Autor:

Los mexicanos hemos gastado en los últimos 5 años alrededor de 34 millones y medio de pesos en las andanzas de nuestros muchachos del servicio de inteligencia civil que nos protegen desde 11 lugares del mundo fuera del territorio nacional.

zona-cero-504-a

A la cifra habría que agregar lo que los mexicanos también pagamos por el arrendamiento de las casas de seguridad que nuestros arrojados agentes ocupan en varios países y que asciende a más de 32 millones de pesos, como lo informamos ya en una entrega anterior (Contralínea 483). Por supuesto, faltaría considerar, además, los sueldos que devengan estos servidores públicos.

Gracias al documento que el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano me entregó la semana pasada, hoy sabemos que, entre 2011 y 2015, las “representaciones” en el extranjero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– erogaron un total de 34 millones 473 mil 534 pesos con 62 centavos “para cumplir con sus funciones”.

¿Cuáles son estas funciones? “Producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, a fin de preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho”, reza la “misión” a la que remite la institución cuando se le pregunta qué hacen sus agentes fuera del país. Es decir, los funcionarios del Cisen no están en el extranjero por motivos académicos, de capacitación o de cualquier otra índole: van con la clara misión de hacer las labores propias de “protección” de los intereses del Estado mexicano, a saber, principalmente, recopilación y análisis de información (¿sólo de fuentes abiertas o también realizan espionaje e infiltración?, ¿realizan o participan en operativos en aquellos países?). Por cierto, ¿alguien sabe cuáles son los “intereses” nacionales que supuestamente tenemos los mexicanos y que con tanto denuedo protegen nuestros agentes en México y el extranjero?

El oficio, firmado por la titular de la Unidad de Enlace del propio Cisen, Carla Alejandra Carrillo Hervert, desglosa los montos por año: 5 millones 624 mil 74.64 pesos para 2011; 6 millones 759 mil 178.37 pesos para 2012; en 2013 se alcanzó la cifra de 7 millones 435 mil 505.56 pesos; en 2014 se erogaron 7 millones 236 mil 719.62 pesos, y el año pasado se gastaron 7 millones 418 mil 55.43 pesos.

El documento también informa que el Cisen cuenta con 11 “oficinas” en el extranjero en las que laboran 11 de sus integrantes. Es decir, una persona por casa de seguridad.

La información fue entregada luego de un largo proceso de medio año que inició con la solicitud de información presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 29 de febrero pasado. A cuentagotas e incompleta, el Cisen se ha visto obligado a entregar la información luego de la intervención (vacilante, desde mi punto de vista) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Apenas recibió la solicitud de información, la reacción inmediata del Cisen fue cerrar todo acceso a los datos e, incluso, negar que contara con una parte de ellos.

De la solicitud (0410000005016) que ingresé por medio del entonces sistema Infomex, el Centro sólo respondió una pregunta. El objetivo de que los mexicanos mantengamos inmuebles y personal en el extranjero del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano es “preservar la seguridad nacional” como anotamos líneas arriba.

Pero negó informar de todo lo demás: número de oficinas en el extranjero; países en las que se encuentran; número de servidores públicos que laboran en ellas, y monto erogado por estas oficinas para cumplir sus funciones. De este último requerimiento dijo no contar con la información a tal nivel de detalle (“a ese nivel de desglose”, apuntó el Centro textualmente). De los demás, reservó la información por supuestos daños presentes, probables y específicos a la seguridad nacional y por posibles daños personales a los servidores públicos.

Lo peor es que sus negativas fueron apoyadas en supuestos de información que nunca solicité: “actividades operativas y logísticas encaminadas a la preservación de la seguridad interior de la Federación”, “organización interna”, “capacidad de reacción” y, entre varias otras, “métodos y procedimientos con los que cuenta el Centro para el desarrollo de tareas de inteligencia y contrainteligencia”.

La sobrerreacción del Cisen ante un mínimo ejercicio de rendición de cuentas es una muestra de la poca disponibilidad de la institución para transparentar sus actividades (sin menoscabo de sus labores de inteligencia). También es una muestra de la visión de la “seguridad nacional” que sigue permeando en una institución: la de la época de la Guerra Fría.

La intervención del Inai (mediante el recurso de revisión que interpuse y al que se le asignó el folio RDA 1898/16) permitió que se diera a conocer el número de oficinas del Cisen fuera del territorio nacional y el monto que nos cuesta su funcionamiento. Es información valiosa, pero insuficiente. Tal parece que los consejeros de la instancia responsable de garantizar la transparencia se sorprenden fácilmente cuando escuchan la frase mágica: “seguridad nacional”.

Luego de saber del secretismo con que se maneja la existencia de las “oficinas” de seguridad nacional mexicana en el extranjero, cabe preguntarse: ¿estamos enviando efectivos de seguridad nacional con la complacencia de los gobiernos de los países en que se encuentran o, acaso, ya mandamos agentes ultrasecretos que violan las leyes locales, como hace la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés)?

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 504 / del 05 al 10 de Septiembre 2016

contralinea-504-m

Comments

comments