 5 de enero se cumplió 1 año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias.

Ya en 2015, el Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes con los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica, vigente en México.

El Senado ya aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con “avances considerables”, según las organizaciones no gubernamentales. La minuta se encuentra en la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas. Y el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendió votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

Entre las organizaciones que demandan la reapertura del diálogo y la aprobación de la ley tal y como se había establecido con los senadores, se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Zósimo Camacho

 

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