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Lejos de resolver la crisis en TV UNAM, la Oficina de la Abogada General promueve la simulación de pagos a trabajadores echados irregularmente. El objetivo es que acepten terminar su relación contractual. La “estrategia procesal” podría violar derechos laborales, considera exconsejero universitario

tv-unam-514-02La Oficina de la Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos– promovió la simulación de pagos de salarios y prestaciones contra tres trabajadores de TV UNAM, quienes fueron corridos irregularmente a fines de agosto pasado, revela el oficio DGAJ/DAL/5053/2016.

 “[…] En caso de un eventual juicio laboral que promovieran los antes indicados [los tres trabajadores], resulta más conveniente para la institución (por estrategia procesal) que los cheques que correspondan al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores continúen siendo expedidos a su favor, aún y cuando no les sean entregados a los interesados, y menos si no han sido devengados.”

El documento oficial responde a una solicitud hecha por la administración de Gina Bechelany –encargada de TV UNAM desde la salida de Nicolás Alvarado– para dar de baja definitivamente a Jorge Humberto Castañón Cruz –coordinador de producción–, María de Lourdes Lara Flores y María de Guadalupe Llanos.

El caso de esos tres trabajadores es parte de la crisis laboral que desató la fallida dirección de Alvarado, quien renunció a su cargo el 1 de septiembre pasado. Y es que durante su breve paso por TV UNAM, despidió injustificadamente a más de una veintena de trabajadores y terminó unilateralmente la relación con colaboradores externos.

Con el oficio DGTV/UA/090/2016, José Luis Castañón Zurita  –jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de la televisora universitaria– pedía que los tres trabajadores fueran ingresados a la llamada nómina virtual, con lo que quedaría finiquitada su relación contractual con la UNAM.

Petición que fue rechazada por la Oficina de la Abogada General de la Universidad, porque TV UNAM no comprobó que la salida de los afectados estuviera apegada a derecho. No obstante, esa misma respuesta incluyó la “estrategia procesal” que derivó en la simulación de los pagos a los tres trabajadores.

Con fecha del 11 de octubre de 2016, el oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos observa: “de su escrito de referencia [el oficio de TV UNAM donde se pide cesar a los trabajadores] no se desprende que se haya celebrado convenio extrajudicial de terminación de la relación laboral con las personas antes citadas”.

Y agrega: “de una búsqueda que se realizó en el Sistema de Ingresos de Demanda de la Junta Especial Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje no se encontró registro alguno de demandas laborales promovidas por los antes mencionados [los tres trabajadores] y, además, no existe registro en esta dependencia de algún procedimiento que haya concluido con dar por rescindido el contrato individual de las personas que nos ocupan por causas imputables a ellas y sin responsabilidad para la UNAM, por lo tanto no es posible atender favorablemente a su petición”.

Consultado telefónicamente, Jorge Barrera Gutiérrez –director de Asuntos Laborales de la Oficina de la Abogada General y quien firma el oficio DGAJ/DAL/5053/2016– asegura a Contralínea que con la retención de los salarios y prestaciones no se violaron los derechos de los trabajadores, porque ellos ya no estaban laborando en TV UNAM.

 “Si las personas de las que estamos hablando siguen laborando en la Universidad, entonces no se les puede retener el salario. Pero no podemos seguirles pagando si ya no laboran y si no les están encargando tareas, como es el caso.”

Indica que la salida de los trabajadores de la televisora universitaria no dependió del jurídico universitario. “Nosotros, yo no puedo determinar que sigan o no laborando”.

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El licenciado Barrera Gutiérrez explica que el oficio de respuesta es parte de un procedimiento frecuente: se hace cuando cualquier trabajador termina relaciones laborales con la UNAM, entonces las instituciones solicitan anexarlos a la nómina virtual.

Agrega que si los datos de los tres trabajadores de la televisora se hubieran subido a la nómina virtual sin comprobar que ya habían terminado su relación laboral entonces sí sería una irregularidad: “Los habríamos corrido injustificadamente. Por eso, si no me consta que ya fueron despedidos o que fue rescindido su contrato, para mí no es procedente subirlos a la nómina virtual, y eso es lo que indiqué en ese oficio”.

Para el doctor en derecho Alfonso Bouzas Ortiz, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y exconsejero universitario, la retención de sueldos y prestaciones sólo puede ser legal “cuando en la dependencia justifiquen el por qué los despidieron”.

Agrega que “aún cuando sean trabajadores de confianza tienen derechos cubiertos, y uno de ellos es que la confianza no se puede perder porque llega un nuevo jefe, sino todo lo contrario: tiene que haber una causa grave para que se pierda la confianza”.

Las secuelas de Alvarado

En entrevista con Contralínea, uno de los afectados –Jorge Humberto Castañón Cruz– señala que fue a fines de agosto cuando se le solicitó su “salida voluntaria”. “No sólo a mí, a un grupo de ocho trabajadores nos pidieron la renuncia. Cinco lo aceptaron por temor, porque nos dijeron que a partir del 1 de septiembre ya corría el proceso de despido, que no nos iban a dejar entrar y que no nos iban a pagar”.

Quien fuera coordinador de producción de TV UNAM explica que esas cinco personas “prefirieron agarrar el cheque que les ofreció la administración de Alvarado para evitar el proceso de juicio. Fue por temor y porque tienen familias que mantener”.

Agrega: “Tres personas no aceptamos. Decidimos seguir yendo a trabajar. En mi caso tenía una incapacidad médica y me presenté hasta el 5 de septiembre, pero sin ninguna justificación ya habían cambiado la chapa de mi oficina y le dijeron a mi secretaria y al resto del personal que ya no trabajaba ahí.”

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Ante esta situación, que califica como acto intimidatorio, Castañón Cruz dice que metió un oficio en el cual exigía una explicación del cambio de chapa y de por qué no le eran asignadas tareas, mismo que no fue respondido.

Todavía convaleciente de una operación en la columna vertebral, agrega que para el 10 de septiembre ya no le fue depositada su quincena ni respetados sus demás derechos laborales, a pesar de que siguió presentándose a las instalaciones de la televisora universitaria. “Amigos me dejaban estar en sus oficinas”.

A pesar de que para entonces ya estaba como encargada del despacho Gina Bechelany –con quien también se solicitó entrevista a través de la Dirección General de Comunicación Social y directamente con su secretaria–, Castañón Cruz asegura que continuaron los malos tratos: “Siguieron diciéndole al personal que ya no trabajábamos ahí y corriéndonos”.

El coordinador de producción afirma que desde que llegó Nicolás Alvarado a TV UNAM empezó a hacer acusaciones de desvíos de recursos sin presentar pruebas y sin denunciar. Decía que iba a haber una reestructuración, y “lo que hubo fueron los primeros despidos y, con ellos, la contratación de sus amigos”.

Antes de su renuncia y posterior a ésta, Alvarado fue señalado por diversos actores culturales de carecer de un proyecto para la televisora universitaria, de supuestamente desviar recursos, de acosar a los trabajadores de confianza y de correr a, al menos, 20 personas. Las secuelas de su gestión aún se resienten en TV UNAM.

El proceso de demanda

Castañón Cruz afirma que desconocía el papel que jugó la Oficina de la Abogada General con la “estrategia procesal” en lo que corresponde a su caso. También aclara que ya demandó a la Universidad por despido injustificado y que espera que las autoridades laborales le den la razón, pues –dice– fue echado de su cargo sin ninguna razón.

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El doctor Bouzas, experto en derecho laboral y relaciones contractuales, indica que ante la demanda de los trabajadores de TV UNAM la Universidad tiene dos posibilidades: “uno, decir que ellos abandonaron el trabajo y, dos, alegar la pérdida de la confianza. Ésta es muy complicada porque tienen que probar hechos como que dispusieron [ilícitamente] de dinero o de material. Ésas serían causas justificadas. No puede ser nada más porque perdieron la confianza. Eso no procede”.

Respecto de la respuesta que emitió la Oficina de la Abogada General, indica que “tal como dice el oficio, como táctica procesal detienen los salarios para jugar la una o la otra opción. Si los trabajadores no demandan a los 2 meses de que dejan de percibir salarios, la Universidad alega abandono de empleo. Y si, como es el caso, ellos demandaron en los 2 meses, el alegato de la Universidad tiene que ser por el lado de acreditar la razón o razones por las que les perdió la confianza. Por eso es que la Universidad dice que no inicia ninguna acción sino, por estrategia procesal, se espera a ver qué hacen ellos”.

—En caso de que se compruebe que las tres personas fueron injustificadamente separadas de sus cargos, ¿estaríamos hablando de una irregularidad al hacer esta retención de salarios?

—Sí. Y la condenan [a la UNAM] a pagar salarios vencidos y a reinstalar a los trabajadores. La Universidad lo que podría hacer en la Junta [de Conciliación y Arbitraje] es ofrecerles una negociación económica: ya no te quieren ahí, te pago 3 meses de salarios y desístete de la demanda. Salvo si la Universidad tuviera pruebas de que los corrió con razón, lo que va a hacer es proceder de esa manera: negociar el conflicto.

Bouzas Ortiz señala que el gran problema que enfrenta el jurídico universitario “es que tiene que respaldar todas las estupideces que hacen los directores. Evidentemente no fue muy pulcra la manera en cómo los despidió, porque sacarlos del cubículo, impedirles el acceso y no haberles dado un documento que diga que se terminó el contrato y que los despide por tales razones pues es una estupidez que pone al jurídico a parir chayotes. El jurídico en todo caso lo primero que va a decirle al director es: estamos muy débiles, vamos a ofrecerles en el mejor de los casos 3 meses de salario”.

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—¿Esto del trato poco digno para los trabajadores es común en la UNAM o es caso aislado?

—Es muy común. Yo conozco otros casos que por mis  responsabilidades no debo publicitarlos, pero es la torpeza de los directores la que lleva a esto. Es muy común.

 “El asunto está definido desde el momento en que ellos presentaron su demanda y hay que esperar a ver qué argumenta la Universidad, cuál es la causa por la que les perdió la confianza. Repito: la llegada de un nuevo director no es causa para pérdida de confianza en ningún caso. En caso de que así sea, es una arbitrariedad.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la versión de la UNAM y de la abogada general, doctora Mónica González, a través de la Dirección General de Comunicación Social. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Nancy Flores

[PORTADA]

Contralínea 514 / del 14 al 19 de Noviembre 2016

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