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Ley de Seguridad Interior, convalidar la impunidad

Las organizaciones de sociedad civil guerrerenses estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interior presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre éstas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Alejandro Ramos; por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las Fuerzas Armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como la Guerra Sucia en la década de 1970, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974; la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998; la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999; la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, AC; Colectivo Contra la Tortura e Impunidad

Discriminan y vejan priístas a maestro indígena

Por información de la organización Tequio Jurídico, integrante de esta Red, tenemos conocimiento que el 7 de diciembre de 2016, a las 6:50 de la mañana aproximadamente, el presidente municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca, Renán Zárate Rosales, e integrantes de su cabildo y un grupo de ciudadanos del mismo lugar, impidieron al profesor Juan Cruz Miguel ingresar a su centro de trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 90, ubicada en dicho municipio, con el argumento de que no lo quieren por pertenecer y asesorar a la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, Oaxaca (UPCIYO).

Con amenazas, agresiones físicas y psicológicas, lo llevaron a las instalaciones del Palacio Municipal, en donde lo obligaron a firmar una renuncia a su centro de trabajo y salirse de San Carlos Yautepec. Al negarse a firmar, fue amenazado de muerte y despojado de sus pertenencias. Además, por órdenes del presidente municipal Renán Zárate Rosales y el síndico Emiliano Gerónimo Garnica Rosales lo subieron a una patrulla municipal y personalmente lo trasladaron fuera de la población en los límites de San Carlos y el pueblo vecino de San Baltazar Chivaguela, donde finalmente lo tiraron, expresándole Renán Zárate Rosales que “él es amigo y que actuaba por órdenes de Sofía Castro Ríos”, actual secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca del gobierno de Alejandro Murat.

El profesor Juan Cruz Miguel es originario de la comunidad indígena zapoteca Santo Tomas Quieri, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec; actualmente se desempeña como delegado de su comunidad en la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, Oaxaca (UPCIYO), organización integrada por 14 agencias municipales y de policía de ese municipio formada desde 2003, con la finalidad de exigir sus derechos económicos, políticos y culturales ante la cabecera municipal.

Desde 2003, la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec ha demandado al Ayuntamiento de San Carlos Yautepec la trasparencia y entrega de los recursos públicos que la Federación entrega de los ramos 28 y 33 al municipio. A partir de enero del 2016 solicitaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPO) abriera el procedimiento para que las comunidades participaran en la elección de los integrantes del Ayuntamiento para el periodo 2017-2019. Pese a esta solicitud, el 27 de noviembre de 2016, la cabecera municipal realizó su nombramiento en la que fue electo presidente municipal Salomón Castro, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el 5 de diciembre del presente año, en la que afirmaron que no fueron convocados y mucho menos tomados en cuenta, razón por la que no están de acuerdo con el resultado. Señalaron a Sofía Castro Ríos, hoy secretaria de Asuntos Indígenas, como responsable de no permitir la participación de las comunidades en el proceso de elección del Ayuntamiento que fungirá durante el próximo trienio.

Ante estos hechos, quienes integramos la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos demandamos lo siguiente:

Al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, su atención para garantizar los derechos políticos electorales de los habitantes del municipio de San Carlos Yautepec y la integridad física de quienes representan la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, Oaxaca.

A los ciudadanos Renán Zárate Rosales y Emiliano Gerónimo Garnica Rosales, presidente y síndico municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca, se abstengan de realizar actos de autoridad fuera de sus facultades y garanticen la integridad física y psicológica del ciudadano Juan Cruz Miguel, generando las condiciones necesarias para su seguridad laboral en la escuela Secundaria Técnica Número 90.

A Sofía Castro Ríos, secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, garantice a las comunidades Indígenas Chontales Zapotecas y Mixes que integran la UPCIYO, el ejercicio de sus derechos políticos electorales en la elección del Ayuntamiento de San Carlos Yautepec.

Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca atienda la solicitud de las comunidades que integran la UPCIYO, garantizando las condiciones necesarias para el debido ejercicio de sus derechos políticos electorales, evitando cualquier acto que derive en una confrontación en el municipio de San Carlos Yautepec.

A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dé seguimiento puntual a la problemática electoral en el municipio de San Carlos Yautepec y agilice las medidas cautelares a favor de Juan Miguel Cruz, dictadas en el expediente DDPHO/2463/ (01)/OAX/2016.

A la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, mantenga el ejercicio de sus derechos políticos electorales basados en el marco jurídico vigente, evitando cualquier acto de confrontación.

Atentamente,

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana

Contralínea 521 / del 08 al 14 de Enero 2017

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