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Desde Victoriano Huerta Ortega (1845-1916), alias “el chacal”, no hay noticia de un secretario de la Defensa que haya alzado tanto la voz con timbre de ultimátum, como lo hizo Salvador Cienfuegos Zepeda, emplazando a la nación y sus instituciones; incluyendo al jefe de las Fuerzas Armadas, que por determinación constitucional es el actual presidente de la República con su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno: Enrique Peña Nieto. Y a quien democrática y constitucionalmente critican los mexicanos, la prensa como contrapoder, y los diputados y senadores en el estira y afloja de los poderes y contrapoderes republicanos y las manifestaciones de la democracia directa y la democracia representativa.

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Ya que los secretarios del despacho presidencial, el secretario de la Defensa y el de Marina son nombrados por el presidente de la República, están sometidos a la legalidad y legitimidad del Estado federal. Y deben acatar las órdenes del presidente o renunciar; pero nunca desobedecer el orden jurídico del Estado de Derecho. Ni hacer advertencias. Y mucho menos anunciar un ultimátum, que fue lo que hizo Salvador Cienfuegos; tal vez alentado por su apellido. Si no está de acuerdo, ya no con lo que hizo Calderón como presidente, sino con Peña como actual presidente de la República, debió manifestárselo a éste en su acuerdo. Y, simultáneamente presentar su renuncia, por negarse a seguir cumpliendo las órdenes militares de su superior.

Cienfuegos ha expresado un ultimátum. Se ha parecido a Trump; y con uno tenemos fuera del país, para tener otro dentro, cuestionando las instituciones. Y casi negándose a cumplir con sus obligaciones. Si no le parece debe renunciar, pero no abusar con el falso argumento de: “si no me otorgan una ley reglamentaria para el desempeño…”, amenazar con regresar a sus cuarteles. En la fracción VI del Artículo 89, la Constitución dice que la seguridad nacional se complementa con la seguridad interior. Y las delincuencias han puesto en jaque a la seguridad interior, por los cual las Fuerzas Armadas, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, pueden y deben colaborar a la seguridad interior. No tienen los militares otra opción ni han de condicionar su participación. Y mucho menos cuestionar una orden militar, administrativa y política sustentada en la Carta Constitucional. Y han de aceptar las críticas a su desempeño y a la obediencia de los derechos humanos. Ningún otro presidente la República, como Peña, ha tratado con tanta deferencia, respeto y canonjías, a las Fuerzas Armadas. Y siempre presto a elogiar su encomienda.

Quiso presionar, supongo, al Congreso de la Unión para que se aplicaran en estudiar, discutir y aprobar a ley reglamentaria de la mencionada fracción, para que los militares y marinos sigan auxiliando al combate de los delincuentes, ya que las policías y los desgobernadores cuando no son cómplices, hacen que no pueden restablecer la paz social atacada por esa sangrienta inseguridad. Ésta es un problema de seguridad interior y como tal compete, principalmente y en estos momentos de gravedad extrema, a las Fuerzas Armadas. Y éstas han de saber que están expuestas a la crítica ciudadana y de la prensa porque, con todo y esa ley reglamentaria, no escapan al cumplimiento de los derechos humanos y a su vigilancia. El general Cienfuegos lanzó un ultimátum con olor a golpismo contra la nación y sus instituciones, que ha contribuido a más inseguridad.

Los delincuentes son los enemigos de la paz social, el crecimiento económico y alimentan la crisis política, con lo cual están atacando a la democracia y desestabilizando jurídicamente al Estado. Por eso es que asimismo están cuestionando la seguridad interior y para lo cual todas las fuerzas policiacas, militares de Marina y Fuerza Aérea, están cons-ti-tu-cio-nal-men-te obligadas al cumplimiento de su deber para que la nación tenga las máximas condiciones para una convivencia pacífica. Y las delincuencias están desafiando la legitimidad y legalidad del Estado como orden jurídico que hace posible todos los fines de la Constitución y sus leyes reglamentarias. Los soldados no pueden ni deben eludir su responsabilidad de coadyuvar a combatir –como enemigos– la violencia del narcotráfico y la proliferación delincuencial que se alza prepotente contra las libertades constitucionales, al amenazar con hechos cumplidos la vida de los mexicanos. Sobre todo en un estado de derecho carcomido por la corrupción pública y sus complicidades privadas.

El tufillo golpista del ultimátum del general Cienfuegos no debió ventilarse como lo hizo. Tiene las vías de su acuerdo presidencial para manifestar su desacuerdo. Los militares son guardianes de la democracia representativa y servidores de la democracia directa; o sea del pueblo ejerciendo sus derechos de petición, manifestación y protesta contra todos los funcionarios, donde están incluidos los militares. Ahora mismo los delincuentes son los enemigos internos y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República en funciones, tiene las facultades para ordenarles realizar labores policiacas. Si han de tener una ley reglamentaria para su desempeño, no era necesario alegar que esa tarea “desnaturaliza” lo militar.

La nación como sociedad civil cumple con sus obligaciones fiscales para cubrir el gasto militar. Y este sector integrante del Poder Ejecutivo Federal ha de ir al frente donde se necesiten sus funciones aunque “ningún militar ha estudiado para perseguir delincuentes”, que son enemigos de la nación, del Estado y del gobierno. La paz de los cuarteles, así Cienfuegos levante los dos brazos para apoyar su regreso a ellos, no es por el momento, lo que se requiere para colaborar a restaurar la paz social.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]

Contralínea 522 / del 15 al 21 de Enero 2017

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