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La corrupción merma la capacidad de generar acciones eficientes y eficaces que atiendan los temas públicos y brinden bienestar a la población, reconoció la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; por ello, dijo, es el principal “reto” que enfrenta México actualmente.

Este problema no es de este sexenio ni de esta década, sino de mucho tiempo atrás, señaló al impartir la Cátedra Prima sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Universidad Anáhuac Norte.

Para la funcionaria, la capacidad de transparentar las prácticas corruptas, que antes no eran documentadas, “es señal de la salud de nuestro sistema democrático”.

No obstante, este mismo día 31 organizaciones civiles –entre ellas Fundar, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– han solicitado transparencia y publicidad en las designaciones de integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ello, porque el 2 de enero pasado el magistrado Carlos Chaurand Arzate –militante del Partido Revolucionario Institucional y legislador durante 12 años– fue designado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Para las organizaciones, dicho Tribunal es fundamental para reducir la impunidad que prevalece frente al desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y sobornos, pues está encargado de conocer e imponer sanciones por faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción.

En su misiva, las 31 organizaciones señalan que “si bien la ley faculta a los magistrados de la Sala Superior para elegir entre ellos al nuevo presidente, es preocupante que los criterios y argumentos de deliberación sobre la idoneidad de su perfil no hayan sido públicos, faltando así al espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Agregan que “el inicio del proceso de designación de los magistrados que integrarán la Tercera Sección del TFJA y sus salas especializadas depende de la voluntad política del presidente de la República. Postergar estos nombramientos significaría retrasar la plena instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Para las organizaciones, “negar espacios para la participación ciudadana sería muestra de desdén frente a la crisis de corrupción que enfrenta México. Por lo tanto, solicitamos que estos y todos los nombramientos vinculados al Sistema Nacional Anticorrupción sigan un proceso guiado por los principios de máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana, y cumplan con los plazos señalados en la legislación”.

Según Arely Gómez, también priísta, la actual administración está comprometida a impulsar un gobierno efectivamente abierto, “que tenga en la integridad y en la ética un efectivo modelo de trabajo y que promueva la modernidad de la gestión en beneficio de la ciudadanía”.

La secretaria de la Función Pública reconoce además que el Sistema es fundamental “para consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones, ya que la función primordial es generar un mejor gobierno que rinda cuentas, sea íntegro y en el que no quepan los actos que violenten la ley”.

En este 2017 se darán los nombramientos en cinco instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción: el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; y los magistrados de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para ello, las organizaciones de la sociedad civil pidieron desde agosto de 2016 que los nombramientos públicos se realicen con base en el mérito personal y la capacidad profesional de los aspirantes, y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto.

“El éxito del Sistema Nacional Anticorrupción y de las instituciones que lo conforman depende de su legitimidad de origen y de desempeño. Sólo así contará con la confianza ciudadana como la instancia nacional encargada de luchar contra la corrupción y erradicar la impunidad”, advierten.

Nancy Flores