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Desde hace 34 años que se instaló en el poder, nuestra tecnocracia ha encontrado en los factores externos la recurrente excusa para justificar sus eternizados fracasos en materia económica. donde cíclicamente aparecen  las devaluaciones, el menguado crecimiento del PIB, los topes salariales, el aumento de la deuda pública y los ajustes presupuestales en aras de unas finanzas públicas sanas, como parte de una crisis que en México hace mucho obtuvo su carta de naturalización.

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Ahora se echa mano al triunfo del republicano Donald Trump para justificar la  depreciación del peso frente al dólar y la recesión que se avecina el año entrante por la inoperancia de las reformas estructurales que, como siempre, fueron diseñadas por mandato de los organismos internacionales sin tomar parecer a los sectores productivos y las necesidades que requiere el desarrollo  integral del país.

Resulta inconcebible que tres décadas no les ha bastado a nuestros políticos para darse cuenta de que el origen de todos nuestros problemas radica en la imposición del modelo neoliberal, que ha llevado a México a la ruina y el estancamiento económico. Desde su adopción en 1982, en el gobierno de Miguel de la Madrid, sus resultados han sido nulos y desastrosos.

La historia del desmantelamiento del país donde el Estado abandonó su función rectora establecida en el artículo 34 constitucional, ha estado marcada por vergonzosos episodios que bajo el amparo de reformas a nuestra Carta Magna terminaron por ceder soberanía de la nación, entregando áreas estratégicas de nuestra economía como el sector energético.

Cuando de la Madrid arribó a la Presidencia en 1982, la tecnocracia instalada en el poder uso entre sus argumentos para implantar al neoliberalismo como  nuevo arquetipo de desarrollo, la petrolizada economía que con José López Portillo llevó a niveles históricos el endeudamiento del país. Desde entonces el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se apropiaron de las riendas de la nación, imponiendo entre sus primeras directrices el adelgazamiento del Estado con la desincorporación del sector paraestatal

Con las reformas a los artículos 25 y 34, Miguel de la Madrid pudo iniciar el desmembramiento del sector público que entonces participaba en 45 ramas de la economía; de mil 155 empresas que eran controladas por el Estado mexicano en diversas áreas, al final de su sexenio apenas y se conservaron 412; la mayoría fueron vendidas al sector privado, sobre todo capitales extranjeros, con la más absoluta discrecionalidad, pues hasta la fecha se desconoce el monto preciso de los ingresos obtenidos por esta macro venta de garaje de las empresas públicas.

Entonces como ahora, el discurso neoliberal sustentó el “rescate” del país en la construcción de “bases sólidas a partir de una readecuación presupuestal y disciplina estricta del gasto público, tendientes a alcanzar  finanzas sanas”.

Los primeros seis años del “parto” neoliberal no trajeron nada bueno: la deuda externa pública continúo disparándose y la inflación alcanzó un 86.7 ciento;  el PIB presentó saldos negativos y los topes salariales provocaron que el poder adquisitivo de la clase trabajadora disminuyera en un 41 por ciento. Empezó la eternizada crisis que hasta hoy ha llevado a la pobreza a más de 54 millones de mexicanos.

Con Carlos Salinas de Gortari las cosas terminaron por empeorar cuando a través del fenomenal engaño a las clases populares lanzó su Programa Nacional de Solidaridad que, según dijo, repartiría entre los más pobre los recursos obtenidos con la venta de paraestatales tan redituables como los bancos –expropiados por López Portillo–, y la empresa Teléfonos de México.  Salinas encubrió su desatada fiebre neoliberal bajo la tesis de su  “liberalismo social”, que “pretendía vender bienes para remediar males”.

En este periodo se reformó el artículo 27 constitucional para abrir brecha al TLC con Estados Unidos y Canadá, permitiendo la privatización del ejido y la compra de grandes extensiones de tierra al capital nacional y extranjero; en este sentido leyes secundarias como la de Energía y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), fueron modificadas para permitir la participación de los particulares en áreas reservadas hasta entonces al Estado.

De tal manera que con Salinas se inició la privatización del sector energético, al atomizarse Pemex en cuatro subsidiarias que permitieron la venta del sector petroquímico y la generación de electricidad a empresas extranjeras. Ahora que la clase política se rasga las vestiduras ante el temor de que el nuevo gobierno estadounidense revierta el TLC, vale recordarles que dicho tratado nunca surgió como producto de nuestra dinámica de crecimiento o como reflejo de nuestro desarrollo económico, pues fue impuesto como uno más de los dictados de los organismos financieros internacionales.

A la distancia no hay la menor duda de que al tomarse estas decisiones contrarias al interés nacional, sin consultar a los representantes de las micro, pequeñas y medianas industrias, así como al sector agrícola, los empresarios y productores mexicanos fueron situados en abierta desventaja frente a los monopolios extranjeros y las trasnacionales. Los saldos negativos son evidentes: la quiebra del agro nacional y la dependencia alimentaria le cuestan al país 40 mil millones de dólares anuales por concepto de importaciones.

El proceso de desmantelamiento de empresas públicas y la entrega de otros sectores como el de los ferrocarriles y la comunicación vía satelital continúo en el gobierno de Ernesto Zedillo, donde aparecieron calamidades tan inconcebibles como el rescate bancario, Fobaproa, y el rescate carretero que sigue pagando el pueblo de México. También en este sexenio se reformó, como una recomendación más del FMI, la Ley del Seguro Social para crear las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que  han condenado a millones de mexicanos a recibir pensiones de hambre.

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón siguieron adelante con el modelo neoliberal, donde nuestra economía se basó en la renta petrolea, prosiguiendo con el exorbitante endeudamiento y dejando al país sin recursos para invertir en otras áreas productivas y dilapidando los “excedentes petroleros” que en la década pasada sumaron más de 80 mil millones de dólares, sin reportar beneficio alguno a la nación.

Ante este recuento de calamidades gestadas en 34 años de políticas neoliberales, es entendible la razón por la cual nuevamente la tecnocracia busca achacarle a los mercados internacionales y a los vaivenes de la política estadunidense las causas de nuestra reeditada debacle económica, cuando está más que comprobado que este modelo sólo ha generado desigualdad y pobreza en nuestro país. ¿Vale la pena continuar por el mismo rumbo? El fracaso de las reformas estructurales es el tiro de gracia que faltaba para empezar a rezar por el descanso eterno del neoliberalismo, aunque nuestra clase política insista en velar a su muerto con cerillos.

Martín Esparza

Contralínea 518 / del 12 al 18 de Diciembre 2016

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