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Dos hechos ocurridos en días recientes evidencian el grave encono del poder político hacia la prensa. Se trata de la campaña mediática a propósito del Cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de la desafortunada, pero reveladora, declaración de la secretaria de Estado Rosario Robles.

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En el primer caso, el propio mandatario mexicano es quien expresa –en cada uno de los 30 spots que hacen referencia a su informe, y que se transmiten por radio, televisión e internet–: “las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”.

La alusión al trabajo periodístico que no hace eco de la versión y la visión de la administración que encabeza resulta obvia. También lo es el hecho de que en el gobierno federal se extiende la idea de que la prensa y los periodistas debemos responder a los intereses del poder político, algo que resulta totalmente contrario al deber ser de esta profesión.

En el segundo caso, el pasado 25 de agosto Robles declaró que los periódicos sólo sirven para matar moscas y limpiar vidrios, justo cuando se reunía con el gobernador de Chihuahua, César Duarte, investigado por el propio gobierno federal por denuncias que lo implicarían en actos de corrupción. Aunque más tarde la secretaria ofreció disculpas, quedó clara su postura respecto del periodismo crítico.

El problema con estas frases –que parecen aisladas pero no lo son, pues forman parte del pensamiento de la clase política mexicana– es que reflejan algo más que la animadversión personal que ambos, el presidente de la República y la secretaria de Estado, puedan tener o tienen hacia la prensa.

Dichas frases son muestra de la irritación que se acrecienta en el ámbito político hacia la labor periodística que, lejos de reportar la versión que este sector quiere, retrata la cruda y terrible realidad de nuestro país. Una realidad que incluye miles de ejecutados y desaparecidos vinculados a la violencia del propio gobierno y del crimen organizado; crisis económica; pobreza generalizada, e incremento en la conflictividad social por los miles de despojos –de todo tipo– que acontecen en total impunidad a lo largo del país.

Ese resentimiento hacia los periodistas que se extiende entre quienes nos gobiernan –en los tres niveles y, para desgracia, en los tres Poderes de la Unión– trae como consecuencia que México se ubique entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

También está relacionada con la impunidad en torno a las agresiones contra quienes ejercemos esta profesión. Por ello, los asesinatos de periodistas no se resuelven ni se castigan, como tampoco sucede con el resto de los ataques que padece el gremio a diario.

Entre las consecuencias igualmente terribles se encuentra el hecho de que sean los propios servidores públicos quienes agredan en forma directa a los comunicadores y trabajadores de los medios, tal como lo ha denunciado el capítulo México de la organización Artículo 19.

Además, que se desprecie, se ningunee y se impida el ejercicio del periodismo libre e independiente. Es por ello que aún prevalece la idea gubernamental del “no pago para que me pegues”; es decir, el castigo a los medios críticos por la vía de la publicidad oficial.

Ejemplo de ello es el gasto ejercido por el gobierno federal en este rubro, que en 2015 ascendió a 6 mil 367 millones 917 mil 243 pesos. Los beneficiados de estos recursos públicos fueron el duopolio televisivo –que se agenció 34.9 por ciento de esa bolsa: 2 mil 226 millones 581 mil 641 pesos–, las cadenas radiofónicas –especialmente a Radio Fórmula– y algunos diarios, como El Universal, Excélsior, Milenio y La Razón.

En lo individual, el emporio mediático que más ganó fue Televisa, ligado al propio presidente Enrique Peña. De acuerdo con dos reportes elaborados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), este grupo obtuvo 21.49 por ciento de los 6.3 mil millones de pesos, pues facturó 1 mil 368 millones 775 mil 607 pesos en total, por difundir las “cosas buenas” del gobierno (Unión de periodistas, número 2, julio de 2015).

Ocultar la información, objetivo gubernamental

Quizá el origen del odio que tienen algunos políticos y representantes del gobierno hacia los periodistas tienen su origen en falsos conceptos respecto del ejercicio del poder, de la democracia misma y del propio papel que ejerce la prensa.

En primer lugar, olvidan que estar en una posición de poder no es para su beneficio personal, sino para beneficio del pueblo de México; en ese sentido, es su obligación presentar resultados favorables, de tal suerte que “las cosas buenas que casi no se cuentan” deberían ser la norma para los gobernantes, y no la excepción.

En segundo lugar, parece que desconocen que en un régimen democrático la fiscalización del pueblo es fundamental, y parte de ésta se realiza en la prensa. En último lugar, ignoran que la función del buen periodismo es revelar aquellas informaciones que son de interés para la sociedad y que actores en posición de poder pretenden mantener ocultas, por así convenirle a sus intereses.

Por ello, es urgente que nuestros gobernantes entiendan que los periodistas no somos y nunca seremos sus voceros. Esa función la cubren los servidores públicos adscritos a las áreas de comunicación social y relaciones públicas, así como aquellos corruptos del gremio que se venden al mejor postor; pero no el resto de la prensa.

También resulta fundamental que entiendan que el país sólo podrá estar mejor cuando lejos de manipular la realidad, ésta cambie para bien de las mayorías. Y que es obligación de la prensa revelar aquello que está mal para que se corrija. No se trata de algo personal, sino de algo profesional.

Nancy Flores, @nancy_contra

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 504 / del 05 al 10 de Septiembre 2016

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