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Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blancolavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.

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“Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7 bancario, así como casas de bolsa, de cambio y entidades de la banca múltiple comercial son los sectores clasificados de más alto riesgo o más expuestos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con un documento elaborado por varias dependencias y coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, reveló el reportero Fernando Gutiérrez, en El Economista, el 10 de octubre pasado.

Se trata ni más ni menos que de BBVA Bancomer y Santander, de origen español; el estadunidense Citibanamex; el británico HSBC; el canadiense Scotiabank, y los mexicanos Banorte e Inbursa.

Consultada por Contralínea, la UIF revela que entre 2013 y junio de 2016 presentó 312 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra instituciones financieras, tras documentar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 155 mil 664 millones de pesos. Pero se reservó las identidades de los bancos y demás involucradas.

Esas denuncias son por casos confirmados de blanqueo de capitales, derivados del análisis exhaustivo a los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que generan los sujetos obligados por las leyes antilavado.

Queda claro que la participación del sector financiero con el crimen organizado no es una hipótesis, es una realidad. Recordemos el caso de HSBC, que blanqueó más de 500 millones de dólares al Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2010, según documentó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

En diciembre de 2012 conocimos los detalles de ese crimen, que en México apenas se castigó con una pírrica multa de 379 millones de pesos, pero sin condena para los directivos responsables del ilícito. Ninguno de ellos pisó la cárcel, ni siquiera fue llamado a juicio.

 “Como resultado de los fracasos de su programa antilavado, al menos 881 millones de dólares en ganancias por el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa, de México, y del Norte de Valle, de Colombia, fueron lavados a través de HSBC Bank USA”, indicó la DEA hace ya casi 4 años.

HSBC y los otros seis bancos ahora señalados por la UIF de prestarse a blanquear capitales ilícitos no son simples cómplices de los delincuentes, son criminales en sí mismos, y por ello son responsables de la crisis humanitaria que padece actualmente nuestro país: el lavado es pieza clave para el negocio criminal.

Y es que el dinero sucio es el que permite a la delincuencia organizada operar y extenderse como plaga: con éste se corrompen las autoridades, se reclutan “trabajadores”, se compra la mercancía, se transportan y distribuyen los cargamentos, se adquieren armas de alto poder, vehículos blindados y casas de seguridad, además de que se compran jueces, magistrados y ministros para garantizar impunidad, etcétera.

A ese dinero sucio no le ha golpeado ni la crisis ni la supuesta “guerra contra el crimen organizado”, pues se cuenta por miles de millones. Tan sólo en el caso de los cárteles del narcotráfico, éstos habrían lavado de 382 mil 200 millones a 2 billones 484 mil 300 millones de pesos, entre enero de 2013 y junio de 2016, sólo por la venta de drogas ilegales en Estados Unidos, se desprende de las estimaciones hechas por el Departamento del Tesoro de ese país.

En su informe 2015 National money laundering risk assessment, el Tesoro indica que “el negocio del tráfico de drogas genera alrededor de 64 mil millones de dólares en efectivo cada año [que equivale a 1 billón 164 mil 800 millones de pesos]”.

México, destaca el reporte, “es la principal fuente de abastecimiento para algunas drogas ilegales y un punto de tránsito para el resto”. Agrega que, aunque no existen cálculos fiables de cuánto dinero ganan las organizaciones del narcotráfico mexicanas, se estima que sus ingresos ilícitos anuales oscilan entre los 6 mil millones y los 39 mil millones de dólares (esto es, entre 109 mil 200 millones y 709 mil 800 millones de pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar).

Además, la DEA señala en su informe 2015 National drug threat assessment summary que los narcotraficantes mexicanos siguen explotando el sector bancario para esconder el origen ilícito de sus ganancias.

 “Los lavadores de dinero a menudo abren cuentas bancarias con nombres o negocios fraudulentos y realizan depósitos de estructura para evitar los requisitos de información. Los cárteles contratan individuos para depositar el dinero en efectivo producto de la droga en numerosas cuentas bancarias de todo el mundo y en cantidades inferiores a 10 mil dólares”, advierte la DEA.

No obstante los volúmenes de dinero lavado, la PGR apenas decomisó 1 mil 358 millones 624 mil 733 pesos, entre enero de 2013 y junio de 2016, refiere la institución por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esperemos que a partir del trabajo que encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera ahora sí se finquen responsabilidades a los bancos y a sus directivos, pues llevan años gozando de impunidad.

Esa evaluación –dada a conocer por El Economista– observa que de los reportes presentados por los siete grandes bancos se desprenden líneas de vulnerabilidad, como los servicios en zonas del país de alto riesgo para el blanqueo, como la frontera Norte.

Además, en las transferencias internacionales de fondos se ha detectado un alto porcentaje de operatividad con países de alto riesgo de lavado de dinero y países de alto riesgo de financiamiento al terrorismo. Las evidencias en contra de los bancos están a la vista del gobierno, sólo le falta actuar.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 511 / del 24 al 29 de Octubre 2016

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