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Artículo 19 denuncia que en días recientes se ha girado una orden de aprehensión contra el periodista Antonio Heras, colaborador del portal Lindero Norte.

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La organización internacional de defensoría de los derechos humanos señala que ésta es producto de una falsa acusación en la que se le culpa al comunicador de ser propietario de una empresa importadora, dedicada a la venta de automóviles usados con documentos irregulares en Baja California.

Por medio de un comunicado, alerta que el 22 de noviembre de 2016 fueron presentadas seis denuncias en contra de Heras por estas supuestas ventas, por el incumplimiento en la entrega de vehículos importados desde Estados Unidos y por irregularidades en la documentación.

Al respecto, el periodista expresó a la organización de defensoría que: “Uno de los recursos que se presentaron en mi contra dice que un funcionario del gobierno del estado, de nombre José Alberto de Lara Granillo, fue a comprar un vehículo con una importadora, que posteriormente reclamó la entrega de la unidad y que el vendedor le dijo que si quería demandar, Antonio Heras era el dueño del negocio. Las otras imputación son iguales pero con diferentes nombres”.

Heras aseguró a Artículo 19 que tanto las denuncias como la orden de aprehensión son mecanismos de inhibición a la libertad de expresión y del libre ejercicio periodístico. Las acusaciones, indicó el periodista a los defensores de los derechos humanos, fueron parte de un montaje burdo para que enfrente un proceso penal falseado, cuya medida cautelar es prisión preventiva.

Artículo 19 recuerda que, en agosto pasado, “Heras fue víctima de violencia institucional cuando, a través de presiones ejercidas sobre los contratos de publicidad por parte de Jorge Alberto Cornejo, coordinador de Imagen y Publicidad de la Dirección de Comunicación Social del gobierno de Baja California, el Grupo Imagen le notificó que ya no tendría participación en un nuevo proyecto informativo, donde el periodista estaba previsto para participar como conductor y director editorial”.

Por ello, Heras dijo a Artículo 19 que el acoso sistemático es “una reacción del gobierno de Baja California para inhibirnos de informar a la sociedad, desde un punto de vista crítico sobre los programas gubernamentales. Es una reacción contra el gremio periodístico, que se suma a las campañas negras de desprestigio y de condicionar publicidad a cambio de callar voces críticas.”

Añadió: “Vivo de lo que me pagan en mi trabajo, no tengo los recursos para ser dueño de lotes de automóviles y menos de importadoras. No soy el único que ha pasado por una situación como esta. En este caso, se trata de un montaje que considero que es un agravio terrible y una agresión directa de parte del gobierno de Francisco Vega.”

Para Artículo 19, la situación que enfrenta Heras “es la culminación de una política de presión hacia la prensa, con el objetivo de acallar las voces críticas en Baja California”. Por ello, la organización exige a la Procuraduría de Justicia estatal se abstenga de hacer un uso desviado del derecho penal.

“Exigimos al gobierno estatal que cese el clima de criminalización y hostigamiento que prevalece contra las y los periodistas de Baja California, que buscan indagar en asuntos de interés público relacionados con la rendición de cuentas del gobierno estatal. Y urgimos a la Comisión Estatal del Derechos Humanos de Baja California, a que se pronuncie e intervenga en la medida de sus atribuciones en el caso.”

Artículo 19 también exige que cese “la presión” de la Dirección de Comunicación Social hacia los medios y periodistas de Baja California, “porque se trata de un hecho grave e indignante que tiene la intención de interferir en su labor informativa e impedir el legítimo derecho de la sociedad a estar informada”.

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