Ya pasaron 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña-Televisa sigue montada en la “verdad histórica” de Jesús Murillo Káram, sobre la que el inquilino de Los Pinos cabalga insistiendo prepotentemente en la entrevista con Ciro Gómez Leyva (Excélsior, 23 de septiembre de 2016) que nada tiene que ver “en esos eventos” que sólo acusan “la presencia del crimen organizado”; aunque son parte de la sangrienta inseguridad de la que es responsable, también, el gobierno peñista. Ya Peña desvaría. Él, sus soldados y policías federales, y el entonces desgobernador de Guerrero con su policía, sus funcionarios y hasta empresarios del transporte, por omisiones, negligencias y complicidades con el narcotráfico, permitieron y facilitaron la desaparición de esos jóvenes. No obstante la gravedad del hecho, Peña no intervenía con el pretexto de que era de competencia local; cuando, por tratarse del narcotráfico, estaba obligado a participar e investigar. Y fue hasta que la opinión pública levantó la voz cuando Peña ordenó a Murillo Káram y a Tomás Zerón tomar parte de él.
“Lo que es inaceptable y sí lo rechazo categóricamente es que se pretenda decir que todos estos eventos tienen una consigna de actuación del Estado y de fines del Estado… Es completamente absurdo, aberrante” (Excélsior). La manera de hablar de Peña, su pésima sintaxis, prueba que en verdad copió textos ajenos para su tesis de licenciatura del Opus Dei (la misma Universidad Panamericana ya dijo que Peña es un ladrón intelectual). Peña dice que es una “pretensión” responsabilizar, no al Estado, sino a su gobierno, o sea a él, de que en el contexto de la inseguridad y su, ahora sí, pretensión de dizque combatir al narcotráfico en Iguala desaparecieron 43 normalistas. Y que tardó 2 semanas en ordenar su búsqueda. Por eso es también responsable, aunque le parezca… ¡absurdo, aberrante!
Seguirá Peña tratando de eludir esa responsabilidad, pero tras 2 años de nulos resultados y darle impunidad a Zerón –el funcionario de la PGR que en el lugar de los hechos sembró huesos humanos (¿de dónde se los robó?) y alteró el escenario– no podrá escapar al “yo acuso” de los padres de esos 43 guerrerenses y del pueblo que le demanda cuentas de las investigaciones. Y que responda a las conclusiones de los organismos y peritos internacionales, que han culminado con las de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo señalan como tal. No es “absurdo” señalar al gobierno peñista por los hechos de Iguala; y que de Atenco a Nochixtlán lo muestran como directamente involucrado. Por lo que jurídicamente debe responder de sus actos, omisiones y negligencias desde que fue desgobernador del Estado de México, hasta hoy que es un presidente más del montón.
La más reciente información de Alma F Muñoz, César Martínez y Jesús Guerrero (La Jornada y Reforma, 23 de septiembre de 2016) es un seguimiento de 2 años a ese drama que no llega a ningún resultado pues, inexplicablemente, el gobierno federal no quiere ir al fondo de esas y otras desapariciones forzadas; donde, por lo general, los responsables son integrantes de la delincuencia organizada con ayuda de policías y militares. O porque estos uniformados y funcionarios no cumplen con sus obligaciones. Y de todo ello el principal responsable es Peña. Y lo será hasta pasar de la mentira histórica de Murillo Káram y Arely Gómez, a la veracidad de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Y precisamente por cumplirse 2 años de esa masacre no han faltado reportajes, entrevistas y severas imputaciones al peñismo que ha rematado el columnista Carlos Loret de Mola con su certero título: “Ayotzinapa: el día que se acabó el sexenio” (El Universal, 27 de septiembre de 2016), donde expresa: “de aquel gobierno de arranque trepidante no quedaba nada. Entró en un bache del que no ha sabido salir. Y cuando parecía haber tocado fondo, todavía faltaba [Donald] Trump. Hoy el sabor es como si el sexenio hubiera terminado en el otoño de 2014… de unos meses para acá… Peña Nieto contagia la impresión de que su gobierno ya terminó. Que su legado serán las reformas y su estigma la corrupción”.
Y es que estos hechos se suman a su pésima conducción de la política económica; los abusos de Aurelio Nuño contra los maestros legítimamente opositores a una contrarreforma laboral disfrazada de educativa, y la complacencia-complicidad con los desgobernadores que contribuyeron a su campaña electoral. Además del ineficaz combate a la sangrienta inseguridad que ya arroja cerca de 1 millón de homicidios, miles de desaparecidos y secuestrados por los narcotraficantes para usarlos como esclavos en el trasiego de las drogas. Y aunque ya es un presidente de palo, sigue aferrado a la mentira “histórica” y haciendo promesas de las que está empedrado su camino al juicio político. Pero renuncie o se quede, su sexenio ya se acabó.
Las palabras que dirigió para prometer una vez más que las investigaciones se ahondarían shakespereanamente han hecho de “su lengua un puñal, y cada palabra una puñalada”.
“Desde el inicio nos pudimos dar cuenta del disimulo de las autoridades, que se empezaron a echar la bolita entre el gobierno federal y el estatal”, declaran los padres de los desaparecidos. Pues a pesar de las peticiones de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación, Peña, Murillo Káram primero y ahora Arely Gómez, sólo están ganando tiempo para poner “pies en polvorosa”. Y siendo ésta una muestra de los estragos que causa la delincuencia a manos de criminales y funcionarios, la pregunta también con Shakespeare es: ¿cuántos muertos se ha tragado esta guerra?
Álvaro Cepeda Neri
[Contrapoder]
Contralínea 511 / del 24 al 29 de Octubre 2016
