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Funcionarios y empresarios llevan a cabo una campaña coordinada para demandar a los periodistas que osan investigarlos. Indagar sobre enriquecimiento ilícito y apropiación de tierras ya es motivo de demandas contra reporteros

Mario Osava/Inter Press Servicebrasil-600

Río de Janeiro, Brasil. La misma justicia que existe para asegurar derechos se puede convertir en instrumento para violarlos y obstruir la libertad de expresión, comprueban recientes oleadas de acciones judiciales contra periodistas y medios en Brasil.

El caso actual, de gran repercusión, es el de Gazeta do Povo, principal diario de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, acosado por 48 demandas de jueces y fiscales del Ministerio Público, que reclaman indemnizaciones por haber divulgado el diario sus remuneraciones en febrero.

 “Hubo semanas en que estuvimos 4 días útiles de la semana corriendo de una ciudad a otra en el interior de Paraná, donde teníamos que concurrir a las audiencias. Creo que en total recorrimos más de 10 mil kilómetros”, cuenta a Inter Press Service (IPS) uno de los tres periodistas enjuiciados, Rogerio Galindo.

Pena similar sufrió Elvira Lobato, periodista de Folha de São Paulo, tras la publicación, el 15 de diciembre de 2007, de su reportaje “Universal cumple los 30 años con imperio empresarial” sobre los negocios oscuros de la evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), propietaria de redes de televisión, radio y periódicos.

Lucio Flavio Pinto, galardonado periodista que publica desde 1988 su Jornal Pessoal en Belém, capital del norteño y amazónico estado de Pará, enfrenta desde 1992 un víacrucis urdido por el imperio mediático local, el grupo Lque, que le interpuso 33 procesos judiciales por denunciar ilegalidades de sus dueños, la familia Maiorana.

En Gazeta do Povo, además de los tres periodistas, dos realizadores de infografías y la empresa editora del diario responden a las acciones judiciales, como acusados de provocar daños a los demandantes, que solicitan reparación monetaria.

Las acciones tienen lugar en pequeños juzgados dispersos por decenas de ciudades, que tramitan causas civiles que no excedan los 40 salarios mínimos (cerca de 11 mil dólares).

 “Con el abogado y el conductor fuimos siete personas quienes tuvimos la vida profesional y familiar trastornada” de abril a junio, recuerda Galindo, destacando el problema del colega Euclides Garcia, que no pudo acompañar los últimos meses del embarazo de su mujer.

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Por suerte el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió, el 30 de junio, la tramitación de todos los procesos, en un fallo preliminar de la jueza Rosa Weber, en vísperas del nacimiento del hijo de Garcia.

Las acciones concertadas se debieron a un reportaje publicado el 15 de febrero por Gazeta do Povo, que reveló que jueces de Paraná recibieron en 2015 remuneraciones que sumaron 527 mil 500 reales (165 mil dólares al cambio actual), superando en 28 por ciento el techo correspondiente.

En el caso de los fiscales del Ministerio Público paranaense la remuneración excedió en 23 por ciento el máximo fijado por la Constitución para el Poder Judicial, que es el 90.25 por ciento de lo que ganan los magistrados del STF.

Aportes para variados gastos, indemnizaciones, abonos retroactivos y otras subvenciones se sumaron a los salarios, generando esa distorsión.

 “En ningún momento se dijo que eran remuneraciones ilegales, sino que acumulaciones legales resultaron en sumas superiores al límite constitucional”, aclara a IPS el director de redacción del diario, Leonardo Mendes Junior.

Los datos divulgados son públicos en el Portal de la Transparencia del gobierno. Lo que se hizo fue vincularlos con el contexto legal y destacar que el Poder Judicial y sus órganos asociados cuestan en Brasil 1.8 por ciento del producto interno bruto, contra 0.4 por ciento en Europa.

Pero el “contenido ofensivo” de la publicación sugiere la existencia de ilegalidades y provocó cuestionamientos a los jueces, justificó la Asociación de los Magistrados de Paraná, en un comunicado en que niega haber concertado acciones individuales de sus miembros y que estas atenten contra la libertad de prensa.

El hecho, sin embargo, es que obligar a los acusados a peregrinar por decenas de ciudades, algunas a más de 500 kilómetros de la sede del diario en Curitiba, debilitó el periodismo de Gazeta do Povo, al alejar del trabajo por muchos días a tres de sus siete reporteros políticos.

 “Eso pasó justamente en un momento de efervescencia política en el país, poniendo en riesgo la sostenibilidad del diario y revelando un gran potencial (de múltiples acciones judiciales) de causarle daños irreversibles, cuando la prensa escrita ya enfrenta graves dificultades económicas”, evalúa Mendes Junior.

 “Es interesante el concepto de ‘censura judicial’ mencionado por la nueva presidenta del STF, Carmen Lucia Rocha, para calificar la secuencia de acciones que alejan de la redacción a parte considerable de sus periodistas”, comenta.

Cada viaje de los demandados para audiencias por todo el estado costó al diario cerca de 25 mil  reales (7 mil 800 dólares), estima Galindo, sumando transporte, costo del abogado, hoteles y alimentación, sin contar las horas perdidas de trabajo periodístico.

Con la suspensión de los procesos, los periodistas esperan un fallo definitivo del STF que debe asumir el caso, conforme pidió Gazeta do Povo, arguyendo que los jueces de Paraná no pueden juzgar las quejas, ya que son todos parte interesada.

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“Algunos jueces se reconocieron impedidos de actuar, pero la mayoría no”, lamenta Mendes.

Ése es un caso extremo, en que los operadores de la justicia arbitran en su propio interés, castigando a sus supuestos agresores con viajes y trámites forzados que limitan libertades.

Pero el abuso del derecho de recurrir a la justicia contra periodistas incómodos se hizo recurrente en Brasil.

La IURD diseminó por el país, en 2007 y 2008, un total de 107 acciones judiciales a través de sus fieles, para sofocar a Elvira Lobato y el diario Folha de São Paulo, el de mayor circulación de Brasil. Poco importa que la periodista y el medio ganasen todos los procesos. El castigo precede a la sentencia.

Lucio Flavio Pinto tuvo que estudiar derecho para defenderse, restando tiempo a la producción solitaria de su Jornal Pessoal. La venta del quincenario, con una tirada de 2 mil ejemplares, es su gran fuente de ingresos, ya que él rechaza cualquier publicidad.

Los procesos de las demandas en su contra duraron en promedio de 4 a 5 años. Siguen pendientes todavía cuatro, que comenzaron hace 11 años. Condenado dos veces, contó con la solidaridad de gente de todo el país para pagar las penas económicas.

En varios casos sus demandantes no piden la ejecución de las sentencias. “Prefieren mantener la espada pendiente, prolongando los procesos”, señala a IPS el periodista, cuyas denuncias evitaron apropiaciones ilegales de extensas tierras en Pará, aunque en algunos casos también le costaron agresiones físicas.

“Las acciones judiciales recurrentes son el medio más eficiente de censura”, sostiene Pinto, reconocido como “Héroe de la libertad de información” por Reporteros sin Fronteras, la organización basada en París.

En su caso no hubo la solidaridad de organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Diarios, que sí concedieron a Gazeta do Povo el premio Libertad de Prensa 2016, reforzando la reacción generalizada del sector periodístico al acoso de jueces y fiscales de Paraná.

Hay otros “intentos de cercenar la libertad de prensa” que a la vez “ayudan a prevenir nuevos casos” con su fuerte repercusión, opina a IPS la especialista Ángela Pimenta, presidenta del Instituto para el Desarrollo del Periodismo, que mantiene el portal Observatorio de la Prensa.

Mario Osava/Inter Press Service

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 511 / del 24 al 29 de Octubre 2016

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