Bolivia dispone de más de medio centenar de minerales, algunos de carácter estratégico. Por ello, el asesinato del viceministro de Régimen Interior se inscribiría en una conspiración golpista para afectar la institucionalidad del Estado y privatizar esas riquezas naturales, acusa el gobierno
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
La Paz, Bolivia. El asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Rodolfo Illanes, echó por tierra el supuesto carácter reivindicativo de una parte de los cooperativistas mineros y evidenció las intenciones desestabilizadoras de la dirigencia de ese sector.
El presidente Evo Morales fue enfático al denunciar el carácter golpista del bloqueo de caminos, uso de dinamita y artefactos explosivos de fabricación casera, que derivaron en el linchamiento de personas, lesiones a unos 200 y a miembros de la prensa, así como daño a la infraestructura. Fue una conspiración política mediante movilizaciones que buscaban una supuesta reivindicación. Estamos esperando por las investigaciones, pero estoy convencido que nuevamente derrotamos un golpe de Estado, aseveró el mandatario el 27 de agosto durante una rueda de prensa desde la central ciudad de Cochabamba.
Durante su intervención, Morales calificó de “muy grave, cobarde e imperdonable” el asesinato del viceministro, quien intentó conciliar con los alzados una solución al conflicto.
Fue algo preparado, planificado, no pudo haber sido obra de un grupo de mineros, no fueron hechos aislados. Estamos encontrando documentos donde se asevera que las acciones buscaban tumbar al gobierno. Por tanto, era un golpe de Estado, explicó el gobernante, quien prometió revelar pruebas sobre la confabulación de sectores de la derecha nacional con agentes externos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el verdadero trasfondo de las protestas radica en el uso de cooperativas por parte de empresas trasnacionales para intentar privatizar y controlar los recursos mineros de Bolivia.
Estos hechos hay que esclarecerlos en el ámbito jurisdiccional. Han requerido tiempo, preparación, logística, recursos económicos. Causaron enormes daños, la muerte de civiles y el asesinato de un funcionario. La autoridad del Estado ha sido desafiada, analizó.
Génesis del conflicto
De acuerdo con Rafael Puente, exviceministro del Interior de Evo Morales, los cooperativistas fueron “consentidos” desde el primer día de la gestión del actual gobierno.
La consecuencia es que en la actualidad las cooperativas mineras se han convertido en un sector muy fuerte y privilegiado, convencido de que sus privilegios pueden aumentar sin límite alguno, ni legal ni económico ni racional, indicó en declaraciones a los medios de prensa.
En los últimos años, el sector se fortaleció enormemente, pues de las 454 cooperativas mineras que había en 1990, pasaron a 778 en 2005, las cuales articulan decenas de miles de trabajadores.
En abril de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley General de Cooperativas 356 con el objetivo de regular la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento y protección del sistema cooperativo nacional.
Para mayo de 2016, al menos 5 mil 229 entidades se encontraban en un limbo jurídico y con el riesgo de cancelar su personalidad, tras fenecer el plazo de dos años para su respectiva adecuación.
Sólo 50 cooperativas -menos del uno por ciento- se encontraban en esa fecha homologadas ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, mientras que otras 600, equivalentes al 10 por ciento, habían oficializado su solicitud de adecuación ante la instancia.
En este panorama, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 149, que modifica la legislación anterior y reconoce el derecho de los sindicatos en las compañías de servicios.
Aunque la normativa no le afectaba, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) convocó a un primer bloqueo de caminos y enfrentamientos violentos con la policía entre el 10 y 12 de agosto en Mantecani, en la vía La Paz-Oruro.
Unos 5 mil 200 ciudadanos armados con explosivos, dinamitas, mechas expansivas y perdigones fueron desplegados en varias carreteras, provocaron afectaciones al tránsito interdepartamental y daños a la infraestructura.
También violentaron a más de un centenar de integrantes de las fuerzas del orden, algunos de gravedad, con politraumatismos como desfiguración del rostro, fracturas de cráneo, costillas, tabique y extremidades.
Por estas razones, 10 afiliados del sector fueron recluidos en el penal de San Pedro de La Paz. La Fiscalía determinó su detención preventiva por los delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas; atentados contra los bienes públicos y la vida de los policías; lesiones graves y leves; además de atentados contra la seguridad de servicios públicos.
De forma paralela y sin previo aviso al Gobierno, dirigentes del sector esgrimieron un pliego petitorio de 10 puntos, el primero de los cuales demanda la no existencia de sindicatos en las cooperativas mineras, porque “alteraría su espíritu y naturaleza”.
Exigieron además cero aranceles para la importación de maquinaria y equipos, subvención estatal en el consumo eléctrico, eliminar las obligaciones medioambientales y ampliar sus áreas de trabajo para poder suscribir contratos de asociación con empresas extrajeras.
De cumplirse con sus demandas, los entes dejarían de ser de “cooperación” y sin fines de lucro para camuflar empresas trasnacionales, mediante el otorgamiento de libertades y privilegios tributarios a compañías que explotarían la riqueza boliviana pagando jugosas rentas a los cooperativistas.
Ello, alertaron autoridades, solo es competencia del Estado, único ente según la Constitución que puede suscribir contratos de asociación con empresas privadas, nacionales o foráneas. Por lo cual, el pedido de los cooperativistas buscaba retornar a la época neoliberal, cuando las trasnacionales explotaban a su antojo las riquezas naturales del país.
El 19 de agosto, el presidente Evo Morales promulgó la reforma a la Ley 356. Durante su discurso desde Cochabamba, afirmó que los trabajadores tienen la necesidad de organizarse para defender sus derechos, porque no pueden volver “los tiempos de la colonia y al pasado cuando las organizaciones estaban condenadas al exterminio”.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, advirtió que “la sindicalización es un derecho adquirido y estipulado por la Constitución. La misión de estos gremios, dijo, es la defensa de los derechos laborales, sociales, económicos y políticos de los trabajadores.
El presidente de la Fencomin, Carlos Mamani, calificó la promulgación de la Ley 149 como una “declaración de guerra” y una “provocación abierta y pública” del gobierno hacia el sector, ante lo cual exhortó a efectuar nuevos bloqueos de carreteras.
Con el llamado al paro indefinido, la Fencomin elevó de 10 a 24 sus demandas entre las que sobresalen:
- Rechazo a la Ley General de Cooperativas Mineras: en especial al punto que permite la sindicalización. Los cooperativistas, convertidos en patrones capitalistas, no quieren sindicatos en el interior de sus empresas.
- Rechazo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia: esta Ley impide que empresas privadas (nacionales o trasnacionales) puedan invertir en las concesiones de los cooperativistas. El gobierno demostró que los cooperativistas tienen firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales.
- Flexibilización de las regulaciones ambientales: las cooperativas mineras se quejan de lo estricto de los trámites para obtener las licencias ambientales, aunque el 80 por ciento de ellas no cumplen lo dispuesto.
- Tendido de redes de energía con tarifas diferenciadas: los cooperativistas mineros demandan que el Estado instale tendido eléctrico en todos los lugares donde tienen concesiones, y que además su tarifa sea subvencionada.
- Reinversión de los recursos provenientes de las regalías mineras en el sector cooperativista: la demanda de reinversión de las regalías que pagan por las ventas de minerales, deja al descubierto la realidad de que los cooperativistas mineros solo pagan al Estado el 2.5 por ciento de las regalías, frente al 8.5 por ciento de las empresas privadas.
En este contexto, el 22 de agosto circuló una orden falsa de aprehensión de dirigentes mineros que inflamó la beligerancia de la dirigencia cooperativista mediante un llamado a intensificar los bloqueos de carreteras.
Estaban dadas las condiciones para un enfrentamiento violento entre el gobierno y el sector, el cual pudo derivar en un baño de sangre que, si bien se evitó, lamentablemente se saldó con trágicas consecuencias.
En la localidad de Panduro -185 kilómetros al sur de La Paz- devino el epicentro de cruentos enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros que usaron dinamita, artefactos explosivos de fabricación casera, revólveres y fusiles máuser.
La chispa que encendió la confrontación fue una orden de captura contra dirigentes del sector cuya falsedad fue denunciada el propio 22 de agosto por el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco. No obstante, las acciones se recrudecieron.
Decenas de policías y hasta un reportero resultaron heridos -algunos con lesiones graves-, mientras que cuatro civiles fallecieron por el impacto de bala.
Autoridades judiciales investigan dichas muertes, teniendo en cuenta que las fuerzas del orden tenían prohibido el uso de armamento letal; se presume que fueron víctimas de disparos dentro de las filas cooperativas.
Durante las pesquisas se determinó que dos de los occisos no pertenecían al área cooperativa minera. Según las autoridades, esto evidencia que eran jornaleros obligados a protestar y demostraría denuncias sobre el régimen de explotación al interior de esas formas productivas.
Como colofón de la crisis fue asesinado el 25 de agosto el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes Alvarado, de 54 años, tomado como rehén por hordas de mineros privados, mientras intentaba conciliar una negociación en Panduro.
Reportes médicos indican que la causa del fallecimiento fue un derrame cerebral y torácico, causado por los golpes recibidos.
Esta acción suscitó el repudio de la población boliviana y significó el tiro de gracia de las movilizaciones, al quedar sin sustento el supuesto carácter reivindicativo de las acciones.
Se preparaba un golpe
Durante una comparecencia televisiva, el ministro de gobierno, Carlos Romero, explicó que el verdadero trasfondo de la crisis fue el uso de cooperativas por parte de empresas trasnacionales para intentar privatizar y controlar los minerales de Bolivia.
La nación andina dispone de más de medio centenar de estos recursos, algunos de ellos de carácter estratégico como estaño, plata, cobre, tungsteno, antimonio, zinc, oro, piedras preciosas y litio.
Romero aseguró que el asesinato del viceministro se inscribía dentro de una movilización conspirativa y golpista dirigida a afectar a la institucionalidad del Estado y restituir el régimen de privatización de las riquezas naturales.
Estos hechos han requerido tiempo, preparación, logística, recursos económicos. Causaron enormes daños, la muerte de civiles y el asesinato de un funcionario. La autoridad del Estado ha sido desafiada, analizó.
Asimismo, mostró una parte del arsenal incautado, entre los que sobresalían artefactos caseros, latas, llantas y botellas plásticas cargadas con dinamita, a los cuales se les adicionó vidrios, piedras, metales y sustancias químicas.
Si vemos la cantidad de explosivos acumulados en Panduro podemos constatar que existía una estrategia de confrontación que buscaba cientos de bajas. Además, un movimiento reivindicativo no mata a una autoridad del Estado, no lo secuestra, flagela y asesina como ocurrió con viceministro Illanes, argumentó.
Eligieron un escenario estratégico de confrontación, un área montañosa entre La Paz y Oruro, en una de las carreteras más importantes del país. Era la forma de ganar visibilidad y presionar al gobierno.
Además, la serranía permitía a los movilizados ubicarse en zonas de altura, emplazar barricadas, así como sembrar una monumental cantidad de explosivos y sustancias dirigidas a multiplicar la letalidad y causar mayores bajas y graves daños a la integridad humana, complementó.
El titular de gobierno se refirió a la captura de uno de los dirigentes implicados en los hechos, quien portaba una mochila con 4 mil 200 dólares, 10 mil bolivianos -unos mil 440 dólares-, extractos bancarios y una fotocopia de un cheque por 15 mil dólares.
¿Quién ha financiado esto? ¿Quién montó durante meses estos explosivos? ¿Cómo se planificó militarmente el escenario de la masacre? ¿Quiénes provocaron la muerte de cuatro cooperativistas y la tortura y asesinato del viceministro Illanes?, preguntó.
Romero enfatizó que las movilizaciones impulsadas por la Fedecomin buscaban la privatización de áreas concedidas a cooperativas mineras, “algo que no encaja con la Constitución aprobada por el pueblo boliviano y que en su artículo 370 aclara que el único que puede suscribir contratos de asociación es el Estado”.
Cuando las reivindicaciones son usadas como pretextos y derivan en acciones extremadamente violentas, no puede hablarse de movilización legítima, sino de hechos conspirativos de connotación golpista, sentenció.
Justicia contra conspiración política
Dirigentes de movimientos sociales reclamaron justicia, detener de inmediato a los autores intelectuales y materiales de estos hechos y revertir las concesiones que el gobierno otorgó a las cooperativas mineras.
Por su parte, la Fiscalía General identificó a cinco presuntos autores materiales del asesinato del viceministro Illanes, de los cuales no precisó sus nombres.
Según el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, la identidad de los inculpados se estableció tras la revisión de imágenes televisivas de la confrontación y señaló que las pesquisas continúan en colaboración con autoridades nacionales y diversos actores presentes en los lugares de los hechos.
Guerrero recordó que nueve personas permanecen en prisión preventiva por el asesinato del vicetitular, entre ellos el presidente de la Fedecomin, Carlos Mamani.
El Fiscal General dijo que proseguirá el esclarecimiento de todas las muertes y se analizará la procedencia de un reciente video que muestra las últimas horas de vida de Illanes.
La grabación fue compartida en la cuenta de Facebook del periodista Carlos Valverde, exprocesado por delitos de narcotráfico y señalado por las autoridades de supuestos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ser agente encubierto de la embajada de Estados Unidos en La Paz.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno remarcó que la persona que filmó el video, al haber presenciado ese hecho de sangre sin hacer una denuncia, es cómplice (sino autor directo) de los vejámenes y muerte violenta que sufrió la mencionada autoridad.
Agregó que solicitará a la justicia que Valverde -quien difundió en febrero informaciones falsas relacionadas con un inexistente hijo de Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales para perjudicar la imagen del Gobierno-, sea citado a declarar para que informe quién y a través de qué medio le facilitó el mencionado registro audiovisual.
El presidente Evo Morales prometió ventilar en próximas semanas pruebas sobre el patrocinio de planes conspirativos, tanto internos como externos, dirigidos a desestabilizar y derrocar su gobierno.
Desde su asunción en 2006, el gobierno boliviano ha denunciado varias intentonas golpistas, la primera de las cuales tuvo lugar en 2008, impulsada por las prefecturas y comités cívicos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando).
El hecho se saldó con un referendo revocatorio donde Morales fue ratificado con más del 60 por ciento y la expulsión del embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusado de conspirar contra la democracia, apoyar a la oposición y alentar la división del país.
El analista Katu Arkonada desnudó la complicidad de gran parte de los medios de derecha los cuales, argumentó, instigaron el conflicto a partir de las órdenes de aprehensión falsas.
Incluso dando espacio y protagonismo a los dirigentes cooperativistas para desmentir al ministro de Gobierno que había declarado que las órdenes no eran reales, agregó.
Tras las noticias de las muertes, los periodistas de la derecha boliviana intentaron instalar la matriz de que lo sucedido era fruto de la intransigencia del gobierno y la falta de diálogo, a fin de colocar la responsabilidad de las muertes en ambos bandos enfrentados, subrayó.
Arkonada estima que, tras estos hechos, podría ocurrir un reajuste de las alianzas sociales que respaldan el Movimiento al Socialismo, donde los mineros cooperativistas, muy desprestigiados, perderán posicionamiento y legitimidad política.
El reacomodo también será a lo interno del sector, pues parece poco probable que la actual dirigencia cooperativista pueda seguir conduciendo el movimiento, con el añadido de que algunos de sus dirigentes podrían ser procesados como autores materiales o intelectuales del asesinato del viceministro Illanes, advirtió.
En cualquier caso, opina el experto, es necesario determinar el grado de la conspiración interna y externa denunciada por el jefe de Estado, pues esto será un elemento determinante en el aumento de la conflictividad social de aquí a 2019, año donde se juega la continuidad del proceso de cambios que encabeza Evo Morales.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
Contralínea 506 / del 19 al 24 de Septiembre 2016
