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Al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, se le recuerda por ser la empresa que “generosamente” financió a Angélica Rivera –esposa del presidente Enrique Peña Nieto– con la llamada casa blanca. También, por costear los gastos de la casa en Malinalco del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

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Pero se le debe recordar, sobre todo, por violar impunemente los derechos humanos de pueblos completos. Ejemplo de ello son San Francisco Xochicuautla (de origen indígena) y San Lorenzo Huitzizilapan, en el Estado de México, perjudicados por un proyecto carretero que no sólo despoja de tierras, sino que violenta la cultura de los otomíes de la región.

Durante 10 años, la empresa ha mostrado falta de voluntad para entablar un diálogo con los miles de afectados por esa construcción. Y hace unos días, se evidenció todavía más esa cerrazón. Resulta que de más de 50 empresas –incluidas trasnacionales– señaladas por violar diversos derechos humanos en México, Higa fue la única que ignoró la invitación del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre pasado. Eso sólo demuestra que se percibe a sí misma como impune.

El Grupo de la ONU buscaba conciliar con la compañía de Hinojosa Cantú para resolver el conflicto con los dos pueblos y, con ello, impedir que se sigan violando los derechos humanos de centenas de familias en situación vulnerable. Los casos le fueron presentados por separado en el informe México: empresas y derechos humanos, aunque involucran el mismo proyecto: la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan.

De acuerdo con el informe –en el que participaron más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil–, las violaciones contra la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, comenzaron en diciembre de 2006. Las empresas responsables fueron identificadas como Grupo Higa –a través de Constructora Teya– y Autopistas de Vanguardia.

Al respecto, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó que, hace 1 década, el gobierno del Estado de México realizó la planeación y posterior licitación y adjudicación del proyecto de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.

No obstante las afectaciones, los habitantes de la comunidad se enteraron del proyecto hasta 2007, “cuando observaron dentro del territorio personas ajenas a la comunidad”. Por ello, se organizaron asambleas comunitarias en las que se determinó el rechazo a la obra.

La organización de derechos humanos denuncia que, en 2008 y como respuesta al rechazo, el gobierno del Estado de México –encabezado entonces por el actual presidente de la República– y las instituciones agrarias federales impulsaron la creación de un padrón de comuneros.

Intencionalmente se redujo la cantidad de personas que las instituciones estatales reconocen como legitimadas para tomar decisiones sobre el territorio, se desconoció el carácter indígena de la comunidad y se deslegitimó las estructuras e instituciones políticas comunitarias.

Para 2015 el conflicto escaló aún más: ese año se aprobó la expropiación del territorio “sin consulta libre, previa, informada y con procedimientos culturalmente apropiados y sin tomar medidas de protección del pueblo otomí”.

San Francisco Xochicuautla no es la única comunidad indígena afectada por esa autopista, pero es representativa de la gravedad de los hechos. El proyecto cuenta con la cobertura de Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México.

Además, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Agraria, el municipio de Lerma, la Secretaría de Infraestructura estatal y Protección Civil local.

“En todo acto de construcción, personas y maquinaria están acompañadas por policías” estatales, denuncia el informe.

Ante la cerrazón al diálogo y a privilegiar los intereses del pueblo otomí, en abril pasado la comunidad presentó un proyecto alternativo, para tratar de disminuir el daño ambiental y cultural. No obstante, las autoridades estatales lo rechazaron e incluso solicitaron a la comunidad que renuncie a la defensa judicial de sus derechos e intereses.

La CMDPDH documenta varias violaciones a los derechos humanos de los otomíes. Por ejemplo, el derecho a su cultura; al territorio; al ambiente sano; a la consulta libre, previa, informada y con procedimientos culturalmente apropiados; a la organización colectiva, y a la defensa de sus intereses.

Y es que para resistir a esta infamia, los indígenas han tratado de acogerse al supuesto “estado de derecho” mexicano. Lamentablemente, éste sólo sirve para salvaguardar los intereses de los ricos y poderosos y para criminalizar a los pobres y desprotegidos.

Así, aunque quienes forman parte del padrón de comuneros han anulado la asamblea comunitaria donde mañosamente se aprobó el proyecto, el gobierno del Estado de México y Grupo Higa se siguen amparando en ella.

De 11 amparos que promovieron en contra del proyecto y de la expropiación, seis fueron sobreseídos. Ya sólo quedan vigentes cuatro procesos vigentes.

Tampoco han sido atendidas las denuncias penales que presentó la comunidad afectada por delitos ambientales e incumplimiento de sentencias. Mientras que la queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha prosperado: “sigue en integración”.

Para la defensa de sus derechos, parece que todos los caminos se han ido cerrando. El despojo también  ha ido acompañado de represión, denuncia la organización defensora de derechos humanos.

No podía ser de otra manera, pues la construcción de la autopista ha estado acompañada por elementos de la policía estatal. “Estas intromisiones han derivado en dos ocasiones –mayo de 2013 y noviembre de 2014– en detenidos. En la primera ocasión detuvieron a 14 personas y en la segunda, a ocho. Todas recuperaron su libertad, sin embargo, existen carpetas de investigación en su contra por el delito de ‘oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos’, contenido en el artículo 122 del Código Penal del Estado de México”.

De acuerdo con la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “las personas defensoras del bosque han sido amenazadas de muerte e intimidadas por agentes del Estado y por personas desconocidas”.

Éste es sólo un caso que ilustra los muchos abusos del Grupo Higa, cuya cercanía al poder le ha garantizado negocios multimillonarios a costa de pueblos completos. Aunque esta humillación es intolerable, lamentablemente continúa.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

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Contralínea 509 / del 10 al 15 de Octubre 2016

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